El pasado lunes 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos (RC), un órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió provisionalmente la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, en cumplimiento de una orden judicial dictada por Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal A. De esa cuenta, en entrevista con La Hora, Juan Gerardo Guerrero Garnica, fiscal nacional de la referida agrupación, dijo que el juez habría utilizado de manera «maliciosa» la Ley contra la Delincuencia Organizada, en donde se establece la sanción que les fue impuesta.
Guerrero Garnica aseguró que la acción en contra de Semilla es fraude de ley por parte de Orellana, y afirmó que esto ocurrió en alianza con el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la cual solicitó la orden de suspender al partido durante el desarrollo del proceso electoral, que estaba pendiente de que se oficializaran los resultados de la primera ronda de los comicios.
Semilla: Juez aplica de forma maliciosa la ley de delincuencia organizada en un tema electoral
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 30, 2023
La resolución judicial de suspensión provisional de Semilla se dio a conocer por parte de Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, el pasado 12 de julio, horas antes de que el TSE declarara la validez de la primera vuelta electoral, realizada el 25 de junio último.
Mientras que el pasado lunes 28 de agosto, cuando el órgano electoral oficializó los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial, desarrollada el pasado domingo 20, ocurrió un hecho similar: horas antes de eso, Ramiro Muñoz, director del RC anunció que se había cumplido con lo ordenado por Orellana.
A las 18 horas del lunes último, el pleno de magistrados del TSE dio una conferencia de prensa en la cual informó que el sociólogo Bernardo Arévalo y la científica Karin Herrera habían ganado el balotaje, y por esa razón que ganó Semilla y adjudicara los cargos de presidente y vicepresidente electos al sociólogo Bernardo Arévalo y a la científica Karin Herrera.
Expertos en derecho constitucional y organizaciones internacionales han condenado las acciones del MP que dirige la fiscal general María Consuelo Porras. Una de las voces que se pronunció fue la Organización de los Estados Americanos (OEA), que convocó a una sesión este jueves 31 de agosto.
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FRAUDE DE LEY
Guerro Garnica, también secretario general adjunto IV y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén) que ganó la reelección, concretó su participación en Semilla en 2017, pero estuvo relacionado al partido con anterioridad, de manera esporádica durante las manifestaciones masivas de 2015, en las cuales se exigió la renuncia de los entonces presidente y vicepresidenta Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.
Muñoz, hasta el pasado lunes 28 de agosto, se había negado a suspender la personería jurídica de Semilla, como lo ordenó Orellana el 12 de julio, cuando Curruchiche informó sobre un nuevo caso que involucraba al partido, por supuestas ilegalidades cometidas en 2018, durante la formación de la agrupación.
«Es un fraude de ley», sostuvo Guerrero Garnica a este diario, y explicó el entramado detrás de los ataques al partido. «El 25 de junio, Semilla da la sorpresa que pasa a segunda vuelta y comienza una narrativa de fraude electoral, pero cuando se les cae el show son el Juzgado Séptimo Penal y el Ministerio Público los que empiezan un ataque contra nosotros», dijo.
Semilla cataloga estas acciones como un ‘lawfare’. «La judicialización del proceso electoral y de un partido político, pero aplicando leyes que no son las que se deben aplicar. De forma maliciosa se está aplicando un fraude de ley», subrayó el dignatario.
Guerrero explicó que están usando la Ley contra la Delincuencia Organizada y Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. «Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y la fiscal general (María) Consuelo Porras pretenden usar estas leyes para decir que creamos una estructura criminal de lavado de dinero», dijo.
La FECI de Curruchiche asegura que Semilla afilió a más de 10 personas fallecidas en sus listas para la formación de partidos políticos. Además, señaló que habría más de 5 mil supuestas firmas falsas. Por su parte, la agrupación asegura que es una «clara persecución política, ya que somos un partido de oposición que lucha contra el status quo».
Para la ciudadanía, Porras, Curruchiche y Orellana comparten responsabilidad sobre la judicialización del proceso electoral, según las protestas que se desarrollaron a partir del 12 de julio pasado.
Los tres fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos al incluirlos en la Lista Engel, la cual agrupa a personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, señalados como supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
JUEZ NO PUEDE ORDENAR AL TSE
En ese sentido, el fiscal nacional de Semilla explicó que el juez Orellana no cuenta con el poder para ordenar al TSE, ya que el órgano electoral posee un rango constitucional. También señaló que hay procedimientos especiales para suspender la personería jurídica de un partido, y estos no son del ramo penal.
Afirmó que el tribunal electoral, por medio de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es el ente encargado de esos aspectos.
«El juez de forma maliciosa, abusiva y arbitraria aplica la Ley contra la Delincuencia Organizada para suspendernos como partido político y posteriormente pretender la cancelación del mismo», destacó sobre el actuar de Orellana.
Guerrero Garnica precisó en que «un juez de menor grado, que ni siquiera es magistrado, puede venir a ordenar al director del Registro de Ciudadanos, mucho menos a los magistrados del TSE qué deben de hacer. Los procedimientos los establece la LEPP».
En primera instancia, el registrador de ciudadanos se opuso al fallo del juez. De esa cuenta recibió amenazas en redes sociales por parte de integrantes de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo-Méndez Ruiz y Raúl Falla. Muñoz solicitó vacaciones en medio de los señalamientos, y a su regreso acató la orden del juzgador.
«Vemos un director del Registro de Ciudadanos que tiene miedo a ser perseguido penalmente y tiene miedo que su integridad física y la de su familia estén en juego. Bajo ese sentido, estoy seguro de que cedió a las presiones. Esa es la instrumentalización de la justicia, vemos a juzgados que están coludidos para deteriorar la justicia», contó.
NO SE RESPETÓ AMPARO
Para el 13 de julio, tras conocer el plan de la FECI, Semilla solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y esta instancia otorgó la protección de manera provisional al partido, e indicó que esta es vigente hasta que culmine el proceso electoral.
El caso fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dictó el amparo en definitiva días antes de la segunda vuelta electoral. De acuerdo con los magistrados del TSE, el proceso electoral finaliza el 31 de octubre próximo.
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Ante esta situación, durante la última semana de agosto Semilla presentó dos recursos legales. Un recurso de nulidad para que el TSE revoque lo dictado por Muñoz, y una debida ejecutoria del amparo ante la CSJ.
Con esto último se busca que dicha Corte establezca que se ha cometido un error por parte del RC al suspender a Semilla, ya que goza con una protección hasta el 31 de octubre.
Guerrero Garnica sabe que el camino para Semilla estará minado, pero si algo tiene claro es que todos los candidatos que fueron electos en los comicios podrán asumir su puesto en 2024, pese a la situación del partido.
«El amparo señala que se debe respetar el principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo que se da el próximo 14 de enero para binomio presidencial y diputados». Semilla ganó la Presidencia y sumó 23 diputados al Congreso de la República.
El fiscal nacional de la agrupación hizo hincapié en que Semilla es un partido que no pertenece a la «vieja política» y las acciones desesperadas en su contra provienen del status quo que «no quiere ceder a los privilegios aprovechándose del poder público».
