La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dio a conocer, que inició con el despliegue de 40 observadores de largo plazo para la segunda vuelta electoral por la Presidencia. Foto: La Hora / MOE-UE

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) dio a conocer, este viernes 28 de julio, que inició con el despliegue de 40 observadores de largo plazo para la segunda vuelta electoral por la Presidencia, la cual el jefe adjunto de la Misión, Manuel Sánchez de Nogués, espera que se realice “sin interferencias”.

En esta línea, Sánchez de Nogués indicó que ven que los preparativos para los comicios están en marcha y que los dos candidatos, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), están haciendo campaña.

“Esto es muy importante: Que se lleve a cabo el proceso electoral respetando en cada momento la voluntad de los ciudadanos”, mencionó el jefe de la Misión de la Unión Europea.

A su vez, manifestó que esperan que los ciudadanos, que ya demostraron su firme compromiso con la democracia y los valores cívicos el pasado 25 de junio, puedan escoger libremente y sin interferencias entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta.

INICIA DESPLIEGUE DE OBSERVADORES

La Misión indicó que desplegó este viernes 40 observadores de largo plazo en los 22 departamentos del país, así como en la Ciudad de Guatemala, con el fin de reforzar su labor de observación durante la segunda vuelta electoral.

Según resaltó, los observadores proceden de 22 países de la Unión Europea, así como Canadá, y retomarán el contacto con ciudadanos, partidos políticos, autoridades electorales, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil en cada departamento, así como en la capital.

 

“Su tarea será informar constantemente al equipo central de la evolución de la campaña electoral y de los preparativos para la elección del 20 de agosto”, subrayó la MOE-UE.

La Misión, encabezada por el diputado del Parlamento Europeo Jordi Cañas, observará la segunda vuelta con el mismo número de personas que desplegó para la primera ronda del 25 de junio, detalló.

La MOE-UE explicó que está conformada por un equipo central de 12 expertos electorales con base en la capital, 40 observadores de largo plazo y 44 observadores de corto plazo, que se unirán a la misión el 16 de agosto, además, una delegación del Parlamento Europeo, así como diplomáticos de países europeos acreditados en Guatemala se integrarán a la Misión el día de las elecciones.

PRESENTARÁN CONCLUSIONES

De la misma manera, la MOE-UE resaltó que desde su llegada el pasado 11 de mayo, en respuesta a la invitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha permanecido de forma ininterrumpida en el país.

Agregó que, tras la jornada electoral del 20 de agosto, la misión presentará en conferencia de prensa una declaración con las conclusiones preliminares de la segunda vuelta electoral, mientras que continuará observando las fases de agregación y oficialización de resultados, así como la presentación de posibles impugnaciones y quejas.

“Una semana más tarde, la MOE-UE volverá a Guatemala para hacer público un informe final de todo el proceso electoral que contendrá recomendaciones para la mejora de futuras elecciones”, concretó.

 

MOE-EU: MP Y JUEZ AMENAZAN CIMIENTOS DEMOCRÁTICOS

De la misma manera, la MOE-EU se ha unido a los pronunciamientos en contra de las acciones del Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche y el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, en contra del Movimiento Semilla y funcionarios del TSE.

“Advierte que la iniciativa del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, promovida por la FECI, de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, amenaza uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”, señaló.

A su vez, solicitó el cese a la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco y a que, “los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo”.

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