El Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, entidad sujeta a investigaciones por el Ministerio Público y dirigida por la exdiputada del cancelado Partido Patriota, Alejandra Carrillo, ha designado a parte de su personal jurídico para que atiendan casos personales de la funcionaria pública, a quienes con fondos del Estado se les pagan salarios.
Se trata de los abogados José Alfredo Olazábal Mendizábal y Hugo Leonel Marroquín Carrera, ambos contratados por el Instituto de la Víctima para el área de “Asesoría Jurídica” bajo los renglones 022 y 029 respectivamente, según documentos de información pública del Instituto de la Víctima. A los dos trabajadores se les ha asignado tareas relacionadas a casos legales en los que está involucrada Alejandra Carrillo, directora general de la institución.
ASIGNACIÓN: CASO DE CORRUPCIÓN QUE INVESTIGA EL MP
De acuerdo con el directorio de empleados y las planillas de sueldos y salarios 022 y 011 del Instituto de la Víctima que se encuentran en Información Pública de su página web oficial, José Alfredo Olazábal Mendizábal ocupa el puesto de Asesor Jurídico I, por Q20,666.24 mensuales.
Fuentes que conocen de esta situación, que pidieron el anonimato por temor a represalias, indicaron a La Hora que en junio la directora general del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, le instruyó a Olazábal Mendizábal “procurar” copia del expediente de uno de los casos de corrupción por el que es investigada la institución y en el que la Directora era persona de interés.
“De conformidad con la literal I) de la Cláusula Tercera del Contrato Administrativo Individual de Trabajo Bajo el Renglón Cero Veintidós Número Ciento Veintidós guion Dos Mil Veintiuno, se le delega como función procurar la obtención de copia del expediente Fiscal identificado como -MP- cero cero uno guion dos mil veintiuno guion dieciocho mil setecientos cincuenta y dos (MP001-2021-18752) de la Fiscalía Contra la Corrupción, con la finalidad de solicitar copias y así colaborar y coadyuvar a la investigación”, dice la notificación que se le entregó al abogado.
“De lo anterior, deberá informar el resultado del diligenciamiento de la solicitud del relacionado expediente a esta Dirección General” agrega el oficio firmado por la directora general del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo.
De acuerdo con las fuentes, el expediente al que quería tener acceso Carrillo está relacionado a la investigación de una posible sobrevaloración de arrendamiento del edificio donde funciona el Instituto de la Víctima, en la zona 10 capitalina.
La Fiscalía contra la Corrupción investiga una posible sobrevaloración de arrendamiento y pago de “mordida” en torno al edificio donde se ubica la sede central de la entidad, en el que se presume que Carrillo se beneficiaría con parte del pago de alquiler.
TRASLADAN A FISCAL
El 10 de julio, la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta trasladó de unidad al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón quien tenía a su cargo investigaciones por posibles hechos de corrupción a lo interno del Instituto de la Víctima, una de estas relacionada a supuestas 109 plazas fantasmas.
Pantaleón pasó de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora del MP. Su cambio se hizo a dos semanas de que revelaran pesquisas en el Instituto de la Víctima, dirigido por Carrillo.
El MP justificó que el cambio de Pantaleón se hizo para resguardar su vida y minimizar el nivel de riesgo, pero no explicaron cuál era el peligro que corría al estar en dicha fiscalía. Sin embargo, La Hora conoció que esto obedecía a las investigaciones que se realizaban en el Instituto de la Víctima.
ASIGNACIÓN: DENUNCIA EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE LA HORA
Hugo Leonel Marroquín Carrera fue contratado por el Instituto de la Víctima por Q66,774.19, para el período agosto a diciembre 2021, consta en el Número de Publicación Guatecompras (NPG) E491752547 del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras.
El contrato de Marroquín Carrera indica que sus servicios profesionales son para la “Asesoría Jurídica” de la Dirección General del Instituto de la Víctima, cargo que ostenta Alejandra Carrillo. Su contratación fue “para el mejor desempeño de la prestación de los servicios”, agrega.
El abogado Marroquín Carrera fue designado como representante de Carrillo en una audiencia de solicitud de medidas de seguridad en contra de directivos de La Hora, celebrada en el Juzgado de Turno de Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual -MAIMI-, el 1 de septiembre 2021. Petición que fue declarada sin lugar por dicho juzgado.
La directora general del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, presentó una querella en contra del director general de La Hora, Oscar Clemente Marroquín y el director, Pedro Pablo Marroquín por publicaciones periodísticas relacionadas a su función pública, las cuales según la funcionaria pública, se le “atentan contra la dignidad, contra la moral y la honorabilidad”, por lo que, amparada con la Ley de Ley Contra el Feminicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, solicitó medidas de seguridad. A este caso se adhirió el Ministerio Público.
ANTECEDENTES DE ABOGADOS
La Agencia Guatemalteca de Noticias del Gobierno (AGN) publicó en abril 2018, la juramentación de José Alfredo Olazábal Mendizábal como viceministro de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.
“Luego de jurar en el cargo, el funcionario aseguró que la principal instrucción girada por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es continuar la lucha contra el flagelo de los narcóticos en el país”, se consignó en la publicación.
En noviembre 2020, La Fiscalía Especial contra la Impunidad planteó acusación en la vía del procedimiento abreviado en contra de Hugo Leonel Marroquín Carrera, quien reconoció los hechos por los que fue ligado a proceso al caso Fénix por los delitos de encubrimiento propio e incumplimiento de deberes.
Las investigaciones de la FECI y la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan, que, implicados en el Caso Fénix, como Gustavo Adolfo Herrera Castillo, crearon una estructura con el fin de lavar dinero sustraído de fondos de programas de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Sin embargo, en junio la Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló el proceso penal en contra de 52 acusados por el Caso Fénix, que estaba a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, de la jueza Erika Aifán; en esa ocasión la FECI anunció que buscarían revocar ese fallo.
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
El Instituto de la Víctima comenzó sus funciones en 2020, a pesar de que la ley para su creación se aprobó en 2016. Inició labores con Q10 millones de presupuesto, pero incrementó a Q50 millones, tras una ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso en el marco de la atención a la pandemia Covid-19.
Actualmente continúan con Q50 millones de presupuesto y se pretende que el próximo año les aprueben la misma cantidad.
