Todos los actores involucrados en la persecución que se inició en contra del exjuez Carlos Ruano, figuran en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que nombra a personas públicas señaladas como supuestos «actores corruptos y antidemocráticos«. Ahora el funcionario se encuentra en el exilio y responsabiliza al sistema de justicia por la situación que afronta.
En esta Navidad, nuestro equipo de https://t.co/3vo3Yq9xin les desea momentos llenos de luz, paz y alegría. Que la magia de la temporada ilumine sus vidas y les brinde momentos inolvidables.
¡Felices fiestas para todos nuestros seguidores y lectores! 🎄✨ pic.twitter.com/bJMriwLEJg
— Diario La Hora (@lahoragt) December 24, 2023
El pasado 27 de septiembre, Ruano se sumó a una treintena de operadores de justicia que abandonó Guatemala, derivado de la denuncia que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) presentó en su contra por denunciar en 2017 a la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
En tendencia:
MÉNDEZ-RUIZ
Ruano desempeñaba su función como juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, en donde conoció varios procesos, incluido el que se siguió en contra de Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la exmagistrada, por el caso de corrupción denominado IGSS-Pisa.
El exfuncionario es el tercer juez que busca protección en el extranjero. Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la FCT, lo denunció en febrero de 2022 por supuestamente haber cometido delitos al haber grabado una conversación que sostuvo con Stalling seis años atrás.
Méndez-Ruiz fue sancionado en 2021 por supuestamente «retrasar y obstruir el proceso penal contra exfuncionarios militares que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores gubernamentales y no gubernamentales en casos de corrupción«.
STALLING
El 1 de septiembre de 2016, Ruano fue citado al despacho de Stalling, ubicado en el Palacio de Justicia. El hijo de la entonces funcionaria estaba en prisión preventiva y buscaba que el juez le otorgara arresto domiciliario, dijo el ahora exjuez, y agregó que esas eran las intenciones de la magistrada detrás de una reunión.
Ruano denunció a Stalling y en consecuencia la magistrada perdió su inmunidad, pero huyó para no ser detenida por las autoridades. Se mantuvo prófuga, y en febrero de 2017 fue capturada en una tienda de abarrotes, usaba una peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida.
La magistrada pasó más de un año y medio en prisión, y después se le otorgó una medida sustitutiva que le permitió salir de la cárcel.
Para junio de 2022, un juzgado resolvió cerrar el caso en su contra. De esa cuenta, tres meses después fue reinstalada a su cargo como integrante de la CSJ. Recibió Q5.7 millones en salarios y prestaciones dejados de percibir desde 2017.
Sin embargo, en 2021, Stalling fue sancionada por presuntamente estar «comprometida en corrupción significativa al participar en esquemas de soborno y de manera inapropiada para influir en el poder judicial«.
VALDÉS
El inicio de la persecución contra Ruano se avizoró desde internet. El 8 de febrero de 2022, Méndez-Ruiz, publicó en X (antes Twitter): “ahora es el turno del juez prevaricador Carlos Ruano. ¿Preso o prófugo? La FCT se hará cargo”.
La denuncia aseguraba que el ahora exjuez había grabado a la magistrada con el propósito de exponerla.
Ruano gozaba de inmunidad por la función jurisdiccional que desempeñaba, y de esa cuenta la denuncia fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entonces dirigida por Silvia Patricia Valdés.
Dicha instancia le dio trámite al señalamiento e inició el proceso de retiro de antejuicio del exfuncionario judicial, para así darle vía libre al Ministerio Público (MP) de iniciar una investigación en su contra.
Ruano responsabilizó a la CSJ de la encrucijada. Si bien la FCT presentó la denuncia, la Suprema fue copartícipe de las acciones en su contra, afirmó en una entrevista que dio a La Hora en septiembre pasado.
El 21 de diciembre último, Valdés fue sancionada por supuestamente «socavar los procesos o las instituciones democráticas al participar en un plan para apilar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelación con jueces corruptos», se lee en la sanción.
BREMER Y RIVERA
Un día después de que el exjuez, premiado por EE. UU. por su lucha en contra de la corrupción en Guatemala, anunciara que salía al exilio por “persecución política”, cuentas de Netcenter filtraron una orden de captura en su contra y horas después el MP confirmó tal extremo.
El MP denominó el caso de Ruano como “Persecución penal ilegal fase I”, en el cual el fiscal Noé Nehemías Rivera, de la Fiscalía de Asuntos Internos, solicitó al juez Décimo Penal B, Jimi Bremer, la orden de aprehensión en contra del exjuez por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica, acusación y denuncias falsas, y falso testimonio.
Otro de los sancionados más recientes es el fiscal Rivera, señalado de presuntamente «socavar los procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra los actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad«.
Al juez Bremer también lo alcanzó la sanción del Departamento de Estado de EE. UU., pero en julio pasado, es decir, cinco meses antes que a Rivera.
De esa cuenta, según las acciones legales emprendidas por el MP, Ruano pasó de ser víctima de Stalling a su victimario.
Tanto la CSJ como el MP, dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, avaló la tesis que presentó la FCT en defensa de la exmagistrada.
Otras Noticias:
