La Fundación Libertad y Desarrollo presentó recientemente una propuesta para mejorar el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, por medio de 17 recomendaciones con las que consideran se puede lograr una reforma profunda en lugar de añadir “nuevos parches a lo que se tiene en la actualidad”.
El estudio llevó varios meses de elaboración y tiene como objetivo contribuir a la discusión sobre cómo construir un sistema de contrataciones competitivo, coherente, transparente, ágil y flexible.
“La ley actual ha tenido múltiples reformas parciales a lo largo de las décadas, lo que ha creado un sistema poco coherente, con vacíos y altamente rígido para la compra de cierto tipo de insumos o para atender emergencias públicas”, indica el reporte de la Fundación.
En lugar de buscar salidas radicales, debemos aspirar a construir democracias liberales, que propicien sociedades funcionales. pic.twitter.com/Ho7EJVND8X
— Fundación Libertad y Desarrollo (@FundacionLD) October 24, 2022
La organización agregó que actualmente se está discutiendo una iniciativa de ley que reemplazaría a la actual Ley de Contrataciones, Decreto No. 57-92 y que esto ha generado cuestionamientos, así como críticas de diversos tanques de pensamiento y organizaciones de sociedad civil por la poca discusión pública que se ha tenido de esta.
El estudio aborda que, en primer lugar, se hace un diagnóstico del actual marco normativo, señalando las principales debilidades y aspectos a mejorar.
LAS 17 RECOMENDACIONES
El estudio de la Fundación contiene las siguientes recomendaciones para mejorar el Sistema Nacional de Compras Públicas en Guatemala:
1. Establecer nuevas modalidades de contratación en función al objeto y naturaleza de la compra. Eliminar el uso de modalidades en función a montos o importes de contratación.
2. Establecer el principio de competencia como el criterio más importante para la aplicación de los procesos de contrataciones.
3. Implementar el uso de estándares internacionales y protocolos de medición en la definición de los atributos de calidad de los productos, bienes, servicios y obras a contratar y metodologías para su aplicación.
4. En el marco legal se debe establecer el método de evaluación a partir de criterios de valor por dinero y no solamente en función al precio.
5. Formalizar en el marco legal la obligatoriedad de contar con certificado de disponibilidad presupuestaria desde la publicación de los concursos para asegurar las disponibilidades presupuestarias.
6. Desarrollar normativamente la obligación de uso, diseño y aplicación de documentos estándar, para toda la Administración Pública, que debe incluir por lo menos: pliegos estándar de contratación para bienes, servicios y obras; formatos estándar de bases o especificaciones técnicas; plantillas para elaborar propuestas para proveedores de bienes, obras y servicios; plantillas para evaluaciones que incorporen el criterio de valor por dinero; contratos tipo o condiciones generales de los contratos y modelos estándar de contrato para distintas categorías de bienes, obras y servicios.
7. Desarrollo e implementación normativa de instrumentos técnicos que promuevan la eficacia y economía de las adquisiciones. Los más relevantes son metodologías para investigaciones de mercado y análisis de necesidades; metodologías para determinar la demanda; metodologías aplicar técnicas de valor por dinero en la evaluación de las ofertas; metodologías para evaluar ofertas; manuales de procesos de adquisición que contemplen el uso adecuado de las modalidades; entre otros. Esto requerirá la participación de expertos para diseñar los instrumentos adecuados para el país. Asegurar la legalidad de la implementación de los instrumentos técnicos es clave para facilitar su asimilación.
8. Incorporar en el marco legal y normativo el uso de incentivos por buen desempeño del proveedor y sanciones a la entidad contratante por incumplimiento de pago oportuno.
9. Elaborar estrategia de desarrollo del sistema Guatecompras hacia un sistema que cumpla con las siguientes características: a. Totalmente transaccional (e-procurement). b. Acceso fácil y ágil a toda la información de los procesos. c. Que incluya la información de todo el proceso de adquisición, desde la planificación, elaboración de bases, publicación, evaluación, selección, contratación, gestión contractual y cierre. d. Interoperabilidad o integración con los demás sistemas de gestión financiera pública, especialmente con SIGES y SICOIN, de forma que se actualice en tiempo real con las gestiones de avance de la ejecución, modificaciones contractuales, facturación, pago y liquidación de contratos. e. La interoperabilidad también se debe dar a nivel de procesamiento de los documentos estándar en formato electrónico para generar automáticamente los eventos financieros asociados como devengos y asientos contables. Esto ayudaría también a mejorar el pago oportuno de los contratos. f. Información en formato de datos abiertos.
