La Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, envió una misiva al Gobierno de Guatemala en la que señala preocupaciones sobre el proceso en contra de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González.
De esta cuenta, la Relatora pidió a la administración de Alejandro Giammattei proporcionar información sobre las condiciones actuales de detención y la situación de la profesional del derecho, así como las medidas para garantizar su seguridad e integridad personal, salud y su derecho a comunicarse con su defensa y familia.
Debido a que también podría estar recluida con personas que investigó como trabajadora de CICIG, Satterthwaite solicitó que proporcione información respecto a las medidas preventivas para proteger a González de posible violencia o represalias durante su detención, la cual no debe significar aislamiento o privaciones.
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“Sírvase proporcionar información sobre la base de hecho y de derecho por la cual la señora González ha sido acusada de delitos relacionados con investigaciones que habían realizado en el marco de sus funciones”, agrega la carta.
En esta línea, también requiere que se dé a conocer sobre la razón por la cual la audiencia de primera declaración fue programada nueve días después de su detención, las medidas para garantizar un juicio justo, evitar que se produzcan actos de intimidación o represalias, incluyendo cuando sea necesario, la adopción y aplicación de leyes y políticas para proteger eficazmente a quienes han cooperado con la ONU.
INDEPENDENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS
Asimismo, la Relatora pidió que el Gobierno guatemalteco indique las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, en seguimiento de los principios de independencia judicial, y las medidas para asegurar la protección de fiscales.
Según el documento, Satterthwaite solicitó que esta información sea enviada en un plazo de 60 días, para que se haga pública, al mismo tiempo que instó a la administración de Giammattei a adoptar medidas para proteger los derechos y libertades de González, así como investigar y procesar a quienes resulten responsables de las actuaciones contra la abogada.
LA DETENCIÓN DE GONZÁLEZ
La funcionaria internacional explicó que la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) detuvo a González derivado de una acusación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, por un caso que investigaba González durante su trabajo en la CICIG, además, el Juez Jimi Bremer también autorizó la captura contra dos exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Según detalló, la Fiscalía señala a González por abuso de autoridad, pese a que el Código Penal guatemalteco sostiene que ese delito se aplica solo a los funcionarios o empleados públicos, y quienes formaron parte de CICIG “no eran funcionarios públicos”.
Al mismo tiempo, sostiene que Bremer no inició la audiencia de primera de declaración ya que el ente investigador se ausentó, por lo que la lectura de declaración se dió nueve días después, a la vez que la magistrada Stalling solicitó constituirse como querellante adhesiva.
A su vez, la Relatora expuso que González está en un “régimen de aislamiento” en la cárcel ubicada en el Cuartel Mariscal Zavala, ya que está restringida a una hora solar, la primera noche durmió sin colchón, y recibió una celda con insectos, paredes y techo en mal estado, incluso con agujeros, presencia de roedores y falta de agua corriente en la ducha.
También, se han visto afectados operadores de justicia que la letrada representa, por ejemplo dos exauxiliares fiscales, así como la exjefa de la FECI con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra.
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VERTIERON AMENAZAS CONTRA GONZÁLEZ
De la misma manera, Satterthwaite sostiene que González ha recibido amenazas, campañas de difamación en redes sociales, que alcanzan la violencia de género, ya que es insultada por su aspecto físico, así como intimidaciones.
En esta línea, manifestó que se han documentado al menos 4 denuncias e investigaciones penales en contra de González desde 2020, en represalia por su trabajo como abogada.
“Sin pretender prejuzgar la veracidad de estas alegaciones, quisiera expresar mi preocupación ante la información que denota ataques, enjuiciamiento, acusación criminal, y persecución de una trabajadora de la CICIG y abogada, basados únicamente en el legítimo desempeño de sus labores”, apuntó.
De esta cuenta, señaló que no existe una investigación, ni pronunciamiento público de las autoridades condenando los ataques. “Me preocupa que estas amenazas e intimidaciones parecen haber ocurrido como resultado del ejercicio legítimo de las funciones profesionales de la señora González como abogada y defensora de derechos humanos”, añadió.
Entre otros temas, la Relatora señaló que de confirmarse las acusaciones contravendrían los derechos de toda persona a la vida e integridad física, al mismo tiempo que destacó que le preocupa el proceso judicial como represalia en su contra por el trabajo que realizó en CICIG.
