La Fiscal General María Consuelo Porras. Diseño La Hora / Alejandro Ramírez

Pese a las múltiples expresiones de rechazo en contra de las actuaciones del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral, entre las que se incluyen manifestaciones, marchas, plantones y bloqueos en todo el país, el ente investigador aseguró que la Fiscal General María Consuelo Porras, no renunciará al cargo.

El jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, resaltó que existe un procedimiento legalmente establecido para la destitución de la Fiscal General, por lo que se debe respetar lo que establece la Constitución y las leyes del país.

“La Fiscal General no renunciará. Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley contribuyendo al fortalecimiento del estado de Derecho en el país”, aseguró Pantaleón.

Además, señaló que el MP continuará firme en sus investigaciones con un único fin: “la averiguación de la verdad”.

 

CLARA EXIGENCIA

La respuesta se da ante una ola de manifestaciones en contra de la Fiscal General, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, tras los allanamientos en la sede el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra del proceso electoral.

Las protestas iniciaron con el anuncio de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes desde el pasado 2 de octubre realizan una serie de bloqueos y un plantón frente a la sede del ente investigador en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.

La organización exige la renuncia de Porras, Curruchiche, así como el juez Orellana, a quienes señalan de realizar acciones arbitrarias que ponen en riesgo el proceso electoral y la democracia en el país.

A esto se han sumado organizaciones campesinas, sindicales, así como docentes, personal administrativo y estudiantes de las Universidades Rafael Landívar, del Valle de Guatemala, Mariano Gálvez, y San Carlos de Guatemala, quienes han realizado marchas y bloqueos en diferentes puntos del país.

Además, vecinos organizados de la Ciudad de Guatemala han iniciado una serie de bloqueos en diferentes puntos, a la vez que mercados de la capital, Chinautla, Mixco y Villa Canales anunciaron el cese de labores “hasta que renuncien” los funcionarios judiciales.

Algunos bloqueos se han salido de control y los automovilistas empiezan a desesperarse.

 

ASÍ INICIÓ 

Las protestas iniciaron luego que la FECI realizara un allanamiento en la sede del TSE en donde secuestró las Actas No. 4 que realizan las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Actas No. 8 que entregan las Juntas Electorales Departamentales (JED) y que son las pureza del proceso electoral, ya que dan certeza jurídica a los comicios.

Aunque el jefe de la FECI se negó a dar mayores detalles del caso, afirmó que el caso se deriva de un allanamiento realizado semanas antes en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), el cual cuenta con el mismo número de expediente del Movimiento Semilla.

A ello, se suma una serie de solicitudes de información al TSE que han realizado la Fiscalía de Asuntos Administrativos, la Fiscalías de Delitos Administrativos, así como la FECI de Curruchiche, en la que buscan documentación sobre los comicios.

A su vez, la Fiscalía de Delitos Electorales requirió el retiro de inmunidad del Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, el pasado 22 de septiembre y un día luego la Fiscalía de Delitos Administrativos, requirió el levantamiento de inmunidad de la presidenta del TSE, Irma Palencia, el magistrado Mynor Franco, el magistrado suplente Álvaro Cordón.

El 5 de septiembre, Delitos Electorales también solicitó el retiro de inmunidad de la magistrada Palencia, y los magistrados titulares Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, por una denuncia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el 27 de ese mes, Delitos Administrativos requirió el retiro de inmunidad de los cinco magistrados titulares y los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes por supuestas anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

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