La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) se suma al llamado de urgencia para la aprobación de Ley contra el Lavado de dinero para asegurar la credibilidad financiera de Guatemala, entre otros beneficios y evitar riesgos internacionales.
La ATAL se pronunció por la iniciativa 6593, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, la cual se encuentra en discusión en el Congreso de la República y pide su pronta aprobación.
Si bien la actual legislación relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ha permitido a Guatemala «mantener niveles razonables de cumplimiento respecto de los estándares internacionales aplicables», la ATAL estima importante acoplarse a la actualización de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Es por ello que se hace necesaria la modernización de legislación en la materia. La Alianza recuerda que desde hace más de cinco años se han presentado distintas iniciativas orientadas a actualizar este marco normativo, sin que el tema recibiera la prioridad requerida.
«Ante la evaluación internacional que realizará GAFILAT/GAFI a Guatemala en 2027, resulta indispensable que el país cuente no solo con una ley aprobada, sino también con tiempo suficiente para su reglamentación, implementación y aplicación efectiva», resaltó la ATAL, integrada por la Fundación 2020, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).
La iniciativa 6593, según expone la Alianza, «representa una mejora respecto del marco legal vigente y estima positivo que el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía haya introducido ajustes relevantes para fortalecer la certeza jurídica, delimitar adecuadamente el alcance de ciertas obligaciones y mejorar la proporcionalidad de algunos mecanismos previstos en la iniciativa original».
A su criterio, la ATAL estima que varias de las enmiendas recientemente consensuadas en el seno de la Comisión «contribuyen a afinar el texto y pueden fortalecer su consistencia técnica, siempre que se mantengan estrictamente alineadas con las mejores prácticas internacionales».
Por ello, reconoce que el proceso de discusión, revisión y consenso de enmiendas es legítimo, necesario y conveniente en una legislación de esta relevancia.
No obstante, resalta que es «fundamental que las modificaciones que se incorporen respondan a criterios técnicos, sean compatibles con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y no debiliten el objetivo central de mantener a Guatemala en cumplimiento con dichos estándares».
La ATAL hace hincapié en que «el proceso debe concluir prontamente, evitando retrasos innecesarios o propuestas de última hora que, por falta de sustento técnico, puedan entorpecer el avance de una reforma estratégica para el país».
El modernizar la legislación en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo «contribuirá a preservar el buen funcionamiento y la credibilidad del sistema financiero nacional, fortalecer la confianza internacional en Guatemala y reducir riesgos que podrían afectar negativamente la relación del país con los mercados», asegura la ATAL.
Contar con una «legislación moderna, técnicamente sólida, proporcional y aplicable para enfrentar eficazmente el lavado de dinero, preservando al mismo tiempo la certeza jurídica y el adecuado funcionamiento de la economía formal», destacó.
LARGO CAMINO PARA LA INICIATIVA 6593
La iniciativa 6593, «Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo» fue presentada por el Ejecutivo el 28 de julio de 2025.
El 2 de septiembre del mismo año fue la presentación en el pleno y hasta el 24 de febrero de 2026, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Legislativo dio su dictamen favorable, con modificaciones.
Los tres debates plenarios ya fueron concluidos, el último fue el 14 de abril. Queda pendiente la aprobación por artículos y la redacción final, pero se deberá esperar el receso parlamentario para que los diputados reanuden la sesiones en el pleno.
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Cada día, más entidades se suman a las expresiones de presión para que el Congreso de la República apruebe la ley antilavado.
Hoy, se pronunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occcidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y también lo ha hecho el CACIF, entre otras entidades nacionales e internacionales.
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