El Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, inició una serie de acciones en contra de los exfuncionarios a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob) que presuntamente habrían estado involucrados en la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II, mientras las acusaciones por posibles irregularidades durante el gobierno de Alejandro Giammattei continúan sin avances significativos.
El ente investigador dio a conocer acciones en contra de funcionarios de la cartera de Gobernación cinco días después de que se diera a conocer la fuga de los 20 reos del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes.
El 17 de octubre, durante una conferencia de prensa en la que la Fiscal General y el secretario general del MP aprovecharon para señalar al gobierno de Bernardo Arévalo, el ente investigador dio a conocer que requirió la orden de aprehensión de los exfuncionarios siguientes:
Claudia Palencia, exviceministra de Antinarcóticos
Luis Astolfo Godínez, extitular de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP)
Víctor Arnoldo Alveño Barco, subdirector del grupo “B” de la cárcel de Fraijanes II
Eladio Antonio Ramos Ramírez, alcaide del grupo “B” de la cárcel de Fraijanes II
Marylin Solange Castillo, encargada del Despacho de la Fiscalía de Delitos Administrativos, señaló que hubo colaboración de funcionarios del Sistema Penitenciario, ya que durante las diligencias se evidenció que no hubo violencia en los círculos de seguridad y accesos al centro carcelario.
De igual forma, la fiscal señaló que aún quedan pendientes personas que gozan del derecho de antejuicio, por lo cual destacó que buscaban establecer si Francisco Jiménez, continuaba en funciones “o no”.
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SIN AVANCES EN CASOS DE GOBIERNO DE GIAMMATTEI
En contraste, el MP continúa sin avances y acciones significativas en los casos que apunta al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja sentimental Miguel Martinez, como lo ha demostrado Diario La Hora por medio del contador en el que se describen las investigaciones en donde el ente investigador ha ratificado su protección oficiosa al exmandatario.
La Hora ha publicado una serie de investigaciones en las que se incluye la publicación por las irregularidades en las adjudicaciones a empresas vinculadas a Miguel Martínez, que aumentaron sus contratos con el Estado durante la administración de Giammattei, como es el caso de Asfaltos y Petróleos, S.A. (Aspetro) la cual llegó a recibir Q2 mil 561 millones.
Otra de las empresas que fue favorecida durante el gobierno de Giammattei, es la farmacéutica La Botica, S.A. vinculada a Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo de Martínez, la cual pasó de recibir contratos por Q16.7 millones en 2019, a tener contratos por Q540.1 millones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero principalmente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
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De la misma manera, La Hora ha puesto en evidencia las anomalías en la construcción del Aeropuerto de Escuintla, las adjudicaciones en el IGSS que han encendido alarmas, la compra de las Vacunas Sputnik, entre otros casos, pero hasta el momento los casos continúan sin avances.
Asimismo, el “Tablero de los Expedientes de la Corrupción”, de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) destaca que de las 358 denuncias presentadas por el gobierno de Arévalo, únicamente se ha registrado una orden de aprehensión, se ha registrado una condena, una persona ligada a proceso, y un sindicado ha sido llevado a audiencia de primera declaraciones, mientras que se han desestimado 63 acusaciones y otras 18 han sido archivadas.
SIN RESPUESTAS DE MP
La Hora se comunicó con el Departamento de Información y Prensa del MP para conocer la razón por la cual el caso por la fuga de los reos se dio con mayor celeridad a comparación con los casos que se mencionan en esta nota de señalamientos en contra del gobierno pasado, sin embargo, no respondieron a los mensajes.
FUGAS
El pasado 12 de octubre, el entonces jefe del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, dio a conocer que 20 reos del Barrio 18 evadieron la justicia de la cárcel de Fraijanes II, lo cual se sumó a la crisis penitenciaria por intentos de fuga en la cárcel de Puerto Barrios, amotinamientos en distintos centros preventivos, así como los beneficios brindados a los reos.
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Derivado de ello, el viceministro de Gobernación, José Portillo, interpuso una serie de denuncias señalando actos de corrupción, como cobros ilegales en el Departamento de Tránsito, tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas, irregularidades en las compras dentro de la PNC, talachas en la DGSP, así como incumplimiento en los procedimientos en el reclutamiento de comisarios generales, quienes eran nombrados por la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia.
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De esta cuenta, el presidente Arévalo anunció la renuncia de Portillo, Palencia y Jiménez, así como medidas para la recuperación del Sistema Penitenciario, como la construcción de una cárcel, un censo para los reos, así como el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias de Estados Unidos.
El 17 de octubre, el gobierno de Arévalo también anunció como titular de la cartera del interior a Marco Antonio Villeda Sandoval, mientras el MP realizó un allanamiento en el Palacio de Gobernación y el Sistema Penitenciario, en donde buscaba ejecutar las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del Ministerio.
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