Guatemala participó en el Examen Periódico Universal (EPU) este miércoles 25 de enero. Foto La Hora/MP

Guatemala participó en el Examen Periódico Universal (EPU) este miércoles 25 de enero, en el cual se presentaron los avances del país en materia de derechos humanos. Todos los países miembros de Naciones Unidas pasan por esta revisión y reciben sugerencias de las demás naciones. De esa cuenta, Estados Unidos manifestó su preocupación por las amenazas a la independencia judicial en el territorio nacional.

El representante estadounidense reconoció la labor del país en contra de la trata de personas, pero destacó la preocupación que generan las amenazas a la independencia judicial en Guatemala a causa de la corrupción, la selección de candidatos, la persecución de los fiscales que investigan casos de alto impacto y la impunidad ante ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Se recomendó reforzar el poder judicial con el nombramiento de profesionales cualificados e imparciales, y el cese de las represalias contra representantes de la justicia y funcionarios públicos que defienden los derechos humanos y luchan en contra de la corrupción.

 

Además, que se lleven ante la justicia todos los casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas.

Como último punto, se recomendó velar porque el Procurador de los Derechos Humanos y el fiscal especial contra crímenes de periodistas y sindicalistas tengan “el mandato y la independencia necesaria para defender la libertad de prensa y los derechos laborales”.

El EPU se realiza en una sesión diplomática, el país en cuestión presenta su informe de avances y los representantes del Estado lo detallan, al mismo tiempo los demás miembros emiten recomendaciones sobre el panorama de derechos humanos que la nación debe tomar en cuenta.

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COMITIVA

La delegación guatemalteca destacó las acciones tomadas en materia de derechos humanos durante el gobierno del presidente, Alejandro Giammattei. Se resaltó la implementación de acuerdos aprobados durante y después de la pandemia.

Asimismo, los tres modelos de atención a víctimas, la gran cruzada por la desnutrición, programas de apoyo económico para micro y medianas empresas, así como para pequeños agricultores.

La comitiva estaba conformada por representantes de los tres poderes del Estado e instituciones autónomas, entre estos el ministro de Finanzas, Edwin Martínez; el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés; el diputado, Boris España, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda; el relator contra la tortura, Lesther Castellanos; y otros funcionarios.

RECOMENDACIONES DE OTRAS NACIONES

Otros representantes emitieron sus recomendaciones. La mayoría se refirió a la independencia judicial, impunidad, derechos de las niñas y mujeres, y políticas de género.

España recomendó implementar medidas para garantizar el derecho al respeto de la independencia judicial y de persecución penal, medidas efectivas para la protección de defensores de derechos humanos y que se investiguen los abusos cometidos en contra de ellos.

También el representante español sugirió la investigación de los delitos cometidos hacia mujeres y un “marco normativo inclusivo para las personas LGBTI”, y el seguimiento institucional a los delitos cometidos en su contra.

 

La representante de Canadá dijo que como nación les preocupan acciones que socavan los procesos contra la libertad de medios de comunicación.

Dentro de las recomendaciones enumeró optar por medidas que garanticen la no injerencia en la elección de jueces y magistrados, así como en la independencia judicial, y lucha contra la impunidad.

Además, solicitó que se restaure la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, que se refuercen las medidas contra la violencia hacia la mujer y la Ley contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer, y que los procesos se desarrollen de una manera justa.

De la misma manera, el representante de Suecia puntualizó una evolución negativa en el Estado de derecho, en cuanto al goce de los derechos de las niñas y mujeres.

Encomendó acciones para fortalecer la libertad de expresión y de prensa, que se apoye la independencia judicial y se garantice el acceso a la salud sexual y reproductiva; además, del acceso a educación sexual para la disminución de embarazos adolescentes.

 

Fátima Najarro
Graduada de la Universidad Rafael Landívar en Ciencias de la Comunicación. Fanática de la natación. Sin periodismo no hay democracia.
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