Después de mantener durante más de cuatro meses paralizado el proceso judicial por las supuestas irregularidades en la tramitación de los acuerdos de colaboración eficaz del caso Odebrecht, la controvertida Sala Tercera de Apelaciones Penal —vinculada al diputado Felipe Alejos— notificó el pasado lunes 9 de junio que ha fijado audiencia para el jueves 12 de junio a las 11 horas, en la que definirá si la jueza Judith Secaida continuará a cargo del caso.
La notificación llegó pocas horas después de que Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentara un remedio de queja ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el recurso, Sandoval solicita que se obligue a los magistrados de la Sala Tercera a resolver la recusación planteada contra la jueza Secaida desde octubre de 2023.
La coincidencia temporal ocurre solo una semana después desde que la Sala reactivó el caso tras asumir funciones que no le corresponden, según abogados, como la emisión de órdenes de captura.
La semana pasada, los magistrados giraron una veintena de detenciones, entre ellas contra Iván Velásquez, exjefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual embajador en el Vaticano de Colombia, exministro de la Defensa de aquel país y Luz Adriana Camargo, su excolaboradora y fiscal general del mismo país, así como exfiscales y otras personas.
LA SALA COMO ACTOR PRINCIPAL
La causa, que involucra a Sandoval, Velásquez, Camargo y otros exfuncionarios de justicia, se basa en acusaciones impulsadas por el Ministerio Público (MP) dirigido por María Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche que lidera la imputación.
El caso se remonta a 2018, cuando la FECI y la extinta Comisión develaron una red de sobornos por al menos 18 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Norberto Odebrecht a cambio de contratos de obra pública en Guatemala.
Entre los implicados figuran el exministro de Comunicaciones del Partido Patriota (2012-2014), Alejandro Sinibaldi, y el excandidato presidencial de Líder, Manuel Baldizón. Ambos fueron beneficiados con el cierre de ese caso, pero aún se define la definitividad en las cortes.
La jueza Secaida conocía el expediente hasta que fue recusada el 17 de octubre de 2023 por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez-Ruiz, quien también figura en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. por corrupción significativa. Desde entonces, la Sala Tercera debía resolver si procedía la separación de Secaida del caso. La audiencia estaba prevista para el 23 de enero, pero fue suspendida sin nueva fecha.
A pesar de que la recusación no había sido resuelta, la Sala asumió atribuciones que corresponden exclusivamente al juez contralor del caso, y giró órdenes de aprehensión contra múltiples personas, lo que ha sido calificado como un acto ilegal y de persecución política.
EL RECLAMO DE SANDOVAL
El recurso presentado por Sandoval —al que tuvo acceso La Hora a través de fuentes del Organismo Judicial— solicita a los magistrados Gustavo Morales Duarte, René Girón Palacios, Luis Corado Campos y Jenny Alvarado Tení, integrantes de la Cámara Penal, que exijan a la Sala Tercera un informe detallado y debidamente fundamentado sobre las razones de la parálisis procesal, y que ordenen el señalamiento inmediato de la audiencia para resolver el incidente de recusación.
En su escrito, Sandoval subraya que la inactividad de la Sala viola el derecho al debido proceso y al plazo razonable. Además, solicita que se advierta a los magistrados de la Sala Tercera sobre las posibles consecuencias legales de su actuación, al haber emitido resoluciones sustanciales mientras el expediente seguía estancado y en reserva.
La Sala Tercera de Apelaciones no ha pasado desapercibida desde que sus magistrados asumieron en octubre pasado, la última acción que se conoció fue que le otorgaron la libertad al abogado David Barrera, señalado en el más grande caso de defraudación fiscal de Guatemala por medio de empresas de cartón.
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