La Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia confirmó la noche de este jueves 5 de diciembre, que el mandatario Bernardo Arévalo sancionó la reforma al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con la que el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
De esta cuenta, los cambios al artículo 82 de la Ley Contra el Crimen Organizado que expresan que los partidos políticos no podrán ser suspendidos bajo dicha normativa entrará en vigencia.
La normativa expresaba que “se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal, las inscripciones de personas jurídicas, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente, cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los establecidos en la presente Ley”.
La Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el mandatario Bernardo Arévalo sancionó la reforma al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, normativa aplicada por el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana para suspender la personalidad jurídica… pic.twitter.com/xiSOKeeOFI
— Diario La Hora (@lahoragt) December 6, 2024
Por ellos, los congresistas añadieron una nuevo párrafo que sostiene que la legislación no es aplicable a “personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica, o bien, a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y/o cancelación, se encuentran únicamente sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.
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CONGRESO RECHAZÓ OBJECIONES
En sesión extraordinaria este 5 de diciembre, el Congreso de la República rechazó las objeciones a las reformas a la normativa aplicada por Orellana, por lo cual dejaron en las manos de Arévalo la sanción del Decreto Legislativo 36-2025.
APLAZAN A TSE
Mientras el Congreso sesionaba, el Juez Orellana celebró audiencia unilateral con el Ministerio Público (MP), en la que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, pidió que se solicitara un informe al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el cumplimiento de la orden de cancelación definitiva de Semilla.
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A su vez, el ente investigador requirió información a los magistrados del TSE sobre si la resolución de cancelación de la agrupación política sería publicada en el Diario de Centroamericana.
De esta cuenta, Orellana decidió apercibir a los togados. “De no cumplir EN PLAZO DE 2 HORAS con lo ordenado en el párrafo anterior, se certificará lo conducente en contra de la persona que resulte responsable, por lo cual dentro del plazo de 12 horas deberá informar a esta judicatura sobre el fiel cumplimiento de la presente orden judicial”, remarcó.
EL CASO
En una larga sesión, el pasado 26 de noviembre el Congreso aprobó las reformas a la normativa con la que previo a que el TSE convocara a segunda vuelta por la Presidencia, en la que participó el ahora Presidente Arévalo, el Juez Orellana decidió suspender al Movimiento Semilla a solicitud de la FECI.
Un día luego, el Congreso recibió una misiva del Juez Orellana, en la que el juzgador notificó sobre la suspensión de la agrupación política, y el 4 de diciembre, la , la agente fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, amenazó a los magistrados del TSE para que cumplieran con la resolución.
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“Cualquier acción que limite, restrinja o impida el cumplimiento de una orden judicial podría constituir un acto punible y será objeto de persecución penal. Es importante recordar que se debe garantizar el respeto al Estado de derecho y la efectividad de las decisiones judiciales”, señaló la agente fiscal.
También, agregó que “cualquier acto que se produzca que vaya encaminado a proteger indebidamente a posibles sindicados, se procederá de conformidad con el artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada”.
Además, señaló que no es “competencia del Tribunal Supremo Electoral la revisión, modificación, revocación o adición de resoluciones judiciales dictadas por órgano jurisdiccional en materia penal, por lo que solicito que el actuar del Pleno de Magistrados sea apegado a Derecho y tome en cuenta la responsabilidad en que podría incurrir de no hacerlo de esta manera”.
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