La elección del próximo jefe del Ministerio Público en Guatemala ha dado un giro abrupto. La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló este jueves la nómina de seis candidatos enviada al presidente Bernardo Arévalo y ordenó retrotraer el proceso hasta la fase de calificación, una decisión que abre la puerta a cambios sustanciales en la puntuación de los aspirantes y, en particular, amenaza la posición de uno de los perfiles mejor valorados: Gabriel Estuardo García Luna.
El tribunal constitucional otorgó un amparo provisional dentro del expediente 1926-2026 y resolvió que la Comisión de Postulación debe recalificar a todos los aspirantes mediante la tabla de gradación. El fallo, aprobado por mayoría de tres votos contra dos tras una discusión interna, cuestiona la forma en que se computó la experiencia de quienes han ejercido como jueces.
La resolución fija además un calendario acelerado: el presidente deberá devolver la nómina en un plazo de cuatro horas; la comisión contará con 48 horas para recalificar los expedientes; luego tendrá 24 horas para integrar una nueva lista de seis candidatos y remitirla de nuevo al Ejecutivo. Finalmente, deberá rendir un informe en un máximo de 12 horas en el que certifique el cumplimiento de lo ordenado.
El impacto de la decisión no es menor. La tabla de gradación utilizada originalmente otorgó puntos por años de ejercicio profesional como abogado, un criterio que ahora deberá ajustarse para quienes desempeñaron funciones judiciales. En ese grupo se encuentra García Luna, quien obtuvo una de las calificaciones más altas del proceso —86,21 puntos— y logró 10 votos a favor dentro de la Comisión de Postulación.
La decisión de la CC reabre cuestionamientos sobre los criterios aplicados desde el inicio del proceso. Bajo ese mismo razonamiento, la Comisión de Postulación dejó fuera a perfiles como el de Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio y Penal, cuya trayectoria se ha desarrollado íntegramente en la judicatura, pero que fue penalizado con una calificación de poco más de 40 puntos al considerar que ejercer como juez no equivale a ejercer como abogado.
Este precedente evidenció inconsistencias en la aplicación de la tabla de gradación que ahora la propia CC obliga a revisar.
Sin embargo, su trayectoria como juez —que abarca al menos ocho años— podría traducirse en una reducción significativa de su nota. Bajo el esquema cuestionado, esos años fueron valorados como ejercicio profesional; con la nueva interpretación, implicarían una resta aproximada de 16 puntos. De confirmarse ese ajuste, su puntuación caería de forma considerable y podría alterar su posición dentro de la línea de corte de 75 puntos.
García Luna, abogado y notario con más de 25 años de trayectoria, ha sido uno de los perfiles mejor recibidos por organizaciones sociales y sectores académicos. Su carrera incluye cargos como magistrado de apelaciones en Cobán y juez de sentencia en Mixco, además de su paso por la Junta de Disciplina Judicial, que presidió entre 2016 y 2023. Actualmente se desempeña como asesor penal en la Procuraduría General de la Nación y como docente universitario.
La decisión de la Corte reconfigura el tablero y obliga a revisar desde cero los méritos de todos los aspirantes.
Con el proceso nuevamente en manos de la Comisión de Postulación, la carrera por la Fiscalía General entra en una fase decisiva marcada por los tiempos judiciales y por una nueva disputa sobre los criterios que definirán quién encabezará la institución clave en la persecución penal del país.
