El juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Freddy Orellana ligó a proceso al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, tráfico de influencias y chantaje, así como a la auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Samari Gómez, por el de revelación de información confidencial.
Además, resolvió dejarlos en prisión preventiva, al aceptar al pedido del MP, quien los señala en el caso “Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero”.
De acuerdo con el togado los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) guardan estrecha relación, en los que se incluían audios, una imagen de una conversación entre Zamora y el denunciante Ronald García Navarijo, declaraciones del anterior mencionado, así como trabajadores de elPeriódico, así como el embalaje de los Q300 mil.
#URGENTELH El Juez Orellana liga a proceso a José Rubén Zamora por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/8HIcWOEMgd
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El MP imputó el pasado lunes 8 de agosto a Zamora por los delitos de lavado de dinero u otro dinero, tráfico de influencias, chantaje, así como conspiración para el lavado de dinero u otros activos; sin embargo, este último no fue sumado por el Juez Orellana en la resolución, así como el delito de abuso de autoridad, que el abogado de García Navarijo, Raúl Falla Ovalle, buscaba que se le fuera agregado a la auxiliar fiscal Gómez.
ABOGADOS SEÑALAN INCONSISTENCIAS
Los dos abogados defensores de los sindicados expresaron que la investigación contiene enormes inconsistencias y que la FECI no logró demostrar los hechos que imputa. Recordaron que la carga de la prueba la tiene el ente investigador.
LA DEFENSA DE GÓMEZ
En la audiencia, el abogado defensor de Gómez, Armando Mendoza, cuestionó la razón por la cual la denuncia fue directamente interpuesta en la FECI, debido a que según el mismo, el caso debió verse en la Fiscalía de Asuntos Internos.
Asimismo, el profesional del derecho argumentó que las grabaciones que fueron presentadas al MP por García Navarijo fueron realizadas de manera ilegal, ya que no se solicitó a Zamora y a Gómez ser grabados, los cuales según el mismo no tenían claridad.
Expresó que en parte de los documentos García Navarijo no hace referencia expresa a la auxiliar fiscal y que el mismo indica que la información fue trasladada “por medio de los fiscales”. Expresó que en la FECI hay más de 70 empleados y que nunca se acreditó la participación de su cliente en una conducta delictiva.
De la misma forma, mencionó irregularidades en los audios de febrero de 2022 mostrados por el MP, las personas se saludaban con frases como “feliz año”, y que luego mencionan que se haga la audiencia el 31 de enero.
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Señaló también que la denuncia fue interpuesta el 26 de julio y que capturaron a los mismos el 29, por lo cual mencionó que había una “vendetta” en contra de Gómez por parte de la Fiscalía.
Planteó la duda de por qué no se hizo la investigación en su contra por la Fiscalía de Delitos Internos.
LA DEFENSA DE ZAMORA
El abogado defensor de Zamora, Christian Ulate argumentó de igual forma que los audios fueron grabados de forma ilegal y que estos son los únicos indicios, al igual que, lo mencionado por García Navarijo, de que Gómez y Sandoval tuvieron comunicación.
Agregó que tampoco hay pruebas en las conversaciones en las que Gómez le pidiera a García Navarijo sus cuentas del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y que tampoco había prueba en la que Sandoval diera información a Zamora para “chantajear”.
Sobre los Q300 mil, Ulate argumentó que existían anomalías porque el dinero tenía cintillos; sin embargo, cuando el MP hizo el desembalaje del dinero, este no contaba con los cintillos. Dijo que era un dinero bancarizado. Sigue sin conocerse quién hizo el retiro del banco y entregó el mismo a Zamora.
También sostuvo que las grabaciones presentadas por el MP no se efectuaron con orden de juez competente pese a que el caso se había judicializado desde el 26 de julio, tres días antes de la captura de los dos acusados; que tampoco se guardó la cadena de custodia en los indicios presentados.
“No he visto ninguna prueba que diga que ese dinero es de chantajes, de cual chantaje en que momento, de las conversaciones ilegales no se ve ningún momento que el señor José Rubén Zamora esté chantajeando a Ronald… el dinero es producto de chantaje, entonces dónde está la prueba, solo porque la Fiscal lo dice hay que creerle, tiene que existir pruebas”, detalla el abogado de Zamora.
“Me salgo de mi papel del MP y le digo, usted es el encargado de traerme las pruebas, eso no es así señor Juez, el MP tuvo que investigar y traer todas las pruebas… todos los hechos se deberán probar por cualquier medio de prueba permitido, cita la ley”, resaltó el abogado.
