A un mes de asumir la Fiscalía General, Gabriel García Luna ha concentrado sus principales decisiones en reorganizar la estructura interna del Ministerio Público, revisar actuaciones heredadas de la gestión de Consuelo Porras y restablecer canales de cooperación internacional que permanecían deteriorados, de los cuales el único público ha sido con EE. UU.
Pasada la medianoche del 17 de mayo de 2026, García Luna asumió la jefatura del Ministerio Público (MP) tras la salida de Consuelo Porras, quien dirigió la institución durante ocho años. Aunque varias de sus acciones ejecutadas hasta hoy representan un cambio de rumbo respecto de la administración anterior, todavía no existen resultados concretos que permitan medir su impacto en investigaciones de corrupción, redes criminales o casos de alto impacto.
En resumen, según analistas consultados por La Hora, el primer mes de gestión ha estado marcado más por la reconfiguración institucional que por avances procesales visibles.
La llegada de García Luna estuvo acompañada por un gesto poco habitual en los últimos años dentro del MP. Horas después de asumir el cargo, ofreció una conferencia de prensa en la que respondió durante cerca de una hora preguntas sobre corrupción, criminalización, cooperación internacional, fiscalías cuestionadas y el funcionamiento interno de la institución. Durante esa comparecencia anunció varias de las medidas que terminarían definiendo las primeras semanas de su gestión.
La más relevante fue la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
La decisión afectó a una de las unidades más influyentes de la historia reciente del MP. También se comprometió a evaluar en una mesa técnica el futuro de los casos de corrupción o denuncia sobre el actuar del MP de Consuelo Porras, hasta ahora, no hay información acerca de esto.
AUDITORÍA A LA FECI
La FECI estuvo detrás de investigaciones que alcanzaron a expresidentes, ministros, diputados, particulares, contratistas y estructuras político-económicas. Sin embargo, en los últimos años acumuló cuestionamientos por los procesos impulsados contra jueces, fiscales, periodistas y operadores de justicia, así como por el cierre o estancamiento de investigaciones relacionadas con corrupción.
García Luna justificó la liquidación de la FECI debido a la pérdida de credibilidad de la fiscalía y ordenó una auditoría para revisar expedientes, actuaciones y resultados. Semanas después, la supervisión interna concluyó el proceso y abrió paso a la redistribución de los casos hacia distintas fiscalías especializadas. Los resultados no han sido comunicados.
Tres días después del anuncio llegó otro de los movimientos más significativos de la nueva administración ante la opinión pública: la salida de Rafael Curruchiche de la jefatura de la FECI.
Curruchiche dirigió la unidad desde 2021 y fue uno de los funcionarios más visibles de la gestión de Porras. Durante su paso por la fiscalía, en 2023, encabezó la arremetida en contra de los resultados electorales, lo que fue visto en Guatemala y el extranjero como un intento de golpe de Estado.
También inició casos contra periodistas, exfiscales y operadores de justicia. Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel por considerar que había socavado procesos democráticos y obstaculizado investigaciones sobre corrupción; 43 países más también lo sancionaron.
REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL
La salida de Curruchiche fue seguida por una serie de movimientos dentro de la institución.
Se produjeron cambios en fiscalías regionales y de sección, incluidos traslados en áreas como Corrupción, Crimen Organizado, Extinción de Dominio, Delitos Económicos, Narcoactividad y Extorsión. La forma en el cambio de Curruchiche fue criticada por algunos, entre ellos, Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación.
Algunos de esos cambios alcanzaron a funcionarios identificados durante años como parte del círculo de confianza de Porras, mientras otros permanecieron dentro de la estructura, aunque en cargos distintos.
Durante su primera comparecencia pública, García Luna también anunció la creación de una comisión para revisar expedientes de personas que aseguran haber sido víctimas de criminalización durante la gestión anterior.
La propuesta surgió en un contexto marcado por la salida del país de jueces, fiscales, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos que denunciaron persecución penal o temor a ser procesados. El fiscal general aseguró entonces que cualquier persona que considerara haber sido afectada podría solicitar una revisión de su caso.
TOMA DE DECISIONES EN CASOS CLAVE
En las semanas siguientes, el MP desistió de continuar el proceso promovido contra periodistas y columnistas de elPeriódico, un caso impulsado por la FECI a partir de publicaciones relacionadas con el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora. La decisión puso fin a un litigio que había sido cuestionado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y por distintas asociaciones de prensa.
Pocos días después, durante una audiencia relacionada con Jorge Santos, exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral, el fiscal Mario Veliz, asignado al caso, no se opuso al arresto domiciliario y dejó a criterio del juez la decisión sobre la aplicación de medidas sustitutivas. Finalmente, el togado concedió salir de prisión al exfuncionario.
RECUPERACIÓN DE RELACIONES CON EE. UU.
La última semana también estuvo marcada por una intensa actividad en materia de cooperación internacional.
Desde sus primeras declaraciones como fiscal general, García Luna sostuvo que delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y las estructuras criminales transnacionales requerían una coordinación más estrecha con otros países.
Esa línea quedó reflejada en una agenda de reuniones desarrollada en Washington junto con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Durante la visita, ambos funcionarios sostuvieron encuentros con representantes del Departamento de Justicia, agencias de investigación y autoridades vinculadas al combate del crimen organizado. El Departamento de Justicia informó que las conversaciones se centraron en el fortalecimiento de la cooperación para enfrentar redes de tráfico de personas, carteles y otras estructuras criminales.
