Este 10 de enero, en medio de la crisis democrática y del proceso de transición que vive el país, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony Eulalio López, solicitó protección al Ministerio de Gobernación (Mingob) derivado de información sobre una orden encomendada que le atribuyo a grupos del crimen organizado para acabar con su vida.
La situación del magistrado López se suma al atentando que sufrió la magistrada de esa misma corte, Leyla Lemus, frente a su casa. Además de las medidas cautelares que la magistrada Irma Palencia solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Plan Colosio en contra del binomio electo conformado por el binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
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ORDEN DE ULTIMARLO
De acuerdo con un memorial que el magistrado envió al despacho del ministro de Gobernación, Byron Bor Illescas, fue informado por un personero de una Embajada acreditada en Guatemala acerca de la situación.
«La tarde de ayer (9 de enero), un personero de una Embajada acreditada en Guatemala (que por motivos de seguridad me reservo nombre y detalles), se comunicó conmigo, como parte del protocolo de dicha institución», se lee en el documento.
Según el funcionario, lo anterior fue para informarle que por medio de los métodos de investigación que dispone esa Embajada, «tenían noticia que en una reunión de grupos del crimen organizado, específicamente identificados como narcotraficantes, se dispuso una ordenanza para eliminarme físicamente».
De esa cuenta, el personero le hizo llegar la información «con el objeto de que tomara las medidas pertinentes para resguardarme y, al mismo tiempo, para que solicitara la protección personal correspondiente».
«El magistrado que no se alinea es el Rony López, por lo que hay que quebrárselo», consta en el memorial que remitió al titular de la cartera de seguridad.
PIDE PROTECCIÓN
López subrayó que «no se trata de una amenaza, sino de una ordenanza, según lo que me externó dicho personero; por lo que, atentamente solicito que se me brinde la protección correspondiente para resguardar mi vida y la de mi familia».
El magistrado destacó que el presidente de la CC, Hector Hugo Pérez Aguilera, y el Pleno de magistrados ya tienen conocimiento de lo expuesto y destacó que por ser magistrado suplente no goza de seguridad institucional.
«Por lo que le solicito, de acuerdo a sus posibilidades, brindarme esa protección gubernamental», pidió a Bor Illescas.
EN LA MIRA
La alta Corte fue blanco de críticas a nivel nacional e internacional derivado de sus resoluciones sobre las Elecciones Generales 2023 ante un intento de Golpe de Estado, por el que la Fiscal General, María Consuelo Porras, fue señalada por Arévalo meses atrás y luego la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional condenó por las acciones del Ministerio Público (MP).
Asimismo, cuentas de netcenter, quienes tienen información sobre procesos bajo reserva y publican las acciones que realizará el MP, han intimidado a los magistrados por medio de publicaciones para resolver acorde a los intereses de grupos que buscan evitar el cambio de mando y que Arévalo asuma.
La cuenta madre de los netcenters, como identificó el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, hace unos días indicó que el magistrado López debía inhibirse de conocer amparos relacionados con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Se buscó una postura del ministro de Gobernación Byron Bor Illescas, quien indicó estar fuera de su despacho para confirmar la recepción del documento, aunque adelantó que cuando reciben una solicitud de este tipo se asigna personal para protección de personalidades mientras se realiza el respectivo análisis de riesgo.
*Con información de Joel Maldonado*
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