El presidente Alejandro Giammattei en uno de los informes de la Comisión contra la Corrupción que le ha entregado Óscar Dávila. Foto la Hora/Presidencia

Después que La Hora publicara una información con el recuento de las alertas recibidas y denuncias planteadas por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) en lo que va del 2022, analistas consultados expresaron una serie de dudas respecto a la efectividad de dicha entidad, así como un posible conflicto de interés debido a que fue creada por el presidente Alejandro Giammattei, a cuyo gobierno debería monitorear.

Además, la entidad ha sido utilizada por el mandatario para destacar que su gobierno lucha contra la corrupción, en espacios a nivel nacional e internacional.

En los primeros cinco meses de este año, la CPCC ha presentado solo tres denuncias de 95 alertas enviadas por guatemaltecos sobre posibles actos de corrupción, mientras que 66 están en investigación. Dos de las denuncias fueron al Ministerio Público y

Después que La Hora publicara una información con el recuento de las alertas recibidas y denuncias planteadas por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) en lo que va del 2022, analistas consultados expresaron una serie de dudas respecto a la efectividad de dicha entidad, así como un posible conflicto de interés debido a que fue creada por el presidente Alejandro Giammattei, a cuyo gobierno debería monitorear.

En los primeros cinco meses de este año, la CPCC ha presentado solo tres denuncias de 95 alertas enviadas por guatemaltecos sobre posibles actos de corrupción, mientras que 66 están en investigación. Dos de las denuncias fueron al Ministerio Público y una a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La publicación de este medio también dio a conocer que en los primeros cuatro meses del año, la Comisión ha tenido una erogación de Q2.418,994.66 en salarios. Mayo aún no ha sido registrado hasta este lunes.

LAVARREDA DEL CIEN SEÑALA CONFLICTO DE INTERÉS

El investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Jorge Lavarreda comentó sobre el diseño institucional y un conflicto de interés al ser una Comisión creada por el Organismo Ejecutivo para investigar a ese mismo poder del Estado.

 

Por ello, consideró que hay poca confianza de la ciudadanía para denunciar y se dificulta el avance de los casos que involucran a personas que podrían ser incluso mandos dentro del propio Ejecutivo.

Resaltó que no es una institución “que pueda ser la clave” para un tema tan complejo que requiere independencia, ya que analizan casos de corrupción, por lo que lo ideal es que sea independiente.

 

“Para eso lo más cercano que tenemos en este momento es la Contraloría General de Cuentas, que esa es su función, la de análisis de uso de recursos públicos”, afirmó.

Recordó que cuando funcionó la CICIG eran casos que no había identificado la Contraloría por su cuenta.

Por lo que considera necesario mejorar la institucionalidad de pesos y contrapesos en los organismos del Estado “para que avancen en ese tema tan complejo que es el combate a la corrupción”.

Jorge Lavarreda del CIEN explicó la independencia que debería tener la comisión. Foto La Hora
MARROQUÍN DE AC: “FACHADA” DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, afirmó que la Comisión Presidencial contra la Corrupción nació bajo un modelo obsoleto el cual quedó “desechado”, desde los años 2000 y hay estudios que documentan el “fracaso” de ese formato.

En su criterio, la Comisión sirve para tener una “fachada” de lucha contra la corrupción. “Ya todos sabíamos que era inútil gastar recursos en algo que es completamente inútil, pero lamentablemente todavía tenemos gobiernos que pretenden engañar a la población con este tipo de comisiones”, aseveró.

 

Sobre el uso de una Comisión Presidencial para combatir la corrupción, recordó que esto inició en los años 90, pero que con el tiempo se evidenció que no son independientes.

“Obviamente no iban a investigar a quien los nombró, al presidente y su entorno”, además no tenían competencia para hacer investigaciones penales como el Ministerio Público ni el personal idóneo para esas tareas, expuso Marroquín.

“Desde ningún punto de vista esas comisiones fueron eficientes en ningún país del mundo”, agregó que “30 años después venimos a tratar de que una cosa así funcione, sabiendo que no tienen ninguno de los elementos necesarios para combatir la corrupción”.

Manfredo Marroquín mencionó que en el pasado han surgido iniciativas similares. Foto La Hora
WONG: NO ES FUNCIONAL EN LO ABSOLUTO

Jorge Wong, politólogo independiente con estudios en Relaciones Internacionales, destacó que las cifras publicadas por La Hora son “contundentemente” bajas en cuanto a denuncias presentadas.

Por ello, consideró que la Comisión “no es funcional en lo absoluto”, y sólo representa un gasto “innecesario” del dinero de los contribuyentes.

Asimismo, recordó que tanto la sociedad civil guatemalteca como la comunidad internacional continúan “deseosos de ver un aumento sustancial en el número de denuncias presentadas y en sentencias firmes por casos de corrupción en el país”.

Además, agregó que con los resultados de la Comisión “da la impresión de que se está yendo en dirección contraria”.

ESCOBAR DE ASIES: SE DEBEN CONSIDERAR OTROS ASPECTOS

Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), opinó que se debe tomar en cuenta que han elaborado protocolos y manuales, por lo que no se puede juzgar a una Comisión por una parte del trabajo efectuado a la fecha.

Sobre la efectividad, comentó que se puede medir desde lo preventivo y lo reactivo, por lo que en el caso de la Comisión no se tiene línea de base u otra institución similar con quien se pueda comparar y por ello es “difícil”, determinar la efectividad basada en datos de denuncias y alertas.

“Medir la efectividad de esta Comisión no es posible, sin conocer las actividades preventivas que han realizado, ya que tiene dos funciones: prevenir y buscar que se sancionen actos de corrupción”, sostuvo.

Lorena Escobar de ASIES consideró que no puede evaluarse el trabajo de la Comisión únicamente considerando las denuncias que presentaron. Foto La Hora

Agregó que este tipo de Comisiones tienen otra intención como dar la imagen de que el país lucha contra la corrupción o el gobierno, pero considero que deberían ser evaluadas, analizando las sanciones que han emitido o las acciones que han tenido los países vecinos y los cooperantes en esos temas “sobre todo las calificadoras de riesgo”.

Sobre la imagen política agregó: “Hay que tomar en consideración cómo nos ven los países amigos, cómo nos perciben y cómo nos percibe la ciudadanía según los estudios de cultura democrática. Ahí sí no ha sido efectiva la comisión”, afirmó.

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