Cinco señalados por destrozar el Monumento al Bicentenario, ubicado en la Plaza Central, recuperaron su libertad a cambio de una fianza de Q300. Se trata de supuestos infiltrados detenidos el lunes 9 de octubre durante la jornada de manifestaciones que exigen la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras.
Tommy David Estanli Ramazzini Ortiz, Glaver Alexis Gramajo García, Rocael Antonio Fuentes González y Dulce Alejandra Pivaral River fueron procesados por los delitos de robo agravado y depredación de bienes culturales.
A José Manuel Ochoa Pérez se le señaló por un delito más, el de desorden público. Según la pesquisa, la Fiscalía del Distrito Metropolitano les responsabiliza de escandalizar, alterar el orden público, crear disturbios y sustraer varios objetos del Museo de la Plaza Bicentenario de la Municipalidad de Guatemala.
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Como medidas sustitutivas se les impuso la prohibición de comunicación entre ellos, prohibición de participar en reunión o manifestación como en la que fueron aprehendidos, obligación de presentarse al Juzgado Primero Pluripersonal de Paz de Guatemala cada 15 días y una fianza de Q300.
Los presuntos infiltrados provocaron que el último 9 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) lanzara bombas lacrimógenas en contra de los manifestantes que desde horas antes se encontraban en la Plaza de la Constitución. Ese hecho logró que se dispersaran quienes gritaban consignas.
El director de la Policía, Edwin Ardiano, ofreció una disculpa pública por la situación y aseguró que el alto mando de la institución no dio ninguna orden para actuar de esa manera. Se dieron instrucciones para investigar al jefe de la Comisaría 11, quien se encontraba a cargo.
EN OTRO CASO, BUSCABAN MÁS FIANZA
En otro caso, el 17 de noviembre de 2021, una jueza giró una orden de captura contra tres jóvenes por pintas realizadas en el Congreso de la República, durante la manifestación del 21 de noviembre de 2020 que rechazaba el presupuesto aprobado para el próximo año.
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En esa ocasión, Nanci Sinto, Juan Francisco Monroy y Dulce Archila fueron puestos a disposición de un juez. En su caso se les otorgó una medida sustitutiva por una caución económica de Q5 mil de fianza. La Fiscalía solicitó que fueran Q25 mil.
Para junio de 2022 un Juzgado cerró el proceso en contra de los tres jóvenes al asegurar que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes. Sinto y Archila aseguraron que su detención era parte de una «criminalización para que la ciudadanía no manifestara, una táctica de represión y de infundir miedo».
No obstante, un recurso legal interpuesto por la Fiscalía, el Congreso y la Procuraduría General de la Nación (PGN) reactivó el caso y ahora están próximos a defender su inocencia en un juicio. Organizaciones civiles sostienen que el caso busca acallar a los ciudadanos que se expresan contra el Gobierno.
