La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este 2 de noviembre que le retiró la inmunidad al diputado Aldo Dávila por una denuncia que presentó el exministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, quien de forma reciente fue sancionado por el Departamento de Estado en EE. UU. por supuestas acciones antidemocráticas durante su gestión.
El 2 de febrero de 2023, el Organismo Judicial (OJ) informó a Pimentel que la CSJ dio trámite al proceso de retiro de antejuicio contra el congresista por el supuesto delito de discriminación.
HECHOS
En febrero, La Hora consultó con Comunicación Social de la cartera de Energía y Minas sobre cuál era la causa de la denuncia y respondió con un video de septiembre de 2022, cuando este se presentó a una interpelación al Congreso.
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Según Pimentel, durante su visita, Dávila habría cometido delitos en su contra como «calumnias e injurias”.
El exministro sostiene que Dávila lo ofendió y de esa cuenta busca defenderse «de esas calumnias acudiendo a los órganos jurisdiccionales y estoy confiado que después de una investigación el órgano jurisdiccional podrá ver que efectivamente esos delitos fueron cometidos”, mencionó en dicha oportunidad.
Por su parte, el diputado Dávila comentó que todas las denuncias presentadas por los Ministros del presidente Alejandro Giammattei son políticas y espurias. Según el congresista, se trata de una persecución política y se considera un perseguido político del régimen del Presidente, el cual buscaría callar la fiscalización y mediación del parlamentario.
SANCIONADO
El pasado 31 de octubre, el Departamento de Estado designó como personas no elegibles para ingresar a territorio norteamericano al denunciante de Dávila, Pimentel y dos funcionarios más por «actos significativos de corrupción».
De acuerdo con el gobierno norteamericano, los tres funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei habrían aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas.
«Sus acciones corruptas socavaron el Estado de Derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala», explicó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
