Más de 88 mil guatemaltecos han retornado desde Estados Unidos y México a un mes que finalice el año. Foto: La Hora / Migración Guatemala

Más de 88 mil guatemaltecos han retornado desde Estados Unidos y México a un mes que finalice el año, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), una situación que preocupa a los analistas en temas migratorios, Fernando Castro Molina y Úrsula Roldán, quienes aseguran que los guatemaltecos retornan en peores condiciones económicas.

De acuerdo a Migración hasta el pasado 30 de noviembre suman más de 88 mil 287 personas retornadas, de las cuales 38 mil 282 llegaron por la vía aérea desde Estados Unidos, incluyendo 171 menores no acompañados, quienes recibieron atención y protección de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Agregó que fueron retornados desde el país norteamericano 7 mil 335 menores quienes contaban con acompañamiento, al igual que 20 mil 614 hombres con mayoría de edad y 10 mil 162 mujeres.

Detalló que desde México por la vía aérea vinieron 13 mil 897 guatemaltecos en 107 vuelos, entre los que se incluyen 3 mil 013 no acompañados, además de 36 mil 108 connacionales retornados por la vía terrestre, quienes recibieron atención en el Centro de Recepción de Retornados que se ubica en Tecún Umán, San Marcos.

CASTRO MUESTRA PREOCUPACIÓN

Sobre el tema, el analista migratorio señaló que la cifra de migrantes debe preocupar debido a que regresan al país en peores condiciones económicas, así como sin contar con apoyo de programas por parte de instituciones vinculadas al tema migratorio.

Recalcó que se debe de hacer énfasis en los migrantes no acompañados retornados, debido a que abandonaron a familias y estudios.

Fernando Castro Molina. Foto: La Hora / Quinto Poder Guatemala

Castro explicó que la migración irregular continuará mientras las condiciones de pobreza, pobreza extrema, falta de empleo y desarrollo persistan por conveniencia en Guatemala para forzar la migración y recibir remesas con el fin de sostener la economía del país.

Agregó que la migración irregular continuará con un incremento al concluir la aplicación del Título 42, pero que se verá una expulsión mayor de migrantes en aplicación al Título 8 por autoridades estadounidenses.

 

“También veremos un mayor paso de migrantes por Guatemala, rumbo a la frontera sur de EE. UU., sin tener las autoridades la capacidad para contenerlos”, concretó.

ROLDAN: “EL ESTADO DEBERÍA QUE PREOCUPARSE PORQUE LAS CIFRAS BAJEN”

Asimismo, Úrsula Roldán, experta en temas migratorios del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar, expuso que era una cifra similar a la que se ha recibido en la mayor parte de los años, de 90 mil a 100 mil migrantes retornados, a excepción de 2020.

“El asunto es que todas estas personas, no se sabe cuántas se quedan o cuántas regresan a hacer el viaje, lo que sí es cierto, es que sabemos que ese viaje, pues genera costos, riesgos y no es lo deseable”, expuso la analista, quien afirmó que se esperaría que tuvieran otras opciones de vida en el país, pero se ven condiciones muy fuertes de pobreza, pocas oportunidades de empleo, lo cual provoca el éxodo migrante.

Úrsula Roldán, experta en temas migratorios del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh). Foto: La Hora / Redes Sociales

Respecto a los migrantes no acompañados resaltó que las cifras son similares, pero que esto significa un problema mayor pues son niños y niñas, quienes son vulnerables a riesgos.

“Qué futuro le estamos dando a la niñez en este país, entonces no brindando una posibilidad de que tengan una niñez como otras, con acceso a salud, educación, integrados con su familia, además de los traumas que sufren con estos viajes, porque muchas veces no se hacen muchos viajes y esto también tiene un impacto psicosocial en ellos”, aseguró.

Destacó que la mayoría se trata de “migrantes recientes”, quienes regresan en situaciones peores debido a que han pagado para el viaje a “coyotes”, por lo que retornan con deudas altas de hasta más Q100 mil pues forman parte de familias en condiciones pobreza y llegan a utilizar sus terrenos para realizar los pagos.

“El Estado debiera de estarse preocupando porque esas cifras realmente bajen y eso solo se logra con inversión social y en empleo, educación, salud”, finalizó.

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