Durante la entrega del octavo Informe de valoración del proceso electoral, Pablo Hurtado, integrante de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), señaló que la investigación que el Ministerio Público (MP) desarrolla en contra del partido político Movimiento Semilla debe ser reenfocado, ya que «la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada», no corresponde a las acciones para establecer cómo se constituyó la agrupación, pues es un caso meramente electoral.
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Hurtado declaró que en el tema en contra de Semilla se debe realizar y deducir responsabilidades basadas en «la investigación adecuada, proporcional y razonable a los hechos que se están investigando», y no deben ser relacionados con otro tipo de ilícitos ajenos al orden electoral.
En cuanto al uso de la Ley contra la Delincuencia Organizada que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), detalló que tiene una naturaleza diferente, por lo que no es aplicable a esta situación.
«No es un grupo criminal que se constituyó para cometer ilícitos, se está investigando un proceso de cómo se constituyó una institución de derecho público que es un partido político y que debe investigarse esos temas claros», enfatizó Hurtado.
Al desarrollar el caso «Corrupción Semilla» bajo el tratamiento de un grupo de delincuencia organizada, como un cártel o algo similar, para querer delinquir, se muestra que no está clara la aplicación de la razonabilidad, y ponen a la población en duda sobre las verdaderas intenciones de la investigación al darles este tipo de rumbos, según enfatizó Hurtado.
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TRES INVESTIGACIONES RODEAN EL PANORAMA ELECTORAL
Ante la incertidumbre que rodea el panorama electoral y el desarrollo de las investigaciones que cuatro fiscalías del MP realizan en contra de actores relacionados con los comicios, Hurtado explicó que para comprender las pesquisas se deben dividir en tres bloques.
En el primero se desarrolla una serie de acciones tanto judiciales, como investigativas, encaminadas hacia el partido político Movimiento Semilla, tanto en su conformación y la adherencia de ciudadanos de manera anómala.
El segundo bloque se conforma por las investigaciones que se actúan ante el cuestionamiento de los resultados obtenidos en las urnas, hablando del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), denuncias que fueron interpuestas por distintos partidos políticos.
La Misión de Observación Electoral de Guatemala, inicio la presentación del octavo informe de valoración del proceso electoral.
📸: José Orozco/LH pic.twitter.com/7MpYSHF69X
— Diario La Hora (@lahoragt) September 20, 2023
Por último, están las acciones de investigación en contra de las autoridades electorales, tanto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus dependencias, como de los órganos temporales que se hicieron cargo del proceso electoral; siendo estos los miembros de las Juntas Electorales Municipal (JEM), Juntas Electorales Departamentales (JED), y Junta Receptoras de Votos (JRV).
Hurtado enfatizó que estas investigaciones «amenazan la estabilidad democrática de Guatemala».
NO PUDO EXISTIR FRAUDE
Por su parte, Gustavo Berganza, director de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (Doses), señaló que las personas que han señalado la existencia de un fraude electoral, están «erradas», ya que para ello “más de 120 mil ciudadanos hubieran tenido que conspirar para que hubiera fraude electoral, señoras y señores, esa es una acusación injusta”.
El representante de Doses ante la MOE-GT enfatizó que ellos respaldan, con su trabajo, los resultados de las elecciones y pueden con ello asegurar que no existió el extremo que fue señalado por los partidos políticos.
Asimismo, Berganza declaró que se ha hecho de manera anómala la relación del enfoque con el que se investiga a Semilla, porque existen prohibiciones para actuar con la penal en caso de delitos electorales.
Afirmó que esto es señalado tanto por la Ley Electoral y de Partidos (LEPP) y la propia Constitución Política de la República de Guatemala. «Valorar hechos delictivos al proceso electoral en términos electorales con otra ley de menor rango», afirmó.
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DESTACAN JUDICIALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
La MOE-GT destacó que el proceso electoral 2023 se vio envuelto en una judicialización, desde la inscripción de candidaturas, que dejó afuera a tres postulantes a la Presidencia, como Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, el cual continuó hasta la oficialización de los resultados.
Según el informe de dicha instancia, la judicialización se evidenció en la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó efectuar una nueva revisión de escrutinios de actas, la cual «no está establecida en el marco legal electoral».
Asimismo, se detalló que durante el período entre la primera y segunda vuelta electoral, se registraron más de 90 acciones judiciales destinadas a restar credibilidad a los comicios.
Del total de acciones judiciales, la MOE-GT indicó que el «16.5 por ciento fueron amparos, 14.3 por ciento denuncias penales y querellas, y 8.8 por ciento solicitudes de informes del MP al TSE. Siendo la CC, el TSE, el MP y el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, las instituciones mayormente relacionadas con las inconformidades electorales».
