El embajador de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Josué A. Fiallo, cuestionó el señalamiento de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a que se debe de determinar si durante las manifestaciones se han dado, incluso, delitos de lesa humanidad que podrían provocar “el exterminio de civiles”.
El diplomático dominicano enfatizó que los crímenes de lesa humanidad, según el Derecho Internacional, implica actos graves y sistemáticos contra una población civil, por lo que comparar dicho señalamiento con la disidencia pacífica es, en el mejor de los casos, una distorsión flagrante de la justicia.
Interrumpir el tránsito, ocupar espacios, como forma de protesta puede causar inconveniencias, pero no se asemeja, ni remotamente, a los actos de violencia y opresión que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad. Es crucial mantener la perspectiva y la proporcionalidad. 🛑
— Josué A. Fiallo (@JosueFiallo) October 19, 2023
A criterio de Faillo, la protesta pacífica es un pilar de las democracias robustas, ya que son voz del descontento, la expresión de la disidencia y un vehículo hacia el cambio social, por lo cual recalcó que criminalizar esto es un ataque directo a los valores democráticos que nos unen.
En esta línea, destacó que interrumpir el tránsito u ocupar espacios como forma de protesta puede causar inconvenientes, pero no se asemeja, ni remotamente, a los actos de violencia y opresión que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad. “Es crucial mantener la perspectiva y la proporcionalidad”, agregó.
“El intento de algunos de enmarcar la disidencia pacífica como crímenes graves revela un entendimiento alarmantemente torcido de la justicia. ¿Qué sigue? ¿Acusar a los ciudadanos de traición por desaprobar una política gubernamental?”, cuestionó.
DICE QUE SEÑALAMIENTO DESVIRTÚA LA GRAVEDAD REAL DE LOS CRÍMENES
Asimismo, el embajador de República Dominicana ante la OEA expuso que la opinión que intente equiparar las protestas pacíficas con crímenes de lesa humanidad no solo desvirtúa la gravedad real de los crímenes, sino que amenaza los cimientos de la democracia, por lo que llamó a la reflexión y a la defensa de los derechos fundamentales.
“Como sociedad, debemos repudiar cualquier intento de criminalizar la disidencia pacífica y mantenernos firmes en la defensa de nuestras libertades. La justicia debe ser justa, proporcional y reflejar los valores democráticos que apreciamos”, concretó.
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CC HABLA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El pasado 18 de octubre, la alta Corte decidió ordenar al Ministerio de Gobernación (Mingob) desalojar la manifestación frente a la sede central del Ministerio Público (MP) que se encuentra desde el pasado 2 de octubre en rechazo a las acciones del ente investigador en contra del proceso electoral.
Sin embargo, la resolución llama la atención, ya que se trata de un amparo de marzo pasado, y señala la violación de varios derechos, además, afirma que se debe de determinar si las acciones “vándalicas y violentas” realizadas durante manifestaciones no pacíficas han producido incluso “delitos de lesa humanidad” que podrían provocar el “exterminio de civiles”, de acuerdo con el Estatuto de Roma de Corte Penal Internacional.
Según la máxima Corte, estos actos podrían haber ocurrido durante la toma de la presa El Tesoro, en Xayá-Pixcayá, Chimaltenango puesto que afirma que hubo una “destrucción de las instalaciones y reservas de agua potable”.
“Son actos proscritos por normas nacionales y por Tratados Internacionales, que prohíben atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”, aseveró.
