El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, en una entrevista radial aseguró que «no hay nada que impida la transición el 14 de enero«, fecha en la cual el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumirá como jefe del Organismo Ejecutivo, en sustitución de Alejandro Giammattei, quien dejará el mando.
En horas de la mañana de este jueves 26 de octubre, Molina Barreto habló sobre el proceso electoral en una entrevista que concedió a Emisoras Unidas, en la cual fue abordado ante los señalamientos de varios sectores de la sociedad, acerca de la existencia de una estrategia para que el proceso electoral recién pasado sea anulado, lo cual implica que no se respete la voluntad popular.
NO PUEDEN IMPEDIR TRANSICIÓN
El magistrado del máximo tribunal aseguró que «no hay nada que impida que haya una transición el próximo 14 de enero, no hay nada«. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en esa fecha tiene que finalizar la actual administración gubernamental e iniciar la siguiente.
«Ninguna fiscalía tiene la facultad de anular un proceso electoral«, respondió Molina Barreto sobre lo que han advertido distintos sectores de la sociedad, los cuales señalan a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de ejecutar una estrategia para impedir que Arévalo asuma como mandatario.
Una respuesta similar dio al referirse a la intervención del Juzgado Séptimo Penal A, en el caso. Ese despacho conoce el expediente 01079-2023-00231, que la FECI impulsa en contra del partido político Movimiento Semilla, en el cual también figuran las acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los comicios.
«Ni un órgano jurisdiccional, entiéndase tribunales, tiene ninguna facultad de anular un proceso electoral. Todo eso está en manos de un Tribunal Supremo Electoral, que, creo, a veces no entienden que son Tribunal Supremo Electoral y que hay actos u omisiones que pueden estar mal«, dijo.
En ese sentido, Molina Barreto explicó que cuando «hay actos u omisiones de cualquier organismo, es cuando es posible que sea activada la Corte de Constitucionalidad, que no debe ser invasora de funciones«, refirió.
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PROTESTAS
Durante las últimas semanas, la ciudadanía ha señalado a la CC de no actuar para poner fin a las acciones que son consideradas como parte de una estrategia para generar un rompimiento constitucional.
Los miles de ciudadanos que salieron a las calles a manifestar por la situación, consideran que la Fiscal General, María Consuelo Porras, supuestamente fraguó un Golpe de Estado originado desde el MP.
Las protestas se agudizaron desde el lunes 2 de octubre pasado, días después que la FECI efectuó un allanamiento en la sede central del TSE, el cual finalizó con el secuestro las actas electorales 4 y 8 originales, que resguardan la pureza del proceso electoral y la sumatoria de los resultados de los votos de la primera vuelta de los comicios, del pasado 25 de junio, en la cual se declaró a Arévalo y a Sandra Torres como los candidatos que se iban a enfrentar en el balotaje, el cual ocurrió el 20 de agosto último.
Arévalo denunció de forma pública a Porras, y a los fiscales Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, y Cinthia Monterroso, ahora fiscal regional de nororiente, así como al juez Fredy Orellana.
Según el presidente electo, ellos se habrían asociado para impedir que él asuma el poder, en enero del próximo año, con su compañera de fórmula, Karin Herrera, vicepresidenta electa.
Ante esos hechos, desde julio, tras el anuncio de que la FECI investigaba a Semilla, la ciudadanía salió a las calles para defender la democracia y el voto.
El 12 de julio último, Curruchiche dio a conocer las acciones que su oficina efectuaría, las cuales fueron avaladas por Orellana.
