El exdiputado Juan Alcázar Solís estaría vinculado a los casos de Financiamiento Ilícito UNE y Plazas Fantasmas. Foto La Hora

La juez Claudette Domínguez denegó la solicitud del exdiputado Juan Alcázar Solís, quien junto al también exlegislador Julio César López Villatoro, ligados al caso Plazas Fantasma y Financiamiento Ilícito UNE, se presentaron este martes al Juzgado de Mayor Riesgo «A», para modificar sus medidas para no asistir al Ministerio Público (MP) dos veces al mes al registro de la huella dactilar.

El abogado de Alcázar indicó que su representado, además de acudir al MP debe presentar una constancia médica, por lo que solicitó el cambio de medida debido a que la psiquiatra Lourdes Corado certificó un cuadro clínico de depresión y ansiedad, derivado del proceso al que se encuentra sujeto.

Agregó que otros procesados ya cuentan con esas medidas que consisten en no presentarse al registro de la huella al MP.

Alcázar respaldó la solicitud al asegurar que al enterarse del caso se encontraba en EE. UU., pero decidió regresar al país para enfrentar el proceso, ya que no le interesaba fugarse.

En su resolución, la jueza Domínguez denegó la solicitud del exlegislador de no firmar dos veces al mes y redujo la medida a una sola vez.

JUAN ALCÁZAR SOLÍS

El exintegrante del Partido Patriota (PP), Juan David Alfredo Alcázar Solís se presentó el 23 de marzo del 2017 a la Sala de Audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, luego de que las autoridades no lograran efectuar la orden de captura en su contra.

Cinco días después fue ligado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

LÓPEZ VILLATORO

El exdiputado López Villatoro era requerido por los casos Financiamiento Ilícito UNE y Plazas Fantasma Congreso, las cuales datan de marzo de 2017 y febrero de 2019, respectivamente, estuvo prófugo de la ley desde que se enteró del primer caso y fue capturado el 14 de mayo del 2021 cuando se presentó a la Torre de Tribunales.

Según las investigaciones, López Villatoro integró la Junta Directiva 2015-2016 del Congreso de la República, mientras fue presidida por Luis Rabbé, a quien le solicitó contratar a 14 personas adicionales de las tres permitidas por la ley, con salarios entre Q5 mil y Q15 mil.

Este grupo de personas cobraban su salario, pero no asistían a sus labores porque residían en Huehuetenango. Tanto López Villatoro como Rabbé enfrentan la justicia por el caso Plazas Fantasma.

En cuanto al caso Financiamiento Ilícito UNE, la FECI reveló que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), supuestamente financió su campaña electoral de 2015 con fondos provenientes de actividades criminales y aportaciones anónimas, con un total de Q19,531,753, lo cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral como lo indica la ley.

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