El Ministerio Público (MP) reveló un nuevo caso en el cual acusa al diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez de la posible comisión del delito de actividades contra la seguridad interior de la nación, ya que sostiene que una publicación en su cuenta de X, anteriormente Twitter, puede generar la desestabilización del Estado democrático de derecho y grupos pueden aprovecharlo para atentar contra el régimen jurídico y democrático.
CONTEXTO: MP presenta antejuicio contra Samuel Pérez por tuit publicado
Sin embargo, analistas concuerdan en que el congresista del partido Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, no cometió un delito al emitir opinión en sus redes sociales y que la investigación coarta la libertad de expresión.
EL CASO
Este viernes 27 de octubre, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas presentó la solicitud de retiro de inmunidad por la posible comisión del delito de actividades contra la seguridad interior de la nación, ya que acusa a Pérez de retuitear un comunicado de la Corte de Constitucionalidad (CC) con la frase “Declaratoria de Guerra. La CC manda al Ejército a las calles”, que luego fue eliminado.
En dicho comunicado, la alta Corte ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a la Policía Nacional Civil (PNC) habilitar el ingreso de personal del MP al edificio central del ente investigador y capturar a los implicados en la comisión de delitos flagrantes con el apoyo del Ejército de ser necesario.
📢#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/xDKQqzIXgU— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 27, 2023
De esta cuenta, el MP afirma que el mensaje puede generar desestabilización al Estado Democrático de Derecho y presumen que puede prestarse para que grupos de personas aprovechen la coyuntura nacional y puedan atentar contra el régimen jurídico y democrático del país.
La Hora se comunicó con el ente investigador para que la Fiscalía ahondara en más detalles sobre cómo Pérez fomentó actividades que atentan contra la seguridad interior de la nación, pero afirmó que el comunicado compartido lo explica ampliamente, y que al levantarle la inmunidad al congresista se permitirá investigar y esclarecer los hechos.
Respecto al tema, el parlamentario sostuvo que le daba risa que lo persiguieran por un tuit que luego borró, ya que el ente investigador cerró el caso de corrupción de la “Alfombra Mágica”, así como el del Instituto de la Víctima, y sacó al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi de la cárcel.
ORTIZ: CÓDIGO PENAL EXIGE MÁS QUE UNA OPINIÓN
El abogado Edgar Ortiz aseguró que considera que no existe la comisión del delito de actividades contra la seguridad interior de la nación. “En primer lugar, porque yo creo que hay que distinguir lo que es una opinión”, mencionó.
Según el profesional del derecho, por más que se esté en contra de una opinión, no es un delito emitirla, salvo en casos muy específicos y muy extremos, por lo que la publicación que el MP está tomando como referencia no constituye la comisión de un delito.
“Lo segundo es, a mí no me preocupa el diputado, me preocupa lo que significa esto para la libertad de expresión, tomar esto como una acción delictiva, le manda un mensaje a la sociedad, a los guatemaltecos, muy peligrosa, es decir tiene un efecto de censura sobre el resto de la población”, aseguró.
A criterio del experto, el caso contra el congresista envía un mensaje de intimidación a quienes se expresan en redes sociales.
A su vez, explicó que el artículo 390 del Código Penal, si bien es un poco ambigüo, queda claro que el delito exige más que una opinión, ya que habla de propagar o fomentar doctrinas que tienden a destruir la organización política y social.
“De modo que esos requisitos deben tener un estándar mucho más alto que una simple opinión, en mi concepto”, concretó.
LINARES: MP BUSCA PONER MORDAZA
De la misma forma, el analista independiente, Luis Linares, expuso que se trata de una acción intimidatoria que busca coartar la libertad de expresión. “Porque cualquier crítica que se haga, por ejemplo que se diga que un funcionario judicial está en complicidad con el narcotráfico o cualquier cosa que se diga, podría ser objeto de persecución, entonces es un peligroso precedente”, aseguró.
A su vez, el experto resaltó que el ente investigador realiza acciones intimidatorias, como el citar como sindicado a un miembro de la Junta Receptora de Votos (JRV) de San Juan Tecuaco.
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De esta cuenta, aseguró que el MP busca poner una “mordaza” a los ciudadanos, al igual que lo hacen en Nicaragua, en donde las personas que se expresan contra del Gobierno son acusados de atentar contra la soberanía y la seguridad nacional. “Hay un paralelismo tremendo”, recalcó.
Al mismo tiempo, subrayó que son acciones que no tienen justificación. “Alguien puede agarrarse de la ley de cualquier manera, porque las leyes también son objeto de diferentes interpretaciones, pero es evidente que se trata de acciones del MP que atentan contra la libertad de expresión”, concretó.
CUX RECUERDA QUE DIPUTADOS NO SON RESPONSABLES DE SUS OPINIONES
Sobre el tema, el analista de Acción Ciudadana, Edie Cux, expuso que el MP realiza un mal uso del derecho penal al criminalizar lo que se publica en redes sociales. “Ya lo ha intentado con algunos ciudadanos que se dedican a publicar sus opiniones en las redes sociales, que para eso han sido creadas”, destacó.
En el caso contra el legislador, expuso que resulta incongruente, ya que los diputados tienen como preeminencias constitucionales, que no son responsables de sus opiniones como congresistas.
Por ello, a criterio de Cux no hay asidero para intentar retirarle la inmunidad parlamentaria a Pérez. “Y aparte demuestra la intención política de la Fiscal General de criminalizar al partido y criminalizar a los líderes del partido con cualquier cosa, en este caso diría que entraría dentro de la libertad de expresión y sobre este derecho de no responsabilidad que tiene en las cosas que dice el diputado”, finalizó.
FERNÁNDEZ: GRAVE RIESGO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El abogado y catedrático universitario Guillermo Fernández publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que aunque considera a Samuel Pérez como un radical de Semilla que genera confrontación y división, «lo que hace el Ministerio Público es inadecuado, toda vez que la palabra ‘guerra’, evidentemente, no se usó en su acepción bélica», explica, y añade una serie de acepciones de la palabra, subrayando los sinónimos pugna; lucha, combate, aunque sea moral; y oposición de una cosa con otra.
«Como liberal veo con preocupación que cualquier opinión puede ser tergiversada para hacerla encajar en un tipo penal, desvirtuándose así la razón de ser de las propias figuras delictivas y convirtiendo la justicia en un trágico sainete. ¿Dónde queda la prudencia? Jurisprudencia», dice Fernández en su cuenta.
«Tengamos mucho cuidado con este tipo de precedentes, porque ponen en riesgo muy grave la libertad de expresión de todos los guatemaltecos», concluye.
