El Ministerio Público (MP) analiza la respuesta que dará a la carta que el presidente Bernardo Arévalo envió este viernes 19 de enero a la Fiscal General, María Consuelo Porras, en la cual solicitó una reunión y un informe detallado sobre cuatro aspectos que competen al ente investigador.
La invitación formal a Porras fue entregada a través del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y tendría lugar el próximo 24 de enero en el despacho del presidente a las 10:00 horas, según la información oficial.
La Hora consultó al MP y este indicó que se recibió comunicación en la cual se solicitó información respecto a diversos temas, por lo que se está realizando el análisis correspondiente para dar la respuesta oportuna que en derecho corresponde.
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ASPECTOS A TRATAR
En la misiva, Arévalo requirió un informe detallado de estos cuatro aspectos:
1. Avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de las órdenes de la CIDH. Estos procesos están relacionados con casos en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por denegación de justicia.
2. Criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa: Se requiere un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho humano a la libertad de expresión y prensa.
3. Investigación sobre la compra de vacunas COVID-19: Información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para una campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerando así el derecho a la vida.
4. Protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH: Detalles respecto del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales.
