Un total de 108 diputados del oficialismo y bancadas aliadas votaron en contra de una moción privilegiada que pretendía solicitar al Ministerio Público (MP) cesar la persecución contra operadores de justicia y al Ejecutivo, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, a respetar la independencia judicial. La propuesta fue presentada un día después de la renuncia de la Jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, debido a presiones y persecución judicial.
Durante la Sesión Plenaria de este martes, el diputado Edgar Batres, del bloque Winaq, presentó una moción privilegiada para incluir después del punto cuatro, el tema de la independencia judicial de jueces y magistrados.
Batres resaltó que es obligación del Estado, según convenciones internacionales, garantizar la independencia judicial.
«Magistrados, jueces y fiscales han denunciado una serie de persecuciones que generan una falta de certeza jurídica y un deterioro de la justicia en el país. Exhortar al Ministerio Público a cesar la persecución, exhortar a las instituciones auxiliares de justicia y realizar una inmediata y profunda investigación denunciada por magistrados, jueces, y fiscales”, agregó.
La propuesta incluía “exhortar al Ejecutivo e invitar al relator de Naciones Unidas para que pueda escuchar tanto al Estado como a los afectados y se rinda un informe sobre la situación actual de la justicia en el país».
No obstante, con 108 en contra y apenas 21 votos a favor, no fue aprobada la moción privilegiada. De momento el Congreso no ha trasladado o subido en su sitio web el listado de los diputados que votaron en contra de la propuesta para observar a detalle; sin embargo, las bancadas mayoritarias es la oficial Vamos y sus aliados.
EN CONTEXTO
La moción privilegiada de Batres se da en un contexto en el que varios operadores de justicia entre jueces, fiscales y abogados han denunciado ser víctimas de persecución por acciones realizadas en el marco de sus funciones.
El caso más reciente fue precisamente este martes, el del presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, quien fue separado de su cargo, luego de perder su inmunidad a raíz de una denuncia en su contra.
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Otro tema que captó la atención de la ciudadanía fue el de la Jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, quien el pasado 21 de marzo presentó su renuncia al cargo debido a amenazas, hostigamiento y persecución en su contra. Actualmente permanece en Estados Unidos.
A los casos de Aifán y Xitumul se unen el de varios exfiscales, la mayoría de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quienes enfrentan proceso penal en varios casos debido a supuestas acciones ilegales en el marco de sus funciones, entre estos la exmandataria de la CICIG, Leydi Santizo y la exfiscal Siomara Sosa. Sin olvidar el caso de Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, quien fue capturada y procesada.
Algunos operadores de justicia que han tenido que salir de Guatemala para resguardar su integridad, son Juan Francisco Sandoval, Rudy Herrera y Carlos Vides, entre otros.
