Tras abrir las cajas electorales que eran resguardadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Parque de la Industria durante varios allanamientos liderados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el Ministerio Público (MP) aseguró que estas acciones no representan recuento, ni alteración de votos, y tampoco se está violentando la voluntad popular.
En un comunicado compartido este miércoles 13 de septiembre, el MP explicó que las diligencias que se realizan en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) se están realizando al amparo de una orden judicial, por lo que no invaden las facultades del TSE y tampoco “configuran” una alteración de la custodia del voto, como “equívocamente” se ha manifestado.
“Las diligencias que se están llevando a cabo, habiendo finalizado la elección, no representan recuentos de votos, alteraciones de votos, ni cuestionamientos a los resultados electorales y tampoco se está violentando la voluntad popular como terceras personas han pronunciado”, aseguró el MP.
En esta línea, también señaló que cumplir la orden del juez, en los términos en que se han realizado las diligencias, no significa ningún rompimiento del orden constitucional, sino que asegura que se ha cumplido con las funciones que la Constitución y la ley le confiere al MP para investigar.
A su vez, señaló que las investigaciones continúan su curso, por lo que hizo un llamado a la prudencia, así como a no dejarse sorprender por información que no es de carácter oficial o “que se base en especulaciones sobre casos que aún están en fase de investigación”.
Además, resaltó que la finalidad del debido cumplimiento de la labor de investigación que realiza, es un “pilar fundamental para mantener la democracia y garantizar el cumplimiento fiel de las funciones que a cada institución del Estado le corresponden”.
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ASÍ ARGUMENTA LOS ALLANAMIENTOS
De la misma manera, el MP argumentó que el artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que todo lo concerniente a los delitos y faltas electorales se rige por el Código Procesal Penal, y que el artículo 187 de esta normativa establece que cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos para sospechar que se puede encontrar vestigios del delito, se procederá a su registro con autorización legal.
Esta normativa, también establece que en caso necesario se podrá efectuar el secuestro de indicios para evitar que los “mismos puedan menoscabarse”, indicó el ente investigador en el escrito.
A su vez, resaltó que la LEPP indica que una vez realizado el escrutinio de los votos emitidos, quedan contabilizados en las actas de cada una de las mesas y luego el procedimiento de impugnaciones, la contabilización general de las mismas conllevan a los resultados oficiales.
LOS ALLANAMIENTOS
Este miércoles 13 y martes 12 de septiembre, la FECI, dirigida por Rafael Currurchiche, realizó una serie de operativos en el COPE, ubicado en el Parque de la Industria, en donde se resguardaban los votos de los ciudadanos, luego de la denuncia de un “ciudadano”, del cual no ha dado mayores detalles.
De esta cuenta, el TSE presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para dar freno a la resolución del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien autorizó los allanamientos, sin embargo, la alta Corte remitió la acción hacia la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
De la misma manera, Semilla presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, y el Juez Orellana, así como una querella en contra de Curruchiche, y la agente fiscal Cinthia Monterroso.
Además, el Presidente electo, Bernardo Arévalo, requirió a Porras, Orellana y Curruchiche, su renuncia, ya que asegura que desarrollan un Golpe de Estado.