10. Crear la función de comprador público que incluya competencias, especialidades y carrera profesional.
11. Implementar programas de acreditación y certificación de compradores públicos, basado en estándares internacionales para fortalecer las competencias técnicas del personal de adquisiciones.
12. Crear e implementar auditorías y sistemas de control especializado en el desempeño de las adquisiciones. Diseñar procesos de auditorías internas con enfoque específico en adquisiciones, bajo criterios estándar con resultados vinculantes a los procesos de adquisición y plazos definidos para su asimilación.
13. Además, fortalecer la evaluación de las adquisiciones con auditorías externas de desempeño de los procesos de adquisiciones y vinculación de resultados.
14. Diseñar un sistema de apelaciones e impugnaciones a los procesos de adquisición en el que intervenga un órgano independiente de apelaciones, con resoluciones vinculantes a los procesos.
15. Fortalecer a la DGAE con la dotación de personal y recursos necesarios consistentes con sus responsabilidades, especialidades y con la apremiante necesidad de desarrollar metodologías, documentos y capacidades institucionales que eleven la calidad de los procesos de contratación.
16. Fortalecer la capacidad técnica de la DGAE para mejorar el SNCP a partir de la implementación de análisis y gestión de riesgos en las contrataciones en toda la administración pública.
17. Crear un sistema de indicadores de desempeño de los procesos de adquisición y el cumplimiento de las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias en los procedimientos de contratación. Este sistema debería contribuir a la toma de decisiones estratégicas de desarrollo del SNCP.
COMPRA DIRECTA, UNA MODALIDAD OPUESTA A PROCESOS COMPETITIVOS IDEALES
Una de las principales conclusiones que remarca el estudio es que “la mayor parte de las adquisiciones del Estado se realizan por compra directa”, una modalidad que señalan como totalmente opuesta a los procesos competitivos ideales, en donde participan varios proveedores y se adjudica al que ofrece el mejor precio y la mejor calidad.
“Ante esta cifra demoledora, solo se puede concluir que la actual ley pierde totalmente su propósito”, explica.
Como parte de este informe, la Fundación destaca que, en los gobiernos de todo el mundo las adquisiciones públicas son una herramienta estratégica de la gestión pública para asegurar el buen uso del dinero de los contribuyentes y garantizar una efectiva provisión de servicios a la ciudadanía.
“Las cifras recientes señalan que a nivel global se realiza un gasto aproximado de USD9.5 billones en contratos públicos cada año, y en promedio representan entre 7% y 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país. Guatemala no es la excepción. En el año 2021, las compras públicas ascendieron a Q30 mil millones, que representa un 5% del PIB”, apunta la Fundación.
REMARCAN RETOS
No obstante, lamentan que ese gasto “no se ha reflejado en mejoras en la calidad de los beneficios que recibe la población”.
Por otro lado, hacen énfasis en que “las denuncias constantes de corrupción, opacidad, ineficiencia e inefectividad son algunos de los problemas más conocidos asociados con la ejecución del gasto público en Guatemala”.
El 5 de noviembre de 2021 se develó el caso “Insivumeh”. Aquí lo que ha sucedido con dos diputados que estarían vinculados #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/jK1MFfcAaa
— Diario La Hora (@lahoragt) November 6, 2022
Sin embargo, señalan que en los años recientes se ha generado suficiente evidencia sobre la seriedad y complejidad del problema y que “algunos de los principales retos incluyen ambigüedades en la normativa, debilidades en las capacidades de gestión institucional, prácticas anticompetitivas, falta de transparencia, poca integridad y rendición de cuentas”.
DOCUMENTO OFRECE UNA VISTA A LOS SISTEMAS DE OTROS PAÍSES
En la segunda parte del estudio, la Fundación examinó los sistemas de adquisiciones de varios países de América Latina.
Además, explica que los casos de Chile y Uruguay son interesantes, porque tienen las instituciones más sólidas y transparentes de la región.
“En el caso de Colombia, México y Perú, a pesar de sus debilidades, presentan aspectos que pueden servir de insumos para el caso guatemalteco”, apunta el documento.
Por último, la Fundación presenta el caso de Noruega, sobre el que añade que “si bien puede parecer distante y totalmente ajeno a la realidad guatemalteca, nos permite aproximarnos al sistema de adquisiciones de unos de los países más transparentes y mejor gobernados del mundo”.
