Por Grecia Ortíz
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A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), de membresía voluntaria, manifestó su preocupación por el uso que el Congreso en Guatemala está haciendo de los procesos penales en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para resolver una disputa entre dos ramas del gobierno.
En ese sentido, señalan que la disputa se refiere a una decisión de la CC que ordena al Congreso revisar las denuncias de corrupción en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
“La ABA pide al Congreso de Guatemala que cumpla con la orden de la Corte Constitucional de investigar las denuncias de corrupción en el proceso de selección de la Corte Suprema y prescindir de los intentos de resolver disputas sobre la jurisdicción de cualquier corte mediante procedimientos penales”, expresaron.
El Colegio explica que la postura surgió en respuesta a la decisión de un abogado particular que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se levantara el derecho de antejuicio a cuatro magistrados de la CC, Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela y Bonerge Mejía argumentando que habían excedido su autoridad.
En ese orden, señalan que la Corte Suprema de Justicia accedió a la solicitud del ciudadano luego de un proceso apresurado que supuestamente se vio empañado por irregularidades significativas y que el Tribunal Constitucional emitió un fallo provisional, según el cual la decisión de la Corte Suprema vulneraba derechos individuales.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la decisión de la Corte Suprema entraba en conflicto con la obligación de Guatemala de respetar la independencia judicial, y considera que » está prohibido por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria o, en este caso, de antejuicio, actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen las y los operadores de justicia en una resolución, en ejercicio de su función jurisdiccional», destacaron.
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La ABA dice que como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Guatemala a través de su Congreso, debe defender la independencia del poder judicial, entre otras acciones, protegiendo al personal judicial de las amenazas, incluidas las acusaciones criminales espurias del propio Congreso.
Asimismo, enfatizan en que, de acuerdo con la Constitución, la responsabilidad de determinar la jurisdicción de la CC para ordenar al Congreso que emprenda la revisión de acusaciones de corrupción recae exclusivamente en esa Corte.
“Por lo tanto, la controversia actual pone en peligro no solo la autoridad de los jueces individuales, sino también la independencia del propio poder judicial. (Las acusaciones de que los magistrados deberían haberse abstenido de considerar la de otorgar el amparo provisional, están equivocadas porque no había alternativas disponibles y bajo la doctrina de la necesidad requería una determinación al respecto por parte de la Corte Constitucional”, mencionaron.
