El caso que involucra al primo del expresidente Alejandro Giammattei, José Roberto Falla González, no presenta avances desde 2022 y se mantiene estancado. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), según explicó el Ministerio Público (MP), es la responsable del atraso para darle pie a un juez que decida si el familiar del exmandatario debe ir a un juicio.
La Fiscalía contra la Corrupción, entonces liderada por Stuardo Campo, señaló a Falla González y cuatro trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de recibir viajes y beneficios económicos a cambio de contratar los servicios de la entidad mercantil Electrónica Comunicaciones y Servicios Sociedad Anónima, pese a que “no eran necesarios” para la institución.
SIN AVANCES
El 18 de diciembre de 2020, la Policía Nacional Civil (PNC) reportaba la captura de cuatro exfuncionarios vinculados a una trama de posible corrupción durante 2018 en la CGC, incluido el primo del entonces presidente. Se trataba de Danilo Cruz Sagastume, Olga Mamertita Terre Acosta, Julio Alfaro Pineda y Falla González, quien en ese entonces fungía como director de la empresa en mención.
El primo de Giammattei fue detenido por el delito de cohecho activo, sin embargo, al ser puesto a disposición del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, la jueza Amparo Virginia de León le otorgó falta de mérito. Asimismo, decidió no abrir una investigación contra los otros tres sindicados.
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De esa cuenta, la Fiscalía contra la Corrupción presentó una apelación al considerar que sí existían los indicios suficientes para que los cuatro enfrentaran un proceso penal por los delitos imputados.
Para enero de 2022, la Sala Tercera de Apelaciones dio la razón al MP y revocó la falta de mérito otorgada a favor de los cuatro, incluido el primo de Giammattei. La Sala ordenó que quedara ligado a proceso penal por el delito de cohecho pasivo.
Sin embargo, dicha resolución fue apelada por Falla González, quien presentó una acción de amparo el 22 de febrero de 2022 en contra de lo resuelto por la Sala Tercera ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), «pretendiendo con dicha acción revertir la resolución», refirió el MP.
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CSJ MANTIENE PAUSA
«Actualmente, se encuentra pendiente de resolver dicho amparo ante la Corte Suprema de Justicia», indicó el ente investigador sobre la situación del proceso penal a este Diario y sobre cómo la Suprema, entonces presidida por Silvia Valdés, no dictaminó un fallo desde hace dos años.
Se trata del expediente 282-2022, que permanece en la Cámara de Amparo y Antejuicio, ahora presidida por la magistrada Elvia Ester Velásquez. En tanto, la CSJ es liderada por Oscar Cruz, quien es señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020.
De esa cuenta, la etapa intermedia en donde la Fiscalía presentará la acusación en contra de Falla González se mantiene en suspenso. En dicha audiencia un juez decidirá si Falla y los otros debe ir a juicio o si cierran el proceso a su favor.
La Hora preguntó a la Comunicación Social de la Suprema el porqué no han conocido el amparo que refiere el MP, pero al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo respuesta de la Unidad de Comunicación, como en ocasiones anteriores.
OTROS SEÑALADOS
En este caso se encuentra José Danilo Cruz Sagastume, por cohecho pasivo, fraude y abuso de autoridad en forma continuada; Olga Mamertita Terré Acosta por el delito de cohecho pasivo y Julio Rafael Alfaro Pineda, por los delitos de fraude y abuso de autoridad en forma continuada.
Al igual que Falla González todos promovieron una acción de amparo ante la CSJ. Sin embargo, Terré Acosta desistió del mismo y el pasado 21 de marzo se celebró una audiencia en la cual quedó ligada a proceso penal, como lo ordenó la Sala, por el presunto delito de cohecho pasivo.
EL CASO
La Fiscalía Contra la Corrupción señaló que a cambio de un proceso de adjudicación para la empresa Electrónica Comunicaciones y Servicios S.A., (de la cual Falla González era director), los tres trabajadores del área de informática de la Contraloría se beneficiaron de un viaje al exterior costeado por Falla.
Los funcionarios luego de ser beneficiados con dicho viaje generaron solicitudes de adquisición de bienes y servicios que no eran necesarios para la institución, pero que favorecían a referida entidad mercantil, según la tesis del MP.
Según la Fiscalía, en su momento la adquisición de los bienes fue aprobada por el entonces Contralor y exdiputado Carlos Mencos, por quien el MP solicitó el retiro de inmunidad, pero la Suprema rechazó el pedido y frenó que se le investigara.
