Derivado de un allanamiento que el Ministerio Público (MP) desarrolló en la casa de los padres del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el grupo Netcenters que funciona en la red social X inició a propagar señalamientos en contra del exfuncionario, los cuales fueron desmentidos por el órgano encargado de la persecución penal.
Según el ente investigador, las acciones se desarrollaron en búsqueda de evidencias por la investigación de un nuevo caso denominado Persecución Penal Ilegal Fase I, que se refiere a supuestos actos ilegales que habrían perjudicado a la magistrada Blanca Stalling, quien fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos.
MP DESMIENTE A NETCENTERS
Según publicó el usuario «¡Yes, Master!», la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio de la casa que es propiedad de la familia de Sandoval, la cual es habitada por sus padres; mientras que «Eriol» indicó que también se iniciaría una investigación por lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades, en el inmueble se localizaron tres armas de fuego y Q40 mil, de los cuales no se pudo justificar su procedencia.
Según el Netcenter, el dinero en efectivo posee el mismo correlativo de los billetes de Q122 millones que fueron localizados en un inmueble vinculado al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, los cuales decomisó la FECI cuando Sandoval la dirigía.
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Este diario consultó con Comunicación Social del MP sobre ambos señalamientos a los que indicó son falsos, ya que aún no se establece ninguna hipótesis. «No se ha determinado que tenga relación con ello ni se ha iniciado expediente de extinción de dominio», precisaron
De acuerdo a declaraciones de Sandoval a La Hora, el dinero era un ahorro para la universidad de su hermano.
ARMAS TIENEN REGISTRO
El miércoles 30 de agosto pasado, Sandoval publicó en sus redes sociales: «Consuelo Porras (fiscal general y jefa del MP) robó Q40 mil a mis padres, lo que les servía para sus gastos. Se robó el arma de fuego de mi padre y las de mis hermanos, que tenían su respectiva tenencia al amparo del (artículo) 38 constitucional (algo que no comparto, pero es lícito)».
En ese sentido, el MP confirmó que en efecto las armas tienen registro, pero fueron incautadas porque «son hallazgos dentro del allanamiento».
«Luego se les hace un peritaje para descartar que tengan vínculo a algún hecho criminal, por lo que al descartarse, se procede a su devolución», explicó el ente investigador.
EL CASO
El allanamiento en la vivienda de la familia del exjefe de la FECI tiene relación a una denuncia que en su contra presentó la magistrada Blanca Stalling, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien lo señaló por supuestamente haber desarrollado una investigación ilegal en su contra.
Junto a Sandoval son señaladas Eva Siomara Sosa, exsubjefa de la FECI, y Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en contra de quienes se libraron órdenes de captura.
#LaHoraDeActualizarnos | El #MP señaló a La Hora, que realizaron una inspección en el lugar con apoyo de la Unidad Antiexplosivos de la #PNC. Los detalles en este enlace 👇 https://t.co/RxgA9bKNdT pic.twitter.com/Kado070uue
— Diario La Hora (@lahoragt) August 31, 2023
Solo González fue aprehendida. Dijo que las acciones en su contra tienen relación a que ella se quedó en el país y lleva la defensa de otros exoperadores de justicia que también son perseguidos por su trabajo en materia anticorrupción.
La investigación que está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos, señala que Sandoval, Sosa y Orellana supuestamente incurrieron en el delito de abuso de autoridad.
Se presume que: «Abusando de sus cargos, realizaron actos ilegales en perjuicio de la administración pública y de otro funcionario público, específicamente de la magistrada Blanca Stalling».
El hecho generó reacciones de funcionarios de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos, que coincidieron al indicar que se trata de una persecución política en contra de exoperadores de justicia.
