POR HEDY QUINO
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El grupo de Acción Parlamentaria emitió un comunicado de prensa en el que piden al Sistema de Justicia y al Congreso a que en la posible liberación de presos debido a la emergencia sanitaria COVID-19, no se favorezca a implicados en casos de corrupción ni a los que cometieron delitos de lesa humanidad.
La organización civil detalla en su comunicado que el Congreso de la República, Organismos Judicial y Ministerio Público discuten ampliar criterios y regulaciones que faciliten la aplicación de medidas alternas a la prisión preventiva y liberación de internos. Estudiándose emitir una ley específica, modificar artículos del Código Procesal Penal o solicitar a los jueces acelerar la tramitación de medidas de excarcelación.
En ese sentido, la entidad civil detalla que, paliar el hacinamiento en cárceles no debe significar la liberación de exfuncionarios corruptos, violadores de derechos humanos y criminales altamente peligrosos.
“Que si bien, defensores de derechos humanos, han manifestado que es importante, limitar la prisión preventiva y aliviar el hacinamiento en las cárceles del país, particularmente, con ocasión de la grave crisis de salud que atraviesa el país, producto del COVID-19; esto no debe ser utilizado para reforzar mecanismos de impunidad en el país”, dice la comunicación.
“En tal sentido, cualquier beneficio de excarcelación no debe incluir a detenidos y sujetos a persecución penal por casos vinculados a hechos de corrupción, militares o civiles, procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos y a adultos mayores de 60 años, cuando estos hayan sido sentenciados por cometer delitos graves y violaciones a los derechos humanos”, afirma la organización en su comunicado.
Por último, el Grupo de Acción Parlamentaria hace un llamado a los funcionarios del Sistema de Justicia y a los diputados al Congreso de la República, a no prestarse a otorgar un indulto solapado a aquellos que se enriquecieron ilícitamente defraudando al erario nacional y aquellos militares y civiles, responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
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DE LA ORGANIZACIÓN
El Grupo de Acción Parlamentaria aglutina a entidades civiles, estudiantiles y sobre todo aquellas que son del sector campesino, para enfocarse en temas relacionados al Congreso de la República, según lo explicó Helmer Velásquez, secretario ejecutivo de organización.
Algunas de las entidades adscritas al Grupo de Acción Parlamentaria son la Organización Religiosa Centinelas, la Mesa Intersectorial de Quiché, el Comité de Unidad Campesina y el Instituto de Enseñanza para Desarrollo Sostenible (IEPADES).
