Ciudadanos y sociedad civil así lo denominaron, ahora analistas hablan de su resurgimiento. FOTO LA HORA

Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

El guatemalteco Luis Von Ahn recordó ayer lo frustrante que puede resultar que un Pacto de Corruptos llegue tan lejos, haciendo referencia a los acontecimientos ocurridos en días recientes en Guatemala, entre la desobediencia e intento de levantar la inmunidad a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el trámite a la solicitud de retiro de antejuicio contra la jueza Erika Aifán, y los constantes ataques al fiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI.

A esa opinión se une la de analistas entrevistados por La Hora, quienes coinciden en mencionar que el Pacto de Corruptos está vigente en el país, como resultado del golpe a la lucha contra la corrupción generado en el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Asimismo, mencionan los intereses de quienes están detrás de los ataques a los operadores de justicia para procurarse impunidad.

El 13 de septiembre de 2017, surgió el término del Pacto de Corruptos y aunque han pasado casi tres años de ese acontecimiento, los hechos de los últimos días, el ataque en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, jueces independientes y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, a decir de ciudadanos en redes sociales lo mantiene vigente.

Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas, explicó que ese término se refiere precisamente a grupos políticos, que no suelen coincidir en todo, pero se ponen de acuerdo en buscar impunidad y que tienen como fin debilitar procesos que buscan luchar contra la corrupción y eso sigue ocurriendo.

“Creo que al final los casos son el tema toral de todos estos nombramientos de cortes… el control de la Suprema y la Corte de Constitucionalidad el próximo año, el ataque a la juez Aifán, ataques a Juan Francisco Sandoval, creo que es parte de una estrategia de grupos que tienen en común la búsqueda de impunidad”, refirió.

El 13 de septiembre de 2017, diputados aprobaron cambios al Código Penal para excarcelar a sindicados en varios delitos, ese momento, fue denominado por la sociedad civil como Pacto de Corruptos.

Montenegro mencionó que aunque algunos actores cambiaron desde el Congreso, no obstante, otros grupos como la bancada del oficialismo llegaron con una agenda regresiva.

“Una parte de la estrategia de debilitar la lucha contra la corrupción fue atacar a la ciudadanía o sea cortar los diferentes apoyos de la CICIG, campañas de redes sociales y tratar de darle un tinte ideológico al tema de la justicia, es tratar de ir cortando todos los apoyos… ahora hay cabildeo en Washington en contra de la Corte de Constitucionalidad por parte de sectores empresariales”, mencionó.

SE APROVECHAN DE LA PANDEMIA PARA CAMBIAR LA AGENDA A SU FAVOR

Por otro lado, Jorge Wong, recuerda que lo que ocurre ahora es que las acciones que realizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quedaron inconclusas por el gobierno anterior y ahí que el Pacto de Corruptos volvió a sumergirse en la coyuntura de país.

“Ahora vuelve a resurgir otra vez el tema, con esta cuestión del Congreso contra la CC y también en alguna forma el silencio del Ejecutivo que no da mayores atisbos o siquiera una pronunciación al respecto, entonces, obviamente ya la personas saben quienes conforman al pacto de corruptos y están saliendo a la luz nuevos nombres”, mencionó.

Este grupo, a decir del entrevistado sigue estando en Guatemala y ahora se aprovecha de la pandemia de la COVID-19 para meter su agenda y cambiarla a su favor, “el caso de Felipe Alejos es uno de los pilares de la estructura para poder abrir la puerta y lograr la absolución de ciertos cometidos”.

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“Ahora que lograron el cometido de cerrar la CICIG… ahora están sondeando… el fiscal Sandoval es una amenaza para esta gente, pero ver con quienes cuentan y cuál es la capacidad que tienen en las Cortes y en el Congreso, es una correlación de fuerzas para ver qué tan factible es hacer cambios actualmente”, dijo.

Wong mencionó que una manifestación de la ciudadanía en estos momentos resultaría complicada, como ejemplo, cita lo que ocurrió en Estados Unidos con el aumento de casos tras las protestas.

La Hora intentó obtener una opinión de Pablo Hurtado secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (ASIES), respecto del tema, sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

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