POR HEDY QUINO
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El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Juan Carlos Salanic García, quiere imposibilitar el delito de lavado de dinero, a través de una iniciativa de ley que busca reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la cual establece que antes de sentenciar al sindicado por esta falta debe ser sentenciado por otro delito relacionado al primero.
El artículo 1 de esa iniciativa establece: “El delito de lavado de dinero u otros activos no es autónomo y para su enjuiciamiento se requiere sentencia condenatoria relativa al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos”.
“La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos, requerido en los delitos de lavado de dinero, se podrá hacer por cualquier medio probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal”, añade el referido artículo.
EXTINCIÓN DE DOMINIO HASTA SENTENCIA CONDENATORIA
La propuesta del diputado de la UNE también contempla que la extinción de bienes y otros activos podrá realizarse hasta que el sindicado sea vencido en juicio.
“Solo serán aplicables cuando en sentencia firme y condenatoria el juzgado o tribunal respectivo así lo declare, mediante pruebas fehacientes de la procedencia de la acción de extinción de dominio proveniente de una sentencia firme dentro de un proceso penal principal”, dice la iniciativa.
DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO
La propuesta de Salanic García reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para que se considere a los grupos delictivos organizados u organizaciones criminales a aquellos grupos estructurados por tres o más personas, que exista permanentemente y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos.
Además, el artículo 5 establece que se considera lavado de dinero a los activos que provienen del narcotráfico y del terrorismo. Asimismo, ese artículo indica: “No podrá tipificarse como asociación ilícita, cuando las personas estén en vínculos de dependencia o relación dentro de una empresa o institución legal”.
La principal líder de la UNE, Sandra Torres, enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva por un caso de financiamiento electoral ilícito, que posiblemente se cometió en la campaña electoral de 2015.
