En la foto: Mayra Yojana Véliz López y Rootman Estivens Pérez Alvarado. Foto: La Hora / Archivo

Alianza por las Reformas, así como la Convergencia por los Derechos Humanos rechazaron la persecución en contra de jueces, abogados y exfiscales, luego de las recientes órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio Público (MP).

“Exigimos que cese la persecución contra fiscales, jueces y abogados”, mencionó Alianza por las Reformas en un comunicado, en el cual, afirmó que rechaza la criminalización contra Mayra Yojana Véliz López, exsecretaria general del ente investigador, así como contra Rootman Estivens Pérez Alvarado, exsecretario de Política Criminal durante la administración de Thelma Aldana.

Según la organización es parte de las reiteradas acciones de venganza de parte de la fiscal general, Consuelo Porras y aliados contra quienes lucharon contra la corrupción, ya que Rootman es abogado defensor de periodistas, activistas, jueces y exfiscales criminalizados.

En esta línea, sostuvo que promover persecución penal espuria contra profesionales del derecho que son considerados opositores es un patrón del actual MP, pues sucedió contra Leily Santizo, así como con los abogados de José Rubén Zamora, ya que la intención es amedrentar a abogados honestos para que dejen de defender a las personas criminalizadas.

De esta cuenta, aseguró que el MP perdió credibilidad ya que los procesos mediáticos que salen a la luz son para favorecer a redes de corrupción, debido a que la administración de Porras se ha dedicado a garantizar impunidad a élites políticas, económicas, militares y criminales, lo cual ha convertido al país con mayor número de operadores de justicia exiliados y con procesos abiertos.

UDEFEGUA: ES UN ACTO DE VENGANZA

De la misma forma, Convergencia por los Derechos Humanos se refirió a la reciente orden de captura contra el ex jefe de la fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, lo cual calificó como un acto de venganza, pues condujo la persecución penal contra Efraín Ríos Montt, quien fue condenado en primera instancia por genocidio, entre otras investigaciones que condujeron a la captura de altos mandos militares.

 

“Con el asalto al sistema de justicia en Guatemala, las estructuras de la impunidad han declarado una guerra judicial de venganza contra quienes en ejercicio pleno de su función institucional, aplicaron la ley”, argumentó la Convergencia por los Derechos Humanos respecto a la captura de López.

A su vez, explicó que López, como muestra de alta vocación por la defensa del estado, laboraba en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), por lo que, las organizaciones se solidarizaron con López, ante el “atropello que representa el uso indebido de la ley como venganza pública”.

Las organizaciones también mostraron apoyo a Odhag, mientras dieron reconocimiento al personal de la Fiscalía de Derechos Humanos, e hicieron una llamado a las organizaciones de víctimas del Conflicto Armado Interno a mantener su lucha por la verdad, justicia, así como a no desmayar ante la arremetida de los “hijos del genocidio y el terrorismo de Estado”.

Concluyó convocando al movimiento social y sociedad guatemalteca a organizarse, además de movilizarse en reclamo a sus derechos “conculcados” por las estructuras de terrorismo de antaño que hasta hoy han asaltado la administración de justicia.

LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN

El pasado 13 de mayo, el MP informó sobre la orden de captura de la exsecretaria general del ente investigador y el exsecretario de Política Criminal del MP, por la posible comisión de los delitos de usurpación de funciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Además, este jueves 16 de marzo, el ente investigador dio a conocer la captura del exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos por el delito de abuso de autoridad, debido a que habría ejercido como abogado en 2019, pese a que laboraba dentro del MP.

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