En entrevista con Diario La Hora, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, quien presidió el proceso electoral 2023, confirmó que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) derivado de una serie de amenazas. Ahora busca una protección internacional ante la falta de garantías en el sistema de justicia guatemalteco.
La primera semana de diciembre del año pasado, la magistrada Palencia envió dicha solicitud en búsqueda de que la CIDH ordene al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para proteger su vida y seguridad. Entre los hechos que describió se encuentran tres seguimientos a su persona por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas y un vehículo sin placas.
La denuncia de la funcionaria se suma a la arremetida del Ministerio Público (MP), que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, en contra de los magistrados del TSE. Porras ha sido señalada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional de fraguar un intento de Golpe de Estado.
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AMENAZAS
La magistrada Palencia asumió la presidencia del TSE en agosto de 2022 y estuvo a cargo de las Elecciones Generales 2023, de las que resultaron ganadores como binomio presidencial Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Dichos comicios fueron judicializados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) MP y meses atrás Arévalo denunció a Porras como la autora intelectual de fraguar un rompimiento constitucional.
Las amenazas contra Palencia, de 58 años, y su familia iniciaron luego de la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio de 2023, por medio de un mensaje de texto a su número telefónico; sin embargo, refirió que prefirió no hacerlo público. «No le comenté ni a la prensa ni a los colegas (demás magistrados del TSE) porque pensé que dirían que yo estaba buscando protagonismo por las recientes elecciones«, mencionó.
La primera intimidación ocurrió en julio, según Palencia, pero para la segunda vuelta electoral, del 20 de agosto, los magistrados Blanca Alfaro y Gabriel Aguilera dieron a conocer que habían recibido amenazas por medio de mensajes de texto y entonces la expresidenta del TSE también reveló ser otro blanco de amenazas.
«El Ministerio Público me buscó dos semanas después, bueno no me buscó, envió una notificación sobre el número del expediente y me preguntó si deseaba ampliar la denuncia. Yo no tenía nada más que agregar«, dijo Palencia.
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PERSEGUIDA
La magistrada confió a este Diario que en tres ocasiones fue perseguida por vehículos. «Esta es la primera vez que se lo estoy comentando a alguien, aparte de mencionarlo en el memorial de las medidas cautelares que solicité a la CIDH«, destacó.
Palencia recordó que los hechos ocurrieron durante agosto y ella no se dio cuenta la primera vez, si no fue hasta que la seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) que la resguarda le comentó que habían logrado esquivar y perder a motoristas, quienes los estaban asechando. A partir de ese incidente, la magistrada le ordenó a los agentes que debían informarle de cualquier extremo sospechoso.
A los pocos días fue seguida por una segunda vez y de igual forma lograron perder a los motoristas. La tercera ocasión fue un vehículo sin placas quien los siguió al salir de la sede del TSE, ubicado en la zona 2 capitalina. «No siguió mucho, cambiábamos de ruta, de carril, virábamos y hacía exactamente lo mismo. Era un vehículo gris como el que usamos (vehículo oficial del Estado) sin placas«, detalló.
La abogada detalló que a finales de septiembre se reunió con los magistrados titulares y suplentes del TSE para trabajar en una solicitud de medidas cautelares a la CIDH, pero al final sus compañeros no se decidieron y solo dejaron el tema en el tintero. Ella, en cambio, ante las intimidaciones que padecía desde meses atrás, continuó con el proceso y finalmente en diciembre pidió la protección internacional.
SIN GARANTÍAS
En contra de Palencia recae un portafolio de antejuicios, que el MP presentó de forma ágil en menos de tres meses, para así iniciar una persecución penal en su contra, los pedidos alcanzan a otros magistrados del TSE y el 30 de noviembre, al filo de la medianoche, el Congreso de la República le retiró su inmunidad junto a otros tres por un primer caso.
Ahora el MP de Porras, señalado de perseguir a quienes se opusieron a sus acciones inconstitucionales, entre ellos los magistrados del TSE, tiene vía libre para echar andar un proceso penal por un supuesto fraude financiero en la compra del sistema de transmisión preliminar de resultados para las Elecciones Generales de 2023.
«Hay una denegación de justicia sistemática y una persecución política, no hay garantías en el sistema de justicia guatemalteco«, sostuvo Palencia y refirió que existen al menos siete acciones legales que interpuso en las distintas cortes del país, que aún no se resuelven.
La profesional del derecho considera que las acciones del MP tienen un doble propósito: «conspirar para desintegrar el Tribunal Supremo Electoral y atentar contra la libertad de los magistrados«, denunció Palencia.
Los 108 votos de los diputados que desaforaron a los magistrados no pasaron desapercibidos y al día siguiente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez, pareja del presidente Alejandro Giammattei. Además, el centenar de congresistas fue sancionado con el retiro de visa por «acciones antidemocráticas».
Por acciones antidemocráticas, EE. UU. retira visas a más de 100 diputados
De momento, Palencia se encuentra fuera del país, derivado de una licencia de 15 días que solicitó junto a los tres magistrados que perdieron la inmunidad. «Estamos dispuestos a someternos a una investigación, no hay nada que ocultar, lastimosamente no hay garantías que nos aseguren un debido proceso«, recalcó.
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ANTECEDENTES
El 24 de agosto pasado, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Arévalo y Herrera “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala”.
El equipo de seguridad de Arévalo tuvo información sobre el supuesto plan “Colosio”, que pretendía ultimar al presidente electo, cinco días antes de las votaciones que le dieron la victoria, y de esa cuenta plantearon la solicitud ante la Comisión.
“Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, se lee en la resolución.
En otro caso, el 20 de diciembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una sesión del Consejo Permanente, dio a conocer que la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus, sufrió un atentado frente a su domicilio, ubicado en la zona 1 capitalina.
La Hora reveló un video que registró el momento en que una patrulla de la PNC arde en llamas tras una aparente explosión en horas de la madrugada del 11 de diciembre. El hecho ocurrió en las afueras del domicilio de Lemus y supondría una intimidación directa.
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