El Centro Presidencial George W. Bush publicó un informe sobre la situación de la exjefa de la sede en Quetzaltenango de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, en la que resaltó que, su destino pende un hilo a medida que se desarrolla el drama de la segunda vuelta electoral entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según el documento escrito por Ellen Bork, integrante del Instituto, la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio, centró la atención en el destino de fiscales y jueces que han sido atacados por el propio gobierno guatemalteco por tratar de poner fin a la corrupción generalizada.
En esta línea, resaltó el mensaje de Arévalo, quien prometió implementar una agenda anticorrupción y confiar en la experiencia de los abogados anticorrupción que han sido encarcelados o exiliados.
Esto incluye a Laparra, quien, según el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, está detenida contradiciendo al derecho internacional, por lo cual pidió su liberación, luego de ser sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad, tras presentar una denuncia contra el entonces juez Lesther Castellanos por filtración de información, menciona el escrito.
“El destino de Laparra pende de un hilo a medida que se desarrolla el drama de las elecciones”, recalcó el Centro, ya que las elecciones han sido “interferidas”, según el secretario de Estado, Antony J. Blinken, quien también aseguró que la interferencia en los resultados electorales puede suponer una “grave amenaza” a la democracia con implicaciones de largo alcance.
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SANDOVAL: LAPARRA ERA VULNERABLE EN XELA
De la misma forma, en el escrito, Bork subrayó que el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, aseguró que Laparra fue contratada por su experiencia como fiscal, pero recuerda con “pesar” la decisión de abrir la oficina de Xela, como coloquialmente se le conoce a la cabecera departamental de Quetzaltenango.
A criterio del exjefe de la Fiscalía, Laparra era más vulnerable en Quetzaltenango. “Ella se encontraría con la hostilidad de los abogados y los vería en su contra en todas partes, incluso caminando con sus hijos en el parque”, mencionó Sandoval al Centro Presidencia George W. Bush.
MORA: APROVECHARON CONSERVADURISMO DE EE. UU. PARA DESACREDITAR CICIG
A su vez, el documento menciona que fue Guatemala quien solicitó la entrada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según recordó Alberto J. Mora, exdirector ejecutivo de la Iniciativa de Estado de Derecho de la American Bar Association, ya que no “tenían los recursos para combatir la corrupción interna y transnacional por sí solos”.
En esta línea, resaltó que los esfuerzos anticorrupción de la FECI y CICIG tuvieron el respaldo de la administración del presidente George W. Bush y las siguientes dos administraciones estadounidenses, de las democracias europeas y, de manera crucial, de los guatemaltecos.
Sin embargo, el éxito de estas instituciones provocó una reacción violenta entre los involucrados en actos de corrupción. “Las élites empresariales guatemaltecas actuando en conjunto con las élites políticas con financiamiento potencial de los narcotraficantes se movilizaron para derrotar el esfuerzo”, sostuvo Mora.
Con el fin de desacreditar a la CICIG, sus opositores aprovecharon las actitudes conservadoras estadounidenses hacia las Naciones Unidas, particularmente desde el Capitolio, ya que presentaron a la Comisión como parte de una agenda izquierdista destinada a “erosionar la soberanía” del país, lo cual Mora reafirmó que es falso.
“La CICIG nunca representó una amenaza a la soberanía de Guatemala; más bien, fue al revés”, explicó Mora y agregó que “Con la desaparición de la CICIG y la desaparición virtual del estado de derecho, uno debe cuestionar qué queda de la soberanía democrática del pueblo guatemalteco”.
El gobierno guatemalteco también se ganó el favor al presentarse como socio de Estados Unidos, particularmente al promover sus posiciones de larga data sobre Taiwán e Israel, que datan de fines de la década de 1940, y al ofrecer cooperación en materia de migración, según el Instituto.
ESCOBAR HABLA DE DICTADURA DE CORRUPCIÓN
Bajo esta misma línea, la exjueza Claudia Escobar, quien calificó Guatemala como una “dictadura de corrupción”, indicó que las actuaciones del gobierno guatemalteco fueron una distracción del principal socio, que es “el crimen organizado”.
Según subrayó la exjuzgadora al Centro, “el argumento que presenta la asociación de Guatemala con los EE. UU. en varios temas, como Taiwán, Israel y la migración, como una razón para disminuir el apoyo a los esfuerzos anticorrupción proviene de una narrativa arraigada en la era de la Guerra Fría. El panorama político de Guatemala no gira en torno a ideologías de derecha o de izquierda. Más bien, está plagado de corrupción sistémica que socava todas las instituciones”.
Sobre Laparra, la exjueza recalcó que la acusación en su contra es falsa, y que está en prisión por algo que ni siquiera es un delito, con lo cual concuerda el Colegio de Abogados de Nueva York, ya que aseguran que era su obligación denunciar la corrupción.
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CENTRO: NO ESTÁ CLARO DÓNDE PODRÍA VENIR ALIVIO PARA LAPARRA
Asimismo, el Centro Presidencial George W. Bush enfatizó que, “No está claro de dónde podría provenir el alivio para Laparra y otros defensores anticorrupción. Los narcotraficantes y los políticos corruptos son una cosa, pero cuando se trata del sistema judicial y el enjuiciamiento de los delincuentes, los zorros cuidan el gallinero”, afirma Bork.
A su vez, destacó que, junto con el asalto al estado de derecho, hay un ataque paralelo a medios de comunicación, como es el caso contra José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien fue sentenciado en “represalias por sus reportajes sobre corrupción”.
Y en el caso de Laparra, Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, expuso que, “es un ejemplo de un patrón mucho más amplio en el que el sistema de justicia garantiza la impunidad y se venga de quienes se resisten”, y aunque ha “pagado un precio más alto que la mayoría, pues otros se han visto obligados a exiliarse, pero ella está tras las rejas”.
Sin embargo, el Centro resaltó que, a pesar del calvario, la exfiscal no se ha hundido al nivel de sus torturadores. “Quienes criticaron el esfuerzo híbrido internacional-guatemalteco para combatir la corrupción pueden no haber anticipado la campaña de venganza que seguiría a su derrota. Pero aquellos que apoyan el estado de derecho y la democracia en Guatemala ahora deberían buscar urgentemente la liberación de Laparra”, concreta el informe.
