La titular del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos, decidió este lunes 29 de mayo, otorgar medidas sustitutivas a favor de Jonathan Chévez, quien es acusado por presuntamente blanquear dinero de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La juzgadora aseguró que no existía un peligro de fuga, ni obstaculización de la averiguación de la verdad, por lo cual impuso una caución económica de Q1 millón para que recupere su libertad para lo que tendrá un plazo de 15 días.
A su vez, la togada declaró un arraigo contra Chévez, y prohibió al sindicado comunicarse con los demás vinculados en el caso.
Con ello, Chévez podría recuperar su libertad, puesto que su defensa buscará que se otorguen medidas sustitutivas a favor del acusado en otro caso denominado “El Bodegón”.
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A UN PASO DE SALIR DE PRISIÓN
Esta es la segunda resolución favorable que recibe Chévez, quien guarda prisión desde 2016. El pasado 3 de febrero, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió otorgar un amparo a favor del sindicado, quien buscaba no ser investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito.
En esta línea, el tribunal constitucional consideró que en ese entonces el delito por el que se acusaba a Chévez, no estaba vigente en el Código Penal, por lo cual el delito imputado por el Ministerio Público (MP) no se podía aplicar en contra del privado de libertad.
En este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces liderada por Juan Francisco Sandoval, acusó a Chévez de haber recibido montos de dinero que fueron aportados a la campaña de Manuel Baldizón por el extinto partido Lider, cuando buscaba la Presidencia con este partido.
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Por ello, la titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Saraya Yoc, decidió acatar la resolución de la alta Corte, con lo cual el sindicado recuperó su libertad, puesto que era acusado.
VINCULADO A OPM Y BALDETTI
En 2016, la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto con la FECI, dio a conocer que en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) operaba una red ilícita de lavado de dinero u otros activos, liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la vicemandataria, Roxana Baldetti.
Según las investigaciones, el gobierno del Partido Patriota (PP), realizó nombramientos y negoció contratos para la ampliación de la construcción, luego de varias reuniones realizadas por Juan Carlos Monzón, mano derecha de Baldetti.
De acuerdo a la Fiscalía se realizó un desembolsó de US$10 millones en el segundo semestre de 2013, luego un segundo pago de US$2 millones en los primeros meses de 2014 y la entrega de US$12 millones 500 mil en 2015.
En junio de 2016, la Comisión y la Fiscalía también presentaron el caso “Cooptación del Estado”, del cual se reveló que el PP recibió dinero de manera ilícita para la campaña electoral de Pérez Molina, el cual habría sido lavado por Chévez.
Además, Chévez también habría blanqueado dinero por medio de ocho empresas, tras la compra de productos por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de manera ilícita, según detalló la CICIG y la FECI en su momento.
