Por denuncia de Valor, MP extrae del TREP los resultados de las elecciones generales 2023

Diego España

Por una denuncia del partido político Valor, que impulsó la candidatura presidencial de Zury Ríos, agentes de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) ingresaron al Centro de Tecnología y Equipamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en el Parque de la Industria, en la zona 9 de la capital, para extraer información digital y copias en físico de las acta electorales que constan en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La información buscada por el órgano encargado de la persecución penal se produjo durante el conteo de votos de la primera ronda de las elecciones generales 2023.

Según los antecedentes, en horas de la noche del pasado 29 de junio, integrantes del partido y el abogado Jaime Hernández, quien es de confianza de la familia del fallecido general José Efraín Ríos Montt, denunciaron ante el MP supuestas “irregularidades encontradas el día de las elecciones que involucran serios delitos electorales”.

Eso consta en la nota publicada por La Hora el 30 de junio último, la cual se titula “Valor se suma al grito de fraude; denuncia a Juntas Electorales y digitadores”.

LA DENUNCIA

Lo anterior fue expuesto en un comunicado oficial de Valor del 29 de junio, el cual fue colocado en las redes sociales del partido. Sin embargo, el pronunciamiento fue eliminado con posterioridad, según verificó esta Redacción. El documento se encuentra en los archivos del medio.

comunicado
Comunicado partido Valor: Imagen La Hora/Valor

En la referida nota se detalló lo expuesto por Hernández, quien acudió al MP junto a Ingrid Bernat Cofiño, secretaria general del partido y quien fue electa como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacén).

El argumento de la agrupación, que consta en la denuncia, es que se considera que los miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y de la Junta Electoral del Distrito de Guatemala (JEDC) habrían incurrido en delitos, por lo cual se pidió a la Fiscalía iniciar una investigación.

Según Hernández, habría más de 1 mil actas electorales que supuestamente fueron alteradas, con lo cual consideró que se puede establecer el delito de falsedad ideológica con agravación electoral.

MP RECOPILA DOCUMENTOS

Ha pasado poco más de un mes de la primera ronda de los comicios, y falta poco más de una quincena para la segunda vuelta, y la Fiscalía contra Delitos Electorales ejecutó las referidas diligencias, en el salón 3 del Parque de la Industria.

El jefe de Información y Prensa del TSE, David de León, indicó que dicha fiscalía realizó la extracción de datos del sistema.

Posteriormente, el encargado del despacho de la Dirección de Informática, Jorge Santos, explicó que personal del TSE se encarga de entregar copias impresas de las actas número 4.

Para eso se descargó del sistema cada uno de esos documentos, y también se hizo la certificación correspondiente.

 

Tanto De León como Santos coincidieron al indicar que se desconoce cuánto tiempo tomarán las diligencias que lleva a cabo el MP, pero consideraron la posibilidad de que se desarrolle en varios días.

Miembros de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-EU) estuvieron presentes en las acciones de la fiscalía.

EL INICIO DE LAS ACCIONES

La denuncia de Valor surgió en medio de señalamientos de partidos inconformes con los resultados finales preliminares de la primera vuelta electoral, en la cual se posicionó a Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como los candidatos que para ese entonces disputarían la Presidencia en la segunda ronda presidencial programada para el próximo domingo 20 de agosto.

El TSE hizo oficiales los resultados electorales 17 días después de la primera vuelta de los comicios, debido a las acciones legales que fueron emprendidas por varias agrupaciones políticas.

El pasado 6 de julio, finalizó el proceso de revisión de los resultados electorales de los comicios del 25 de junio, un procedimiento que fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en una polémica resolución.

La revisión de los resultados electorales fue ordenada por la CC al otorgar un amparo provisional en contra del TSE a los partidos CAMBIO, Mi Familia, VALOR, VAMOS, Cabal, Azul, Podemos, Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Esas agrupaciones apoyaron la inconformidad con los resultados electorales, que empezó con Roberto González, aspirante a la municipalidad de Guatemala por CREO, y que quedó en segundo lugar, después del actual alcalde, Ricardo Quiñónez, por una diferencia de 522 votos.