POR HEDY QUINO
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En medio de las órdenes de captura de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el caso Comisiones Paralelas 2020 y señalamientos de falta de transparencia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), han criticado las acciones de amparo constitucional en contra de los procesos de designación.
El sector empresarial ha emitido en sus redes sociales oficiales pronunciamientos sobre la elección de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026, en el que indicaron que el 14 de abril deberán asumir los nuevos magistrados, remarcando que la designación de la mayoría de los entes electores, no son impugnables.
“El uso indebido del amparo atenta contra el estado de Derecho y la institucionalidad del país. Arriesga la institucionalidad y el sistema de justicia. Nada debe evitar el cumplimiento de plazo del 14 de abril, para la elección de la nueva magistratura de la CC. Porque el respeto al estado de Derecho y la certeza jurídica son esenciales en la promoción para el desarrollo”, se lee la comunicación del CIG.
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En tanto, parte de una publicación en Twitter de CACIF, dice: “LosPlazosImportan Alternancia de mandato con capacidad, idoneidad y honradez. #PerfilesIdóneos. Este 14 de abril la nueva magistratura debe asumir”.
CAPTURAS POR CASO COMISIONES PARALELAS 2020
Ayer, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) develó nueva información sobre la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, en el que se señala al exsecretario privado presidencial, Gustavo Alejos de manipular la elección de magistrados a Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
Por esta investigación se giraron órdenes de captura en contra algunos de los integrantes de las Comisiones de Postulación por elegir a candidatos por intereses negociados, según explicó la FECI.
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Entre los capturados resaltan el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Olimpo Paiz Recinos, quien se encuentra en un centro asistencial bajo la vigilancia de agentes de la Policía Nacional Civil; además, su captura se hizo en medio del proceso de elección de la CC, que dirigía.
Además, fue capturado el expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Fernando Ruiz Ramírez, quien se postuló a magistrado de la CC por el CANG.
Asimismo, se giró orden de captura en contra del exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, también candidato a magistrado de la CC, quien pasó ayer a segunda vuelta en la elección del CANG, pese a que es buscado por la justicia guatemalteca.
En este contexto, se buscó comunicación con las entidades empresariales, tanto CACIF y CIG que han emitido pronunciamientos sobre el uso de los amparos, para plantearlas si ahora que Gálvez podría participar y ganar una magistratura a la CC ¿se cumple con la ley? ¿Es idóneo?, tomando en cuenta la orden de captura en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020. De pasar eso, ¿se podría recurrir a los amparos?
CACIF: TRES PROCESOS SON INIMPUGNABLES
Al respecto, el presidente del CACIF, Nils Leporowski, indicó: “Como sector privado hemos manifestado que no debe violarse la Constitución y empujarse a un rompimiento constitucional con llamados a incumplir el plazo improrrogable, mediante el cual el 14 de abril debe de haber una nueva Corte de Constitucionalidad”.
“También hemos manifestado que hay personas que abusan del amparo, algunos de ellos por intereses ideológicos o particulares y se dedican a obstaculizar distintos procesos incluyendo lo de elección de magistrados a Cortes de Apelaciones, a Corte Suprema de Justicia y ahora recientemente tienen el ánimo de obstaculizar procesos a la Corte de Constitucionalidad. Estás actitudes lejos de fortalecer el Estado de Derechos alimentan escenarios de incertidumbre y de manipulación de procesos”, agregó.
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“Por último, con la elección de magistrados hay tres procesos que son impugnables (inimpugnables) por mandato constitucional, los procesos del Ejecutivo, Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente se pueden impugnar los del Colegio de Abogados y los del Consejo Superior Universitario, en ambos existen ya impugnaciones, así como órdenes de capturas de candidatos, en el caso del Colegio y de integrantes de Consejo en el caso de la USAC”, afirmó Leporowski.
“Todas estas acciones deben ventilarse conforme el debido proceso y permitir que tanto la elección del CANG como la designación del CSU se den dentro de los plazos constitucionales y permitan que quienes opten a la máxima magistratura sean idóneos. En caso de no serlo, la Ley de Amparo establece mecanismos para que no puedan asumir o para separarlos del cargo”, enfatizó.
CIG: SOMOS RESPETUOSOS DE LA LEY
En tanto, el director ejecutivo del CIG, Javier Zepeda, declaró: “Desde Cámara de Industria vemos con preocupación el abuso que se está haciendo del amparo para atrasar el proceso de la elección de la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad que deben tomar posesión el 14 de abril. Somos respetuosos de la ley y de los debidos procesos”.
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“Llama la atención que el mismo día que se llevaron a cabo las elecciones en el CANG se realizaron las capturas, pero insisto en que somos respetuosos de la ley. Habrá que seguir el debido proceso a los capturados y los que tienen orden de captura, siempre con estricto cumplimiento de la ley y respetando la presunción de inocencia. Eso sí, si alguno de los sindicados es encontrado culpable tendrá que apegarse al cumplimiento de la ley”, concluyó Zepeda.
