Por Eder Juárez
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Luego que el Gobierno de Guatemala realizara una prueba para implementar el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), con la llegada al país del primer migrante hondureño solicitante de asilo, excancilleres señalan una serie de ilegalidades que comete el Organismo Ejecutivo al darle cumplimiento a dicho acuerdo.
El excanciller Gabriel Orellana asegura que hay que tomar en cuenta varias consideraciones, una es el artículo 30 de la Constitución, que establece el principio de publicidad de los actos de la administración y en este caso no se puede invocar ninguna reversa discreto-diplomático, porque este convenio ya Estados Unidos lo hizo público. En otras palabras, según Orellana, se perdió la supuesta secretividad que pudiera tener por disposición unilateral de una de las partes.
INCURRIERON EN DELITO
Orellana mencionó otro punto antes de analizar el auto de suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad son los artículos 183 literal k y 172 de la Constitución, en la que se establece que la obligación del Presidente es mandar al Congreso para su aprobación los tratados y convenios internacionales, no hace ninguna distinción.
“El Congreso debe recibir el convenio o tratado y calificar si le corresponde o no darle su aprobación, pero no puede el Presidente decidir, discrecionalmente si lo manda o no. Entonces aquí no hay vuelta de hoja el Presidente debe cumplir con la Constitución y si no lo hace incurre en delito precisamente por desacatarla. El Ministro de Gobernación y la Canciller, han incurrido en delito en el momento mismo en que ellos tenían la obligación de cumplir con lo que manda la Constitución y regirse a lo que manda la CC, que era enviar la copia de los convenios conforme se iban produciendo”, manifestó Orellana.
Además refirió que todo esto está demostrando aspectos que no deben perder de vista en el Derecho Internacional, uno, el tratado no está concluido porque no está integrado completamente en cuanto a documentos, “aparte Guatemala incurre en una práctica viciada y de fraude constitucional, como es realizar actos preparatorios de un convenio que no se conoce, y sin haber sido aprobado por el Congreso, es decir doble infracción constitucional. Aquí el Presidente le está jugando la vuelta completamente a la Constitución, abusando de su poder para comprometer a Guatemala, ingresando normas jurídicas al ordenamiento, cuando el único facultado para hacerlo es el Congreso”, señaló el abogado.
ES UN PRECEDENTE NEFASTO PARA GUATEMALA
Por su parte el excanciller Edgar Gutiérrez, dijo que hay que señalar que el Gobierno de Guatemala, desde que iniciaron estas negociaciones a principios de año, nunca las hizo públicas y se conoció el acuerdo porque vino de afuera, “es claro que se trata de una decisión trascendental que afecta la vida de la sociedad y sobre todo si se quiere recibir en Petén a los migrantes retornados, algo que tiene implicaciones para la sociedad”.
Según Gutiérrez, hay dos aspectos de carácter legal que pudieran invalidar la aplicación del acuerdo, “primero lo que se ha señalado de desobediencia a una resolución de la CC, referido al procedimiento de la aprobación de este acuerdo bilateral, y segundo se está aplicando sin haber sido publicado en el Diario Oficial, estos acuerdos adquieren categoría de Ley de la nación y tienen que ser publicados en el Diario Oficial, para que tome vigencia”, dijo Gutiérrez.
De acuerdo con el excanciller, no hay duda que se trata de “una grave transgresión de la Ley, que es reiterativa en el caso del Presidente y sus Ministros, y por supuesto un mal ejemplo a la ciudadanía, es un precedente nefasto para Guatemala, porque es pasar por encima de las Leyes y es debilitar aún más nuestro Estado de Derecho”.