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En el mismo viaje, García Luna recibió un reconocimiento de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en materia de seguridad y justicia.
Las reuniones tuvieron lugar después de varios años de distanciamiento entre el Ministerio Público y las autoridades estadounidenses. Desde 2021, Washington redujo considerablemente sus vínculos con la institución tras sancionar a Porras y a varios funcionarios de su círculo cercano por acciones relacionadas con investigaciones de corrupción y procesos democráticos.
FBI VOLVERÁ A COLABORAR
El lunes último, el ministro de Gobernación reveló otro dato que volvió a colocar la cooperación internacional en el centro del debate.
Según explicó, la Fuerza Vulcano del FBI abandonó Guatemala a finales de 2025 debido a la negativa y dificultades de coordinación con el MP de Porras durante la búsqueda de pandilleros fugados del sistema penitenciario.
Villeda aseguró que, tras las reuniones sostenidas recientemente con autoridades estadounidenses y la administración de García Luna, el equipo regresará al país durante julio para apoyar nuevamente las investigaciones.
GARCÍA LUNA LIBERÓ INFORMACIÓN DE SALARIOS
Otro de los cambios impulsados durante las primeras semanas de gestión estuvo relacionado con la información pública de la institución. A inicios de junio, el MP publicó los salarios y remuneraciones de sus principales autoridades, incluidos los ingresos que percibió la exfiscal general.
La información había permanecido bajo reserva durante años. Diversos medios de comunicación, entre ellos La Hora, habían solicitado —sin éxito— los datos sobre los salarios de las máximas autoridades del ente investigador.
Los registros revelaron que tanto Porras como algunos funcionarios de su círculo cercano llegaron a percibir ingresos superiores a los de un diputado del Congreso en determinados meses, debido a una combinación de salario base, bonos institucionales y pagos extraordinarios autorizados durante su gestión.
La Hora buscó conocer de primera mano la valoración del fiscal general sobre las decisiones adoptadas durante su primer mes de gestión y a qué estrategia responden. Al cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.
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PENDIENTES DE LA NUEVA GESTIÓN
Javier Urizar, abogado especializado en derechos humanos, considera que el principal cambio observado hasta ahora es el fin de la continuidad de la gestión anterior, aunque advierte que todavía es pronto para evaluar resultados de fondo.
“La barra estaba lo suficientemente baja que cualquier pausa a esa continuidad ya resulta favorable. Hay un cambio evidente porque ya no se observa una estructura de criminalización y de facilitación de impunidad y corrupción como la que se señalaba durante los últimos años”, afirma.
Urizar, sin embargo, considera que uno de los temas pendientes es la actuación frente a quienes dirigieron algunas de las decisiones más controvertidas del MP durante la administración anterior.
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“Quizá hubiera esperado una actuación más fuerte respecto de los responsables del intento de golpe de Estado, de la criminalización y de los abusos denunciados durante los últimos ocho años. Es una discusión que sigue abierta porque varias de esas personas continúan sin enfrentar consecuencias judiciales”, señala.
A su juicio, parte de esa cautela podría responder a la decisión de García Luna de evitar rupturas abruptas durante las primeras semanas de gestión. “Probablemente nunca iba a asumir una postura radical, e incluso es posible que eso haya influido en su elección. Pero una vez en el cargo, siempre existe la expectativa de que la justicia prevalezca sobre cualquier consideración política. En ese aspecto todavía hay asuntos pendientes”, agrega.
HABRÍA MÁS CONFIANZA
Una lectura similar, aunque con énfasis distintos, plantea Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), quien considera que las primeras decisiones adoptadas por García Luna comienzan a generar señales de confianza dentro de la institución.
A juicio del abogado, los movimientos realizados durante las primeras semanas de gestión “parecen ir del lado correcto”, ya que comienzan a reflejar “algún grado de confianza institucional” que podría traducirse en una mejora de las investigaciones y, en consecuencia, en decisiones más objetivas por parte del MP.
Sin embargo, sostiene que los principales resultados deberán observarse en los próximos meses. Según Orellana, el fiscal general debe depurar la institución y definir una línea de investigación criminal “imparcial y objetiva”, capaz de responder a las exigencias de la población.
“Los cambios que debe comenzar a mostrar a corto, mediano y largo plazo deben ir orientados a satisfacer a la población en su modo de proceder frente a cada caso, frente a cada presión que tenga, donde debe prevalecer la objetividad”, afirma.
“Sin ella, se pierde la confianza institucional y se vuelve a tener una institución que no respondería al valor justicia que tanta falta nos hace a los guatemaltecos”, agrega.
Las decisiones adoptadas hasta ahora han enviado señales en tres frentes: una revisión de estructuras cuestionadas durante la administración de Porras, una apertura hacia sectores que denunciaron criminalización y una recomposición de la relación con EE. UU. Sin embargo, permanecen abiertas interrogantes sobre los resultados de la auditoría a la FECI, el futuro de investigaciones emblemáticas y la capacidad del MP para recuperar credibilidad pública.
Los resultados de esas medidas sobre investigaciones de corrupción, crimen organizado y otros casos de alto impacto todavía forman parte de una etapa que apenas comienza. Por ahora, el primer mes de gestión deja una secuencia de decisiones centradas principalmente en el funcionamiento de la institución y en la conducción de algunas de las áreas que concentraron mayores cuestionamientos durante los últimos años.
