Por: Esdras Laz y Anaité Álvarez
El pasado sábado 22 de abril, el presidente Alejandro Giammattei, dio a conocer la decisión final sobre el destino de la autopista Palín-Escuintla, llegando al acuerdo de liberar el paso vehicular en la carretera.
La Hora contactó a expertos para comprender los posibles futuros escenarios de este tramo carretero y cómo perciben que la Dirección General de Caminos la administre.
A partir del 1 de mayo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC) tomará la administración del peaje de Palín-Escuintla, debido a que el 30 abril finalizará la concesión que se otorgó a la empresa mexicana Marhnos, S.A. lo que le permitió administrar el tramo carretero por un período de 25 años.
En sus declaraciones el mandatario subrayó el libre acceso de los vehículos dentro de este peaje. “Ya no habrá más cobro del peaje”, fueron sus palabras. Asimismo detalló que se emitirá un acuerdo gubernativo con el que se prohibirá el paso de vehículos de carga pesada por ese tramo.
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Al respecto del mantenimiento de la autopista, Giammattei señaló que se le dará prioridad y se trabajará en el mantenimiento como se ha trabajado con toda la red de carreteras del país; “como lo estamos haciendo en todas las carreteras”, declaró el Presidente.
El presidente hizo alusión a la finalidad del cobro del peaje, “se acabó la concesión y ya no hay contrato, lo que toca es devolver al pueblo de Guatemala, lo que muchos años le quitaron”, resaltó.
RONALD PELÁEZ: “LA AUTOPISTA ESTÁ LLEGANDO A LA MITAD DE SU VIDA ÚTIL”
El especialista en red vial del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Ronald Peláez comentó que existen dos aspectos que determinarán las condiciones futuras de la autopista, “primero, la administrativa; ya que todo depende de la gestión de cómo va a manejar la carretera el Ministerio de Comunicaciones, y segundo, el tiempo de vida que puede tener la vía en sí”.
Según su análisis, la conservación de la carretera dependerá, del mantenimiento que le den y el tipo de vehículo que transite, “todo depende del tipo de vehículos que permita Caminos circular, puesto que la ruta está diseñada para cierto tipo de vehículos que son livianos y al dejar transitar vehículos de carga pesada se creará un deterioro más rápido, ya que no está diseñada para ello”, comentó el experto.
Al respecto de las condiciones de la carretera, Peláez indicó: que “tengo entendido que la autopista está llegando a la mitad de su vida útil, estaríamos hablando de otros 15 a 20 años más, esos si se tiene el mantenimiento y la restricción cuadricular que tenía actualmente”.
También se le consultó, sobre si la autopista podría terminar como la mayoría de carreteras que tiene Caminos a cargo. “Es complejo saber, hablémoslo desde el sistema de experiencia de la actual infraestructura vial, la cual se encuentra en deterioro, desde ese punto podremos suponer que esta carretera puede llevar el mismo destino que las demás carreteras, esto a pesar de que existen impuestos sobre la gasolina para dar mantenimiento a las carreteras”, enfatizó.
Agregó que “el Estado tiene una gran oportunidad de gestionar una autopista, recordemos que el Estado como tal no gestiona una carretera con peaje actualmente, por lo que esta es una gran oportunidad para demostrar que se pueden administrar y tiene la capacidad de dirigir un proyecto así para bien”.
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Para finalizar, expresó que es recomendable que el Estado pueda contratar a otras empresas que se dediquen a dar los servicios de mantenimiento necesario para la carretera, ya que alargará la vida útil de la autopista.
ZAPATA: PRESIÓN POLÍTICA CON MAYOR PESO QUE POSTURAS TÉCNICAS
El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, expresó ante estas situaciones la presión política “hace un poco más de peso”, que las posturas técnicas.
“Definitivamente, es una muestra de que este tema de infraestructura no funciona y lo que va a generar es que tengamos una carretera en malas condiciones, es muy previsible que la infraestructura, al igual que todas las carreteras del país, va a perder su calidad y esto plantea la urgencia de un cambio de sistema”, indicó Zapata.
A su criterio, el próximo gobierno deberá volver a licitar ese tramo carretero, pero también la situación plantea que a largo plazo el sistema de infraestructura sea cambiado, ya que el actual no funciona.
Respecto a la decisión del gobierno de eliminar el cobro de peaje, Zapata aseguró que al circular el 100 por ciento de los camiones y tráfico habitual en 6 meses la carretera empezará a tener desperfectos y en un año ya estará como todas las demás.
“Por eso es tan importante el cambio de modelo donde existan contratos de cargo por disponibilidad porque de lo contrario no hay incentivos para tener la red vial en óptimas condiciones”, aseguró.
MEDINA: ES UNA DECISIÓN POLÍTICA – ELECTORAL
En ese sentido, Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) expresó que el problema no es sobre la decisión que tomó el gobierno, sino las repercusiones que va a tener a mediano y largo plazo, porque no estará el presidente actual sino que asumirá otro, “vamos a estar viendo los problemas más adelante”.
“Todo parece apuntar a que fue una decisión político electoral por el año en el que estamos, si lo vemos de forma general la idea no es tan descabellada, al contrario, puede ser una buena idea que los bienes sean completamente públicos, pero siempre y cuando haya una fuente de financiamiento, el problema es que no existe”, señaló Medina.
Según indicó, no hacer ningún cobro es una opción política, pero significa que para el mantenimiento el gobierno si va a necesitar recursos y debe de tener una fuente para financiarlo.
“El problema es que no está quedando ninguna fuente, entonces el miedo que tiene mucha gente es que no se le dará el mantenimiento apropiado, es lo que pasa en las carreteras de todo el país”, aseguró.
Por ello, Medina enfatizó que el Estado está obligado a darle mantenimiento a la red vial, en este caso, que un ente público cobrará el peaje para que con esos recursos se financiara el mantenimiento y que se dedicara a eso.
“Todos los que tenemos la oportunidad de salir en cierto momento nos damos cuenta, las carreteras están muy malas, lo mejor definitivamente era que no fuera un ente privado quien lo cobrara, pero sí un ente público y que lo obtenido se dedique eso”, expresó.
