Marco Antonio Villeda, quien ha sido juez y es el actual ministro de Gobernación, confirmó a La Hora que analiza interponer recursos legales luego de que la discrecionalidad de la Comisión de Postulación se atrincherara en computar los años de experiencia profesional con un documento que en procesos anteriores no fue solicitado.
Villeda fue ponderado con 41.86 votos por los comisionados al no tomar en cuenta sus años de experiencia como juez, ya que cuatro días atrás, la Postuladora aprobó que a los aspirantes a fiscal general se les tomaran en cuenta los años de ejercicio a partir de su inscripción en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no con el colegiado activo por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), una propuesta que fue fuertemente defendida por la presidenta de la Corte, Claudia Paredes.
El ahora ministro de Gobernación integró la nómina en 2010, de la cual resultó electa Claudia Paz y Paz, y Villeda reiteró que para dicha ocasión aquella solicitud no fue un requerimiento, lo que afectaría el desempeño de algunos jueces, ya que para ejercer su labor en la judicatura no es obligatorio registrarse, a diferencia de quienes ejercen de manera liberal la abogacía y el notariado.
«La Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Judicial (LOJ) solo exigen dos requisitos: ser abogado y colegiado activo (…) Nosotros, los jueces, no podemos litigar ni ejercer como notarios, tenemos prohibición. En consecuencia, como yo toda la vida nunca he litigado ni he ejercido notariado, toda la vida he sido juez, nunca tuve la necesidad de inscribirme», señaló el pasado viernes, mientras la comisión aún discutía.
El caso también salpicó a algunos fiscales del Ministerio Público, como Abdi Ariel Guerra, otro implicado en la controversia que llamó la atención de la Comisión, quien presentó que su inscripción ante la Corte Suprema fue en 2022, pese a ejercer su profesión desde hacía años. El candidato Guerra resultó ser el peor ponderado en este proceso, con 18.84 puntos.
La Comisión de Postulación ha sido estricta en seguir el proceso y la tabla de gradación que ellos mismos aprobaron, aunque también demuestra la discrecionalidad con la que opera el proceso año con año, debido a las diferencias como esta, o incluso la recurrente discusión de incluir o no a jueces en la selección. Por el momento, existe una sentencia que los avala para participar, una resolución de amparo provisional que lo contradice y que deberá ser analizada nuevamente por la actual Corte de Constitucionalidad.
Villeda no sería el único que podría reclamar por bajas calificaciones, como la exmandataria de la extinta Cicig, Verónica Ponce, o el exmagistrado de la Corte, Carlos Humberto Rivera Carrillo. La secretaria de la Comisión, Patricia Gámez, advierte que el proceso de impugnación se da usualmente luego de integrar la nómina final.
