Caso Odebrecht: revés para Sinibaldi desde la CC; revoca amparo de la CSJ y debe ir a juicio

La Corte de Constitucionalidad (CC), según fuentes extraoficiales, ordenó que Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, enfrente juicio por su posible implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El máximo tribunal del país revocó el amparo provisional que había sido concedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en marzo de 2024, el cual beneficiaba al exfuncionario y confirmaba el cierre del caso en su contra.

Con esta resolución, Sinibaldi —quien también fue candidato presidencial y uno de los políticos más influyentes del desaparecido Partido Patriota— deberá comparecer ante un Tribunal de Sentencia, donde tres jueces determinarían su culpabilidad o inocencia en relación con la investigación que en 2018 reveló la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval.

RUTA DE IMPUGNACIÓN

En 2023, el exjuez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, cerró el caso contra el exministro, acusado de los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo (por presuntamente recibir sobornos) luego de que Sinibaldi lograra la anulación de los acuerdos de colaboración eficaz de tres testigos que lo habían delatado, y constituían buena parte de la acusación. La FECI, ya bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por 40 países por obstaculizar la justicia, respaldó la solicitud del exministro en torno a los acuerdos de colaboración.

Pese a haber respaldado inicialmente el cierre del caso, la FECI interpuso una apelación ante la Sala Primera de Mayor Riesgo, que resolvió revocar el fallo del juez Jiménez y ordenó que Sinibaldi fuera enviado a juicio por los tres delitos. El exministro reaccionó con un amparo ante la Corte Suprema que concluyó su mandato en octubre pasado, que lo favoreció al confirmar el sobreseimiento.

Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que tras una impugnación presentada por el MP, la CC resolvió ahora que Sinibaldi debe enfrentar un debate oral y público.

Sinibaldi ha logrado sortear a la justicia en varias ocasiones. Permaneció prófugo durante cuatro años y se entregó en 2020, cuando enfrentaba al menos cinco procesos por corrupción. Pasó tres años en prisión preventiva y recuperó su libertad. Ha conseguido el cierre de todos los casos en su contra, aunque las impugnaciones aún están pendientes de quedar en firme, como en este caso.

El caso Odebrecht en Guatemala forma parte de una red internacional de corrupción que salió a la luz con las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil y los procesos judiciales en Estados Unidos, donde se documentó el pago de sobornos por parte de la constructora en al menos 12 países de América Latina a cambio de contratos millonarios de obra pública.

Según la investigación de la FECI y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Odebrecht habría pagado sobornos a Sinibaldi a cambio de adjudicarse el contrato de ampliación de la carretera CA-2 Occidente. De acuerdo con la acusación, el exministro habría administrado al menos 17.9 millones de dólares provenientes de los sobornos, de los cuales habría recibido personalmente 9.3 millones.

DE ACUSADO A ACUSADOR

Tras entregarse a la justicia, Sinibaldi rindió una declaración testimonial ante Sandoval, entonces jefe de la FECI. En un documento de 41 páginas, detalló el entramado de corrupción que, según su testimonio, involucró a 108 exdiputados del Congreso de la República.

De acuerdo con esa versión, los legisladores aprobaron en 2012 un millonario proyecto de infraestructura a favor de Odebrecht a cambio de presuntos sobornos que iban desde Q250 mil hasta Q500 mil por voto para autorizar la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, valorada en casi Q3 mil millones.

Sin embargo, tras la destitución de Sandoval por decisión de la fiscal general María Consuelo Porras, vetada por más de 40 países del mundo, Sinibaldi amplió su declaración y denunció al propio Sandoval, a fiscales de la FECI y a exintegrantes de la extinta CICIG. A partir de esa denuncia, la FECI de Curruchiche abrió una nueva investigación bajo el nombre de “Acuerdos Fraudulentos”, en torno a los convenios de colaboración eficaz firmados con exdirectivos de Odebrecht en el marco del caso de corrupción.

El pasado 2 de junio, la Sala Tercera de Apelaciones —vinculada al sancionado diputado Felipe Alejos— emitió 26 órdenes de captura relacionadas con este caso.

La resolución de la Sala se basó en una serie de correos electrónicos y en una denuncia presentada por Sinibaldi. Como resultado, declaró en rebeldía a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, así como a Sandoval, Eva Siomara Sosa y David Gaitán, entre otros. Estos últimos permanecen desde hace años en el exilio, denunciando que el MP dirigido por Porras utiliza el proceso penal como un instrumento para perseguir a quienes investigaron casos de corrupción.