Luego de los allanamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en los cuales abrió las cajas electorales donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resguardaba los votos de los comicios, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un comunicado en el que pide a los tres poderes del Estado la protección del sistema republicano.
En el escrito compartido este miércoles 13 de septiembre, el sector empresarial indica que el MP, en atención a su responsabilidad legal de promover la persecución penal, debe ejercer esta facultad con absoluto apego a la ley.
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A su vez, expresó que los funcionarios que intervienen en la investigación deben desarrollar su actuar dentro de lo establecido en la Constitución y leyes aplicables, haciendo prevalecer en todo momento la voluntad popular manifestada a través de las elecciones, así como respetando el resultado del proceso, el cual el TSE declaró su validez.
“La democracia y sistema de votación de nuestro país deben preservarse. Por lo tanto, solicitamos a los tres poderes del Estado y órganos de control constitucional, la protección del sistema republicano, el cumplimiento del orden constitucional y el respeto a las instituciones democráticas”, agrega.
Además, exhortó a las partes a retomar el proceso ordenado de transición que ya inició, de manera que se realice la entrega de mando a las autoridades electas el próximo 14 de enero.
EL CASO
Desde el pasado 12 de septiembre, la FECI realiza varios allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el COPE, ubicado en el Parque de la Industria, en donde el TSE mantenía almacenadas las cajas electorales que contienen los votos, luego de la denuncia de un “ciudadano”, quien busca que se investigue cuántos sufragios recibió cada partido político, ya que el Estado guatemalteco debe pagar US$2 por cada uno.
Derivado de ello, el TSE presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el cual señala que se violentó el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partido Políticos (LEPP), y se puso en peligro el proceso electoral.
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De la misma forma, Semilla presentó un amparo en la misma línea que la entidad electoral, con el cual buscan que se ponga freno a la decisión del Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, con la cual ordenó que se realizaran los allanamientos.
El partido político del presidente electo, Bernardo Arévalo, también solicitó el retiro de la inmunidad de lo que llamó una “estructura golpista”, conformada por la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, el juez Orellana, el jefe de la FECI, Rafael Currruchiche y la agente fiscal Cinthia Monterroso.
Además, Arévalo solicitó la renuncia de Porras, Orellana y Curruchiche, y dio a conocer que informó al presidente Alejandro Giammattei la suspensión temporal del proceso de transición de mando.