“Hay que investigar esos cintillos, el dinero no tenía cintillos, a pesar que había denuncia no hubo control, en cualquier sistema es criticado y no debe ser pasado por un juez… la Constitución en su artículo 24 nos garantiza a todos nosotros el secreto de las comunicaciones, la cual podrá ser levantada por orden de juez competente, ahora bien hagamos un paréntesis porque aquí hay un antecedente nefasto, ahora todo mundo va a poder grabar conversaciones esperando que si algún día en el futuro me pueda servir en el MP cuando sea acusado por algún delito para ver si obtengo beneficios”, resaltó el abogado.
El abogado defensor de Samari Gómez dice que esperaba que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche se presentara a la audiencia para “enseñarle” cómo funciona el sistema de justicia. pic.twitter.com/r5pYNIuC4u
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NO SE VALORA PRUEBA EN ESTA FASE
Previo a dictar su resolución, el juez Orellana advirtió que no se había valorado prueba, porque eso corresponde a la etapa del debate oral y público, mientras en esta fase inicial de primera audiencia únicamente se valoran indicios de la presunta comisión de algún delito.
EL “RAZONAMIENTO” DEL JUEZ
Según el juzgador se cumplió con la cadena de custodia de los objetos incautados, especialmente de los Q300 mil que supuestamente habría entregado Zamora al denunciante Ronald García Navarijo, pero no detalló cómo.
Orellana sostuvo que los diferentes indicios del MP se respaldan por otros medios de convicción, no solo por las declaraciones del denunciante, en relación a García Navarijo, para sustentar su resolución. No queda claro cuáles son esos otros elementos.
Agregó que “existe sospecha razonable, fundada que posiblemente se pudieron cometer delitos y pudieron participar los sindicados”.
Por lo tanto, razonó “es necesario que el MP realice una investigación complementaria como lo establece la ley, en donde se procesen los medios de convicción”. El plazo queda sujeto a las medidas de coerción que se establezcan y que se publicarán cuando el juez resuelva.
Finalmente resolvió ligar a proceso a Zamora por los posibles delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero u otros activos, mientras retiró el de Conspiración para el lavado, por considerar que se asociaba con el de lavado.
De la auxiliar fiscal, también la ligó a proceso revelación de información confidencial o reservada.
LA ACUSACIÓN DEL MP
El ente investigador señala que Zamora intentó blanquear Q300 mil, dinero que supuestamente entregó a Ronald García Navarijo para bancarizar y posteriormente se le entregara un cheque. Sin embargo, en declaraciones de Zamora el lunes 8 de agosto, indicó que el dinero era producto de una donación y que se reservará la identidad de las personas.
“Esos 300 mil son de gente prestigiosa, hoy me voy a reservar el nombre, pero van a venir a declarar, tengo que hablar con ellos, son empresarios destacados, honestos que sacaron de la banca nacional el dinero y ellos lo hicieron efectivo y me lo entregaron en efectivo, pero yo no suelo depositar efectivo en mis cuentas personales, ni las de elPeriódico”.
SOLICITAN SEAN LIGADOS A PROCESO
El MP, dirigido por Consuelo Porras, acusó a Gómez de trasladar información confidencial a Juan Francisco Sandoval, luego que este fue retirado de la jefatura de la FECI.
De acuerdo a la fiscal Cinthia Monterroso, Gómez como servidora pública trasladó la información de expedientes que se encontraban bajo reserva debido a que no existe condena ejecutoriada sobre el caso Arcas. El MP no ha explicado cómo se llevó a cabo este supuesto delito.
La fiscalía aduce que la información proporcionada a Sandoval era posteriormente comunicada a Zamora, quien utilizaba esto para “chantajear” a Ronald García Navarijo, quien denunció a ambos ante la FECI, actualmente dirigida por Rafael Curruchiche.
Monterroso cuestionó la declaración de Zamora expresada este lunes 8 de agosto, en el que mencionaba que los Q300 mil por los que se le acusa de lavado de dinero, ya que según la fiscal no existe documentación sobre el recibimiento del monto.
PEDIDOS DE PGN Y ABOGADO DEL DENUNCIANTE
En el caso del abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó que Zamora fuera ligado a proceso por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje y Gómez por la revelación de información confidencial.
Además, el abogado de García Navarijo y miembro de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla Ovalle, solicitó que la auxiliar fiscal además fuera ligada por el delito de abuso de autoridad; sin embargo, el juzgador no aceptó esta petición.
Zamora y Gómez fueron capturados el pasado 29 de julio, en este contexto, el MP realizó también un allanamiento en elPeriódico.
