En 1993, la Corte de Constitucionalidad (CC) mantuvo el orden constitucional en Guatemala al declarar ilegales las medidas temporales que dictó el gobierno del entonces presidente Jorge Serrano Elías. Las acciones fueron calificadas como un Autogolpe de Estado, y finalizó con su abandono al cargo.
Ahora, 30 años después, el máximo tribunal se encuentra en una situación similar ante la amenaza de un desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas, que a palabras de expertos consultados se fragua desde el Ministerio Público (MP) con ayuda de un Juzgado Penal y no desde los cuarteles como de forma convencional ocurre.
El MP de la Fiscal General María Consuelo Porras investiga un caso que pondría en entredicho los resultados de la primera vuelta electoral que permitió a Bernardo Arévalo, presidente electo, pasar al balotaje y así ganar los comicios.
A eso se deben los señalamientos de miles de ciudadanos que acusan a Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, como al juez Fredy Orellana de pedir y emitir resoluciones que contravienen la Constitución, según las demandas populares. ¿Qué hará la CC del 2023? Analistas y abogados explican qué deberían de hacer.
CC MANTUVO ORDEN CONSTITUCIONAL
La crisis política que azota al país no se aleja de lo que se vivía aquel 25 de mayo de 1993, masivas protestas se desarrollaban cuando Serrano disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las dos Procuradurías y la CC con la excusa de «iniciar un proceso de depuración y recuperación del Estado», todo en un supuesto “marco legal”.
Serrano dio el Autogolpe por medio de un acuerdo gubernativo denominado “Normas Temporales de Gobierno” en el cual restringió varias garantías y censuró a la Prensa. El Diario La Hora logró su circulación por una manifestación de periodistas que respaldaron a su entonces director y ahora presidente, Oscar Clemente Marroquín.
Ese mismo 25, la CC salió al auxilio de la depuración ilegal de Serrano, que de forma posterior fue conocida como “el Serranazo”. El Máximo Tribunal Constitucional, también disuelto, declaró inconstitucional el decreto de Serrano y, según la resolución, los actos de Serrano transgredieron artículos constitucionales y representaron el rompimiento del orden constitucional, por lo que fueron declarados nulos “ipso jure”.
En 1993, la CC nos mantuvo en una democracia: ¿Qué hará la CC de 2023?
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 28, 2023
Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, quien integró la plenaria de la CC como magistrado suplente en 1993, recuerda que junto a los otros seis de los togados tenían una única obligación: preservar el orden constitucional, y así lo hicieron.
«Nuestra mayor discusión fue si podíamos actuar de oficio o bien si teníamos que esperar al día siguiente a que alguien presentara una acción legal en contra, pero ganó la tesis de actuar de oficio porque éramos los defensores de la Constitución», indicó Rohrmoser.
La actual CC es señalada de ser inoperante, el actuar de oficio para enmendar los agravios al país es uno de los reclamos. La Hora preguntó al exmagistrado si la Corte debe actuar de oficio a lo que respondió: «Es como que yo le diga a un policía que se está cometiendo un robo en sus narices para que haga algo, se entiende que debe accionar», comparó.
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FALTA DE INDEPENDENCIA
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista y catedrático universitario, coincide con Rohrmoser en que la actual Corte tuvo que actuar de oficio ante el peligro del rompimiento constitucional. «Esta magistratura, como le llaman ellos, no se preocuparon jamás de deducir responsabilidades», señaló.
¿A qué se debe esto? Orellana considera que hay un factor importante que diferencia la Corte de 1993 y la de 2023: la independencia. «En aquella época había una sana distancia entre los magistrados y el Ejecutivo para comenzar», comparó con la situación actual.
La VIII magistratura de la CC está conformada por cinco magistrados titulares y auxiliares. La elección se hizo desde el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y la Universidad de San Carlos (Usac), cada uno los nominó de diferente forma e iniciaron su período en abril de 2021.
En ese sentido, el constitucionalista explicó que los magistrados actuales responden a la «afinidad política» de los poderes que los designaron al cargo. «Las condiciones son radicalmente diferentes y se ve que guardan más lealtad a su interés que al propio juramento de proteger la Constitución de la República», evidenció.
Orellana recordó la resolución de 1993 en donde los magistrados nombrados por el Organismo Ejecutivo no participaron para conocer la resolución que frenó el Serranazo. «Yo tengo la sospecha que en ese entonces no participaron por afinidad ideológica, sino por cierta condescendencia con quien los había nombrado, que tampoco es lo más prudente o aconsejable», dijo.
El jurista señaló que la actual Corte no está resolviendo acorde a los tiempos procesales, sino a tiempos políticos con otros intereses. «Han sido demasiado complacientes con el Ejecutivo», señaló Orellana al poder que dirige el presidente Alejandro Giammattei.
