La Municipalidad Indígena de Sololá solicitó la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, así como la fiscal Cinthia Monterroso en un plazo de 48 horas, ya que amenazan con romper el orden constitucional y poner en riesgo la “débil democracia”.
De acuerdo a la alcaldía indígena de Sololá, estas acciones están siendo realizadas en complicidad con el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, así como con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
“No permitiremos que el pacto de corruptos, las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado mantengan cooptado al Estado de Guatemala”, señaló la Municipalidad Indígena de Sololá en un comunicado compartido este 4 de septiembre.
A su vez, afirman que tampoco permitirán que se burlen de la voluntad del pueblo por medio de acciones que son aparentemente legales, que realizan fiscales y jueces “títeres”, con lo que pretenden seguir ejecutando un Golpe de Estado con apariencia legal, y por el cual se encuentran en asamblea permanente.
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PIDEN RENUNCIAS
De esta cuenta, la alcaldía indígena de Sololá solicitó, que en un plazo de 48 horas, la administración de Alejandro Giammattei pida la renuncia de Porras al cargo de Fiscal General, y exigió al Ministerio Público (MP) empezar el proceso de retiro de inmunidad contra el juez Orellana, a quien señalan de dar resoluciones contrarias al orden legal y que ponen en peligro la democracia, el Estado de derecho y el proceso de alternabilidad del poder.
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Al mismo tiempo, exigió a la jefa del ente investigador que si “todavía tiene un poco de vergüenza” presente su renuncia en un plazo no mayor de 48 horas, ya que está creando una crisis política en Guatemala, y que destituya a Monterroso y Curruchiche o que presenten su dimisión en el mismo tiempo, sometiéndose a los tribunales de justicia para resolver la situación en la que se involucraron por “ejecutar órdenes evidentemente ilegales”.
De la misma manera, solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se respete la voluntad popular expresada en las urnas para reiniciar el proceso de consolidación del sistema democrático constitucional del derecho de Estado que contribuya con el bienestar y desarrollo del país y no ser “aliado del pacto de corruptos tal y como se está evidenciando”.
“Integrantes del pacto de corruptos, acepten que el pueblo de Guatemala ya no los quiere, no continúen provocando la ira en el pueblo de Guatemala. Les exigimos respetar la voluntad del pueblo y dejar de utilizar la ley y a sus operadores para perpetuarse en el ejercicio del poder, de manera que renuncien por el bien de Guatemala y la poca democracia que nos queda”, sostuvo.
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ANTERIORMENTE ANUNCIARON OTRAS MEDIDAS
El pasado 25 de junio, la Municipalidad Indígena de Sololá anunció que si las acciones en contra del Movimiento Semilla continuaban por parte del ente investigador, se verían obligados a tomar carreteras, así como las sedes del MP a nivel nacional.
“Es demasiado evidente que las acciones que están realizando estos funcionarios impresentables es servir al pacto de corruptos que los utiliza para evitar la voluntad del pueblo expresada en las urnas electorales; evitar que el presidente (Bernardo Arévalo) y vicepresidenta (Karin Herrera) electos del partido Semilla tomen posesión de sus cargos, por no estar alineados a sus intereses”, señaló en dicha oportunidad.
A su vez, también mencionaron que estarán en asamblea permanente hasta que Arévalo y Herrera tomen posesión el próximo 14 de enero, y que no se debía dejar al Congreso como el responsable de la transición.
