La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo interpuesto por el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien como solicitud de fondo requería que la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, así como el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, dejaran de conocer el caso en contra del Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Arévalo presenta amparo y busca que otro juez y fiscales conozcan caso
Acompañado de una multitud de personas, Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, presentaron un amparo el pasado 18 de septiembre luego de los allanamientos en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en donde la FECI abrió las cajas electorales que resguardaban los votos de los comicios.
El documento señalaba que requerían que “se garantice la efectividad del sufragio, cesando inmediatamente los actos de coacción, intimidación y criminalización en abuso de las facultades constitucionales y legalmente conferidas a las autoridades cuestionadas en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los ciudadanos electos”.
Lo anterior con la “finalidad antijurídica de impedir la finalización adecuada del proceso electoral y a la toma de posesión de los cargos en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de los ciudadanos electos, simpatizantes y población en general”.
“Además, en aras de garantizar la objetiva e imparcialidad, que se ordene que las autoridades reclamadas deban excusarse de seguir conociendo asuntos relacionados con el partido Movimiento Semilla, debiendo ser sustituidas para conocer de estos asuntos por otros funcionarios de conformidad con la ley y que se deje sin efecto todo lo actuado en fraude constitucional por el Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delito contra el Ambiente del Departamento de Guatemala”, solicitó el binomio electo.
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OTRAS SOLICITUDES
De la misma forma, Arévalo señaló que buscaban que se dejara sin efecto todo lo actuado de manera ilegal e inconstitucional por parte de Porras, Orellana, Curruchiche, así como las agentes fiscales Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales Lazo, al mismo tiempo que requería su destitución del cargo.
Según el mandatario electo, se evidenció una serie de actos ilegales, que han cometido los funcionarios, lo que constituyen una violación del orden constitucional establecido.
A su vez, destacó que dichas acciones ponen en duda y en riesgo el proceso electoral en el país, a la vez que buscan afectar la toma de posesión del binomio e integrantes de Semilla o se suspenda a la organización política, además de socavar la democracia y afectar los derechos de los guatemaltecos, quienes expresaron su voluntad de manera libre y soberana en los eventos electorales.
Además, Arévalo y Herrera solicitaron que se certifique lo conducente en contra del Juez Orellana, la Fiscal General y el Jefe de la Fiscalía, así como contra los demás funcionarios involucrados en los actos arbitrarios.
MAYORÍA RECHAZÓ AMPARO
El amparo provisional promovido por Arévalo fue rechazado por la magistrada presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, así como los magistrados Nery Medina, Vitalina Orellana, Sergio Pineda, Manuel Duarte, Silvia García, Josué Baquiax, José Pineda, Nector Wilebaldo de León, Anabela Cardona y Jarol Ortiz, además, la magistrada Delia Dávila Salazar votó en contra de denegar la acción.
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EL CASO
El pasado 12 y 13 de septiembre, la FECI se presentó en el COPE, ubicado en el Parque de la Industria, con el fin de realizar un allanamiento, en donde abrió las cajas electorales que resguardaban los votos de los comicios, luego de la denuncia de un “ciudadano”, que requirió una investigación, ya que busca conocer la cantidad de sufragios que obtuvo cada partido político puesto a que el Estado otorga US$2 por cada voto.
Por ello, el TSE interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para poner fin a estas acciones, el cual fue remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, además, de una “cuestión de competencias”, para que la alta Corte determine si un Juez Penal tiene la facultad de suspender la personalidad jurídica de un partido político.
A su vez, Arévalo interpuso un amparo ante la CSJ, ya que señaló que existe una asociación perversa entre la Fiscal General, el Jefe de la FECI y al Juez de Orellana, con el fin de dar un Golpe de Estado, debido a que han violentado el proceso electoral y el orden democrático.
Además, el partido Semilla presentó una solicitud de antejuicio ante la CSJ en contra de Porras y el Juez Orellana, así como una querella contra Curruchiche y la agente fiscal Cinthia Monterroso.
Pese a los requerimientos, la FECI continuó los operativos, ya que el pasado 29 y 30 de septiembre realizó un allanamiento en la sede central del TSE, en donde secuestró las Actas No. 4 y No. 8 que resguardan la pureza del proceso electoral.
