La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó su solidaridad con el gremio mexicano y condenaron el asesinato del periodista Roberto Toledo. Foto La Hora

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó su solidaridad con el gremio mexicano y condenaron el asesinato del periodista Roberto Toledo, en el estado de Michoacán. Durante el primer mes del año en ese país se registraron cuatro muertes violentas de comunicadores.

El 31 de enero, Roberto Toledo, colaborador de un portal de noticias local, se convirtió en el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año, después de ser baleado, informó la agencia AP.

VÍCTIMAS ANTERIORES

Durante el mes de enero también fueron asesinados José Luis Gamboa, en Veracruz; Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California.

 

Esta última contaba con medidas de seguridad federales del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el cual está siendo cuestionado por varias organizaciones, por su efectividad para salvaguardar a los comunicadores.

CIFRAS ALARMANTES

La APG recordó que desde el año 2000 han sido asesinados 149 comunicadores, por posibles causas vinculadas con su labor periodística e México y durante el año pasado siete.

 

Por lo anterior, solicitan que el Estado mexicano también investigue a profundidad si en estos recientes crímenes están involucrados estructuras del crimen organizado o sectores políticos, particularmente en el asesinato de Lourdes Maldonado, quien denunció que temía por su vida debido a un conflicto laboral con un político local.

EN OTRO PAÍSES

Otros países de Latinoamérica continúan acosando e intentando censurar a la prensa. Perú recientemente condenó a un periodista por la publicación de un libro que hacía referencia a un conocido político, y en El Salvador surgieron denuncias sobre la vigilancia masiva a periodistas de distintos medios.

La APG también aclara que Guatemala no ha sido ajena a la problemática, debido a que tanto funcionarios de este gobierno, así como alcaldes y otras entidades han emprendido diversas acciones para restringir, acosar y criminalizar a los periodistas, al punto de que en los últimos dos años se alcanzaron cifras récord de ataques contra la prensa.

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