NO ESTÁ A LA ALTURA, DICE SAGASTUME
«Usted me pregunta por la CC. Hubo épocas en que jugó un papel importantísimo para Guatemala, ahora me da vergüenza lo que están haciendo, eso no es un Tribunal de alto nivel», esas fueron las palabras que dijo Marco Antonio Sagastume Gemmell, expresidente del CANG, cuando este Diario le consultó sobre el rol que desempeña la Alta Corte del país.
Sagastume Gemmell refiere que esta es la resulta de una «cooptación del Estado» a manos de las élites del país y poderes políticos incrustados desde hace ya años. «¿Cómo fue cooptado todo esto? El señor presidente de la República se lo puede informar», esbozó una pequeña risa al decirlo.
El Gobierno de Alejandro Giammattei ha sido señalado de controlar las instituciones del Estado, desde las Cortes, el rector de la Usac, el Procurador de los Derechos Humanos, el Contralor General, el MP y los Juzgados y Tribunales del país, posicionando así a actores que respondan a sus intereses, según ha documentado La Hora.
«No hay credibilidad en el sector justicia. Se están vulnerando varios derechos de los ciudadanos guatemaltecos porque no están defendiendo la democracia ni el Estado de Derecho», concluyó el expresidente del CANG.
EL ORIGEN DE LOS MAGISTRADOS Y SU ROL EN LA DEMOCRACIA
El trabajo de La Hora titulado como: «CC: el origen de los magistrados y su rol en la democracia» explica que la Corte tiene la responsabilidad de encauzar el orden constitucional en medio de la crisis política que azota a Guatemala.
En la publicación, expertos consultados mencionan el origen de quienes designaron a los magistrados deja entrever a qué actores y sectores afines al oficialismo responden las resoluciones que ahora tienen que ver con el proceso electoral.
CRISIS POLÍTICA
En Guatemala suman más de 25 días de manifestaciones y bloqueos intermitentes que limitaron a millones, aunado a un paro convocado por organizaciones indígenas, entre ellos los 48 Cantones de Totonicapán. Con estas medidas se exige la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.
El rechazo ciudadano incrementó hace unas semanas cuando, a finales de septiembre, el MP secuestró las actas electorales 4 y 8 originales, que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en junio.
Para eso se efectuó un allanamiento que inició el 29 de septiembre y duró 19 horas. Terminó en un forcejeo entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los primeros querían llevarse las actas y los segundos impedir esa acción.
Los 48 Cantones de Totonicapán mantienen su postura de continuar con el paro , y en sus últimas declaraciones han indicado que no piensan retroceder en estas acciones. Por su parte, el MP fijó una postura: Porras no dimitirá al cargo.
Varios abogados y agrupaciones sociales han accionado ante la CC para que se frenen las acciones. Sin embargo, ninguna de las acciones legales ha presentado frutos y de esa cuenta, la ciudadanía continúa reclamando la renuncia de Porras y que se respete la democracia.
Bernardo Arévalo, presidente electo impulsado por el partido Movimiento Semilla, en conferencia de prensa denunció un intento de Golpe de Estado y en concreto señaló a los actores antes mencionados. El progresista aseguró que se ha puesto en marcha un plan «para romper el orden constitucional y violentar la democracia».
📌 Arévalo denuncia intento de Golpe de Estado y hace llamado a guatemaltecos
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 1, 2023
MOLINA BARRETO VE A MEDIOS MÁS RESPONSABLES QUE AL MP POR SITUACIÓN ACTUAL
En contraste, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, en una entrevista radial en Emisoras Unidas indicó que los medios de comunicación son responsables de la crisis política que vive Guatemala.
Tras la entrevista y estas afirmaciones, La Hora se contactó con él para cuestionar sus palabras, pero no contestó la interrogante. En su lugar, envió el link en el cual se encuentra la conversación que sostuvo.
Por este tema, La Hora consultó a Molina Barreto: ¿desde su visión, los medios de comunicación son más responsables de la situación que se vive en el país, que el Ministerio Público (MP)?, no obstante, se limitó a decir, «por ahora no gracias».
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En esa misma entrevista, Molina Barreto aseguró que «no hay nada que impida la transición el 14 de enero», fecha en la cual el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumirá como jefe del Organismo Ejecutivo, en sustitución de Alejandro Giammattei, quien dejará el mando.
«Ni un órgano jurisdiccional, entiéndase tribunales, tiene ninguna facultad de anular un proceso electoral. Todo eso está en manos de un Tribunal Supremo Electoral, que, creo, a veces no entienden que son Tribunal Supremo Electoral y que hay actos u omisiones que pueden estar mal«, apuntó.
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