Palacio Nacional de la Cultura. Foto La Hora / AGN

A una semana de las manifestaciones en rechazo de las acciones del Ministerio Público (MP), este lunes 9 de octubre, se instaló la Comisión Mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el gobierno de Alejandro Giammattei y los representantes de las protestas.

Será en este espacio en que representantes den a conocer sus solicitudes, entre las que se encuentran la petición de renuncia de la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.

 

Como parte de la Comisión se tiene confirmada la participación del delegado de la OEA, Luis Rosadilla, exministro de Defensa de Uruguay y la secretaria de acceso a derechos y equidad de la entidad continental, Maricarmen Plata.

La sesión se da a ocho días de manifestaciones y luego que la administración de Alejandro Giammattei por medio del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), Mario Búcaro solicitara el pasado 6 de octubre la presencia de la OEA en la reunión en una misiva enviada al secretario general del ente internacional, Luis Almagro.

LA CRISIS

Este lunes 9 de octubre se cumplen ocho días continuos de manifestaciones y bloqueos que iniciaron tras la convocatoria de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes a su vez mantienen un plantón frente a la sede central del MP en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.

A las movilizaciones se han sumado organizaciones campesinas, indígenas, sociedad civil, así como la comunidad de distintas universidades del país, quienes solicitan la renuncia de la Fiscal General, Curruchiche y el juez Orellana.

 

Lo anterior, debido a que el 29 y 30 de septiembre pasado, la FECI realizó un allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde decidió secuestrar las Actas No. 4 que realizan las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Actas No. 8 de las Juntas Electorales Departamentales (JED) que son la pureza del proceso electoral.

A ello se suma una solicitud de información, y requerimientos de retiro de antejuicio en contra de los magistrados del TSE, que comenzó después que la entidad electoral oficializara los resultados de la primera vuelta electoral, tras el anuncio de la suspensión provisional de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.

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